Es alto el nivel de clientelismo en varios programas sociales

Así surge de un estudio estadístico sobre 4.891 demandas iniciadas. Los denunciados son los coordinadores de los planes, pero también figuran ediles y los intendentes.

Siempre existió la sospecha de clientelismo en la gestión de programas sociales, aunque hasta ahora nadie había hecho un estudio serio sobre el manejo de los planes y las responsabilidades de los autores comprometidos en la entrega de estos beneficios pensados para luchar contra la pobreza. “Las prácticas clientelares en la gestión de programas sociales contra la pobreza son mucho más que un simple intercambio de favores por votos. Se trata más bien de prácticas extorsivas permanentes, en las cuales participan y se articulan diversos actores políticos con diferentes estatus, para llevar a cabo múltiples acciones en las distintas etapas de la gestión de los programas sociales. Desde la exigencia de dinero, hasta el pedido de servicios personales, como servicio doméstico, y la exigencia de participar en marchas y actos políticos protagonizados por coordinadores y funcionarios municipales”.

Estas conclusiones pertenecen a los investigadores Christian Gruenberg y Victoria Pereyra Iraola del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) que concentra sus esfuerzos en analizar y promover políticas públicas que fomenten la equidad y el crecimiento.

El trabajo trascendió a pocos días de anunciarse un aumento de dos mil millones de pesos para Desarrollo Social. (Ver Dos mil millones…). En Misiones hay 15.000 beneficiarios de planes sociales.

Néstor Solís, Gerente de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, dijo en esta ciudad que “todo lo que es la gestión del programa Jefes y Jefas de Hogar durante todo este tiempo ha tenido una baja considerable de más del 60% en los últimos años”.

Esto ocurrió porque se implementó un conjunto de herramientas desde el Ministerio de Trabajo “como para poder incorporar esa masa al mercado de trabajo”.

Justamente el Gerente de Empleo asistió a la convocatoria que hizo la Municipalidad de Posadas para hacer entrega de micro emprendimientos del Ministerio de Trabajo de la Nación por 295 mil pesos para distintos emprendimientos.

Desde Ministerio de Bienestar Social de la provincia sostienen que “combatir el clientelismo político está enmarcado entre unos de los principales fines de las tarjetas magnéticas” entregadas a unas 33 mil familias de Misiones y cuyos fondos serán acreditados desde hoy. Aclaró el ministro Joaquín Losada que su dependencia, no tiene injerencia directa con estos planes sociales como el Plan Familia y que sus intervenciones para estos casos son más bien de carácter educativo.

Los planes en la mira

La investigación del CIPPEC se basó en un estudio estadístico sobre 4.891 denuncias de clientelismo político ocurridas durante el período 2002-2007 en la gestión del Plan Jefes y Jefas de Hogar, luego convertidas en Plan Jefas y el Plan de Empleo Comunitario (PEC). Es que el citado plan, comenzó a gestionarse a principios de 2002 como respuesta a la inclusión social para más de dos millones de mujeres y hombres, afectados por una crisis sin precedentes en el país. Brindaba un subsidio de emergencia, y los beneficiarios debían realizar contraprestaciones que podían incluir su formación.

Los investigadores trabajaron en base a una muestra aleatoria simple de 448 denuncias, la cual fue analizada cuantitativamente y a través del análisis cualitativo en profundidad de cada uno de los expedientes contenidos en la muestra. Analizaron a partir de los datos de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Seguridad Social (Ufises) que recibe denuncias de delitos sobre el sistema previsional y delitos en programas sociales administrados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

“Existe un importante subregistro de casos que no son denunciados y que, por lo tanto, permanecen ocultos y fuera del sistema judicial”, aclararon.

A pesar de estas limitaciones, estimaron que la incidencia del clientelismo en la gestión de ciertos programas sociales en la Argentina es alta. Según los datos de la última encuesta de percepción, 88% de los entrevistados manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que “los planes sociales son usados políticamente”.

La mayor tasa de denuncias, en cambio, se localiza en la etapa de control del cumplimiento de la contraprestación laboral.

Los involucrados

Los datos presentan una gran diversidad de actores involucrados en las prácticas clientelares. Un 67% de las personas denunciadas son coordinadores del plan, confirmando así el papel estratégico jugado por los coordinadores por ser quienes mantienen una relación directa y cotidiana con los titulares a través del control de los registros de asistencia.

Los datos también identifican a una pluralidad de actores políticos locales relacionados directa o indirectamente con el Poder Ejecutivo y Legislativo municipal: concejales (1,23%), empleados municipales (9,88%), intendentes (2,96%), municipalidad (2,72%). La sumatoria de esta diversidad de actores locales representa 17,28% del total de las denuncias.

Obtienen beneficios bajo amenazas

La mayor tasa de denuncias está asociada con la extracción de un porcentaje del subsidio, las amenazas y la contraprestación irregular y denuncias por acoso sexual. Ésta última se caracteriza por presentar un importante subregistro de denuncias, ya que muy pocas víctimas de violencia sexual presentan la denuncia por temor a ser revictimizadas. La mayor tasa de denuncias (69,42%) se concentra en las marchas políticas y piquetes como principal práctica de contraprestación irregular, bajo amenaza de perder el subsidio. Los otros dos tipos de contraprestación irregular más comunes están asociadas con los negocios privados y el espacio doméstico, cuando son obligadas a trabajar para un tercero en una actividad privada (10,74 %) o son obligadas a trabajar en el servicio doméstico en el caso de las mujeres, y como albañiles o jardineros, en el caso de los varones (11,57 %). “Las marchas y piquetes implican la politización partidaria de los programas sociales contra la pobreza, los negocios privados y el trabajo en el espacio doméstico como contraprestación laboral representan, lisa y llanamente, la privatización de los programas públicos”, sostienen los investigadores del CIPPEC.

Dos mil millones de pesos más para los planes

POSADAS. La semana pasada se anunció un aumento de dos mil millones para Desarrollo Social, el paquete de programas correspondiente al período 2009-2011 incluye mejoras para el Plan Familias, el Plan Alimentario Nacional y la creación y financiamiento de más de mil cooperativas.

El Plan Alimentario Nacional, permite comprar alimentos a través de una tarjeta. Según Desarrollo Social, en septiembre de 2008 alcanzaba a 1.400.000 personas. Ahora se aumentará el monto destinado a esa iniciativa en un 50 por ciento para los sectores de mayor vulnerabilidad y en un 30 por ciento para el resto de los beneficiarios. A su vez, la suba del presupuesto se destinará a mejorar la vida de los seis millones de personas que reciben el Plan Familias, a las 1.400.000 que reciben el Plan Alimentario y 20 mil personas que podrían obtener empleo a través de las cooperativas. En el país, hay unos seis millones de beneficiarios de los cuales cuatro millones son niños que reciben el Plan Familias. A partir de marzo, esos beneficiarios recibirán un aumento del 50 por ciento en el monto del adicional por hijo. Así el beneficio pasará de $ 30 a 45 pesos en la actualidad.

En la provincia buscan revertir con el cierre de los comedores

POSADAS. Combatir el clientelismo político está enmarcado entre unos de los principales fines de las tarjetas magnéticas entregadas a unas 33 mil familias de Misiones, sostuvo Joaquín Losada ministro de Bienestar Social de la provincia.

Los beneficiarios tendrán acreditados los fondos desde este martes en Posadas y desde el viernes en todo el interior. Serán alrededor de 3,5 millones de pesos por mes destinados por la provincia, para este programa alimentario.

El proyecto que se extiende a todo el país fue impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social que puso en marcha el nuevo mecanismo del programa Alimentario.

Los beneficiarios, en lugar de los comedores o cocina centralizada o los tickets, reciben una tarjeta magnética prepaga cuyos montos oscila en algunos casos en 80 pesos mensuales, según reciban o no otro plan. Dichas tarjetas les permiten usar en los comercios adheridos únicamente para adquirir alimentos.

La tarjeta es perdurable y registrará el día de compra, los productos adquiridos, el precio que cada beneficiario paga por ellos y el saldo que le resta por consumir.

Se les acreditarán a todos los beneficiarios, todos los meses y se podrá utilizar en todos los comercios adheridos al sistema. En Posadas ascenderá a 13.000 la cantidad de beneficiarios y 20.000 familias. “El modelo de comedores en muchos lugares no funcionó adecuadamente”, sostuvo el funcionario al fundamentar el cambio de asistencia alimentaria.

Lo que aún se mantienen son los comedores escolares que en muchas localidades, siguieron funcionando en vacaciones. A fines de enero más el Gobierno provincial afectó la suma de 3.427.978 pesos para el programa “El hambre más urgente”. Losada considera que la implementación de las tarjetas, representa el camino para terminar con el clientelismo.

“Primero alejamos a los compradores de mercaderías y por otra parte dejamos de ser proveedores, porque las acreditaciones se disparan automáticamente a favor de los beneficiarios, porque la gente no es rehén de nadie”, sostuvo el funcionario. Al depurar el padrón se encontraron que usaban los comedores comunitarios beneficiarios que tenían trabajo estable con ingresos superiores a los mil pesos y fueron sacados de la lista para ingresar a otros más necesitados.

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