Alumbrera no consigue de otras universidades lo que si consigue de la UNCA

La presión social contra Minera La Alumbrera va en aumento. Antes había sido el rechazo de una universidad del sur a recibir fondos de regalías. Ahora, diferenciándose de lo que hace la UNCA, la Universidad Nacional de San Martín rechazó firmar convenios de cooperación con la minera, debido a la presión de asambleas ciudadanas que se oponen al megaemprendimiento. Carta de Pérez Esquivel.
A los cortes de ruta y la detención de camiones con equipamiento para la empresa, se sumó ahora el rechazo de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín que preveía la prestación de "servicios educativos" y relevamientos por parte de la universidad en los departamentos de Andalgalá, Belén y Santa María.

Antes de ser votada, la renovación de los convenios fue suspendida hasta que la propia universidad realice un foro plural de debate sobre la explotación minera a cielo abierto y sus efectos contaminantes.

Bajo La Alumbrera es el mayor emprendimiento a cielo abierto de Argentina y uno de los más importantes del mundo, su gerente Julian Rooney fue procesado por la Justicia Federal por contaminación.

De hecho, este procesamiento fue uno de los motivos en los que se basó el pedido, a través de una carta abierta firmada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

A continuación la transcripción de la Carta Abierta de la UAC a la UNSAM

Señor Rector de la Universidad Nacional de San Martín

Lic. Carlos Ruta

"Por medio de la presente, los ciudadanos miembros de las asambleas abajo firmantes deseamos expresar nuestro más enérgico rechazo hacia las actividades y programas institucionales promovidos desde la Universidad Pública que, en concurso con los objetivos económicos de las empresas, se orientan a facilitar los procesos de extracción minero-metalífera a cielo abierto, desarrollando servicios sociales en las comunidades afectadas por dichos emprendimientos, en nombre de una pretendida "responsabilidad social empresarial".

Las asambleas ciudadanas repudiamos el convenio de mejoramiento educativo y capacitación docente que la Universidad Nacional de San Martín ha venido desarrollando con la empresa minera Bajo La Alumbrera en Andalgalá, Belén y Aconquija, provincia de Catamarca.

Asimismo, manifestamos nuestra condena moral por tratarse de una empresa denunciada ante la Justicia y cuyo vicepresidente, Julián Rooney, se halla actualmente procesado por la Cámara Federal de Tucumán como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, de acuerdo con la prueba aportada a la causa por el funcionamiento de dicho emprendimiento (Expte. Nº 47.958 – "González, Juan Antonio s/ infracción a la ley 24.051", Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 28-05-2008).

No estamos en contra de la minería. Jamás lo estuvimos ni lo estaremos. Sabemos que hasta el teclado que sirvió de medio para redactar estas palabras, fue fabricado gracias a la actividad minera; entre otros tantos miles de productos. Sí nos oponemos terminantemente, a la explotación minero metalífera a cielo abierto mediante la utilización de sustancias tóxicas.

Esta modalidad de explotación afecta la salud, contamina nuestros bienes naturales, desvía las aguas disponibles para la vida humana y la producción de acuerdo con los requerimientos exorbitantes del proceso extractivo, trastoca compulsivamente los entornos naturales y el desarrollo de las actividades productivas locales, vulnera los estilos de vida y las identidades culturales en los territorios y comunidades donde se localizan y/o producen sus efectos los emprendimientos.

El modelo inversor configurado aparece totalmente desvinculado de las expectativas de desarrollo de las sociedades donde se emplazan las explotaciones y no incorpora, como parte del proceso decisorio, la consulta social previa a las comunidades involucradas.

Las asambleas ciudadanas venimos exigiendo el cese de este tipo de explotación minera, que sólo produce saqueo y contaminación de nuestros recursos naturales, a los que consideramos bienes comunes. Como resultado de estas luchas, al día de hoy siete provincias argentinas han sancionado y promulgado nuevas leyes que prohíben la megaminería tóxica en sus jurisdicciones.

Consideramos que la Universidad Nacional de San Martín, en tanto Universidad Pública, debe defender el principio de la autonomía universitaria; una autonomía basada en la defensa de la libertad científica, cuyo fin es resguardarla de los espacios de poder, económico, político, religioso, entre otros.

Una concepción de la autonomía universitaria que sea indiferente a la intromisión de los diferentes poderes, o que, por ejemplo, no lleve a tomar recaudos con empresas y gerentes procesados penalmente, es sin duda una autonomía mal entendida, que revela una distorsión mayor del rol social de las Universidades Públicas.

En esta línea, las asambleas ciudadanas instamos a las universidades e instituciones del sistema científico y técnico a desarrollar un proceso de autorreflexión que de cuenta de la gran responsabilidad que le cabe al sector público en la promoción del bienestar de la sociedad vinculado a la profundización de los procesos democráticos y a la protección de los derechos de ciudadanía consagrados en nuestra Constitución Nacional.

Por todo ello, las asambleas ciudadanas exhortamos a la Universidad Nacional de San Martín, a declinar toda vinculación entre sus actividades propias y las que pueda requerir la empresa Minera La Alumbrera en el marco de sus objetivos corporativos".

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