En los últimos meses, el alperovichismo y el amayismo han protagonizado disputas por el territorio político. Esta vez, la polémica se originó por el territorio físico de la Capital.

Concejales que responden al intendente, Domingo Amaya, recibieron con preocupación la noticia de que el bloque oficialista de la Legislatura pretende incorporar a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán parte de las comunas de El Manantial y de San Felipe y Santa Bárbara. Sobre esa superficie está siendo edificado el complejo habitacional “Manantial Sur”, que tendrá 2.500 casas. Y a los ediles les inquieta que, a semanas de tratar el Presupuesto Municipal 2015, no tengan cifras ni datos para prever las erogaciones. 

Los parlamentarios alperovichistas sostienen que es necesario poner íntegramente ese barrio en jurisdicción de la Capital, ya que consideran que sólo de esa manera tendrán garantizados servicios urbanos como barrido, limpieza y alumbrado. La semana que pasó, integrantes del bloque oficialista Tucumán Crece elevaron el proyecto de ley, que será analizado mañana por la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, y que el martes sería tratado en sesión. 

“Con los límites actuales, los vecinos quedarán repartidos, y las comunas de El Manantial y San Felipe y Santa Bárbara no tienen capacidad de infraestructura para atender el mantenimiento de todos los servicios para 2.500 casas. Por eso, el objetivo es que todos pasen a ser dependientes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, advirtió el peronista José Gutiérrez, titular del grupo de trabajo que dará dictamen a la propuesta.

El texto propone modificar la Ley N° 5.530 (de Categorías y Límites de los Municipios del Interior), para ampliar el límite sur de San Miguel de Tucumán y reducir parte norte del Departamento Lules, en los sectores de San Felipe y Santa Bárbara, y de El Manantial.

Ayer a la mañana, el intendente Domingo Amaya y su equipo recorrieron Tafí del Valle y Amaicha, donde compartieron almuerzos y otros eventos.

Dos concejales alineados a ese espacio plantearon sus posturas, en diálogo con LA GACETA.

El amayista Christian Rodríguez sostuvo que, a título personal, le parece “una buena idea” incorporar las 2.500 viviendas a la Capital. “Pero esto tiene que estar acompañado de un acto de responsabilidad. Se debe actualizar el presupuesto del municipio teniendo en cuenta ese aspecto, porque se van a afrontar los servicios de iluminación, infraestructura, recolección de residuos, y estamos hablando de miles de familias. Es una decisión que debe ser bien estudiada”, analizó el edil. Luego remarcó un antecedente que lo preocupa. En 2011, se anexaron a la Capital cuatro barrios, también pertenecían a jurisdicción de la comuna de San Felipe y Santa Bárbara, y según Rodríguez ese incremento territorial no impactó en los fondos que recibe el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM).

Su “compañero”, el concejal José Franco, pidió que los legisladores oficialistas especifiquen qué impacto financiero tendrá este cambio en el mapa para la Capital. “No sabemos si el barrio tiene todos los servicios disponibles. Estamos haciendo parches, cuando en realidad se debería municipalizar a las grandes comunas”, planteó el alperovichista. Aclaró que, si la iniciativa va acompañada de una suba en los recursos que se dirige al DEM, no pondrán reparos. “El estudio del impacto debe hacerse antes de que tratemos el proyecto (de ordenanza) del Presupuesto, para saber cuál es el costo de traer un complejo habitacional con 2.500 familias. No sé cuántos habitantes tiene la ciudad de Trancas, por ejemplo, pero estamos hablando de muchas personas”, agregó Franco.

El radical José Luis Avignone se sumó a las críticas. “Es de una gran irresponsabilidad lo que estos legisladores pseudoperonistas pretenden hacer, ampliando el reino de la capital sin tener un estudio previo, sin haber consultado siquiera a la Junta Electoral Provincial. Que no nos sorprenda que el día de mañana, con la excusa de la cobertura de servicios, lleguen con el límite hasta Concepción”, ironizó el opositor.