Alumbrado: Otra polémica involucra a Conte

Miembros de una ONG harán una presentación ante el Concejo Deliberante manifestando su preocupación en torno al recambio de luminarias de sodio por las lámparas de mercurio que está realizando el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL) que preside el dirigente radical José María Conte, por considerar que "el transporte y disposición de estas sustancias peligrosas, de ninguna manera pueden ocuparse empleados municipales", sino que corresponde a "personal idóneo".
A través de un comunicado de prensa, representantes de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Mar del Plata (ALCALDER), anunciaron este lunes que harán en las próximas horas una presentación ante el HCD en relación a una nueva denuncia contra la obra de recambio de luminarias.

Según adelantaron, en su exposición darán cuenta de que "el recambio de las luminarias de mercurio por las luminarias de sodio se realiza por un Compromiso Internacional Ambiental firmado por la República Argentina, en función del Convenio de Estocolmo", pero, "cuando se anunció el convenio de transferencia de un subsidio del Estado Nacional al Municipio para el cambio de luminarias, a la que pomposamente se llamó ‘repotenciación del alumbrado público’ se soslayó que había que reemplazar luminarias que funcionan con gas de mercurio por otras con gas de sodio, señalando solamente que las de sodio mejoraban la luminosidad". "Esto así expresado es una falsedad, ya que hay que reemplazar las lámparas de mercurio en cumplimiento del Convenio de Estocolmo por los COPs (Compuestos Orgánicos Persistentes) y el mercurio es uno de los 12 elementos a reemplazar. Claro, todo lo que deberíamos estar preguntándonos es ¿cómo es la gestión de las lámparas de mercurio retiradas? ¿A dónde van? ¿Cuáles son los nuevos recaudos para el retiro y la disposición final de las mismas?", remarcaron.

En ese orden, sostuvieron que "es por esta razón y no por otra que el Gobierno Nacional envió las partidas presupuestarias pertinentes, las que al momento ya se encontrarían agotadas, porque el gobierno municipal habría malgastado o utilizado indebidamente las mismas, y sólo se cubrieron una parte de las obras que con dichas partidas, como ocurrió en Batán, Sierra de los Padres y Camet".

"Por esta razón –aseveraron- gobierno municipal del intendente Pulti, para poder arribar al cumplimiento del convenio firmado con el gobierno nacional, tendría la imperiosa y/o casi desesperada necesidad de cobrar esta obra al resto de los barrios, para quienes la distribución de la partida girada por el gobierno nacional no resulta entonces equitativa. Estos vecinos son los mismos a los que este gobierno comunal les incrementó la tasa de impuestos por servicios urbanos en más de 200% desde diciembre del 2007".

"La población en general desconoce el alto grado de toxicidad del gas de mercurio, y que el transporte y disposición de estas sustancias peligrosas, es regulado por la provincia de Buenos Aires. El mercurio puede permanecer por mucho tiempo en la atmósfera antes de depositarse, ocasiona una amplia gama de efectos sistémicos en humanos (riñones, hígado, estómago, intestinos, pulmones y una especial sensibilidad del sistema nervioso), aunque varían con la forma química. Los microorganismos convierten el mercurio inorgánico en metilmercurio, una forma química muy tóxica, persistente y bioacumulable y que, además, se absorbe fácilmente en el tracto gastrointestinal humano; y 50 millones de lamparitas producirán 250 kilos de mercurio", subrayaron.

En consecuencia, desde ALCALDER enfatizaron que "esta tarea de ninguna manera puede realizarla el Municipio ni sus empleados municipales, salvo que autoridades ambientales competentes en la materia así lo hayan autorizado. Y si esto es así, ¿cuál es protocolo ambiental que acompaña el convenio?",

A su vez, se preguntaron "¿Esta autorización fue visada y autorizada por el HCD? En caso de siniestro, ¿quién responde por la salud de los trabajadores municipales? ¿Otra vez el erario público municipal? ¿Dónde y cómo se disponen las lámparas de mercurio que se retiran de la vía publica? ¿Esta disposición de materiales tóxicos se realiza dentro del Partido de General Pueyrredon?".

"Si esta denuncia responde a la realidad -desde nuestra ONG creemos que sí-, entendemos que de esta obra debería hacerse cargo íntegramente el gobierno nacional, aún en lo que se refiere a la disposición de materiales tóxicos", indicaron.

Por otra parte, desde la entidad afirmaron que "es sabido que, en materia de alumbrado público, nuestro Municipio no paga el consumo eléctrico en función de cantidad de KW consumidos, sino por cantidad de luminarias existentes. ¿Qué queremos decir? Que de acuerdo a como nuestro Municipio tiene ordenados sus gastos en cuanto al consumo eléctrico del alumbrado publico, este recambio no le genera ningún beneficio".

"Se nos obliga a los ciudadanos argentinos (por Ley 26473), en forma totalmente contradictoria y solapada, al recambio de las lamparitas comunes o filamento, por las de ‘bajo consumo' que también contienen gas de mercurio, y cuya altísima toxicidad puede llegar a provocar la muerte de una persona, no ha sido aclarada por los representantes ni del gobierno ni por nuestros Diputados o Senadores. Ley que carece del protocolo de disposición final del material toxico que importan las mismas".

"La Ley 26.473, sancionada por unanimidad por el Congreso Nacional, prohíbe a partir del 31 de diciembre de 2010 la importación y comercialización de lámparas incandescentes de uso residencial general en todo el territorio de la República Argentina. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Planificación, implementó en enero de 2008 un programa para el recambio de lámparas incandescentes por las de bajo consumo, en el marco de su Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), uno de cuyos objetivos es ahorrar energía domiciliaria para redistribuir a sectores productivos. A más de un año de esa iniciativa, las distribuidoras de energía eléctrica y las Cooperativas Eléctricas en forma conjunta con los municipios, canjearon 5.200.000 lámparas en 2.600.000 hogares, y otras 300.000 se recambiaron en edificios de la administración pública nacional", agregaron.

Y repararon en que "el Poder Ejecutivo Nacional podrá además dictar las medidas tendientes a facilitar la importación de lámparas de bajo consumo, sus partes, insumos, componentes y/o equipamiento necesario para su producción, reduciendo o liberando de gravámenes y tributos de importación. Esta última disposición de la Ley es aún más incongruente y escandalosa, en relación a lo pactado por el Gobierno Nacional a través del Pacto de Estocolmo, vigente en la Argentina desde el año 2004, ¡que prohíbe su importación!".

"Hoy, por el compromiso contraído a través del tratado de Estocolmo, se retiran las lámparas de mercurio de la vía pública con slogan mentirosos, pero tenemos el mismo gas venenoso y letal dentro de nuestras viviendas, ordenado por la Ley 26473", sentenciaron.

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