El alperovichismo cambia otra vez la política sobre residuos.

El alperovichismo cambia otra vez la política sobre residuos.
Ya cuenta con dictamen un proyecto del oficialismo sobre el manejo de la basura que devuelve la competencia a intendentes y a comisionados.
El Gobierno quiere trasladar a los intendentes y a los delegados comunales la responsabilidad por la disposición final de la basura. Hasta ahora, la competencia sobre el tema corre por cuenta del Poder Ejecutivo, desde que en 2005, se aprobó la Ley 7.622.

Bajo esa premisa, un grupo de legisladoras oficialistas presentó un proyecto de ley para derogar la actual normativa (7.622) y establecer la transferencia de responsabilidades. La gestión por los residuos sólidos urbanos ha sido históricamente un caso que generó fuertes polémicas. Inclusive, otrora, hubo controversias entre municipalidades por la negativa a habilitar un predio destinado a convertirse en un basural.

Entre 2004 y 2005, la capital buscaba un predio para la disposición final de los residuos. En aquel momento, el intendente, Domingo Amaya, compró un predio de 14 hectáreas en Los Pocitos. Sin embargo, los vecinos de Tafí Viejo y las autoridades pusieron el grito en el cielo para impedirlo. El tema derivó en que el Concejo Deliberante taficeño aprobó una resolución -aquella vez- para rechazar la intención de la capital. También los productores citrícolas rechazaron la idea para resguardar sus plantaciones.

En octubre de 2004, la polémica creció tanto, que el gobernador, José Alperovich, decidió hacerse cargo del tema. Desechó el predio de Los Pocitos y firmó un contrato con Mario Criado para llevar los residuos a Pacará Pintado, que sigue siendo hasta ahora el lugar de destino final de la basura. En agosto de 2005, los legisladores alperovichistas aprobaron una ley que cambiaba las reglas de juego al determinar que la responsabilidad sobre la gestión de la basura recayera en el Poder Ejecutivo. Esa ley (7.622), fue promulgada el 14 de septiembre de 2005 por el mandatario provincial.

Ahora, el Gobierno pretende dar marcha atrás y devolver la responsabilidad a los intendentes y a los comisionados rurales como había sido hasta fines de 2005.

La nueva propuesta, fue encabezada por la legisladora Carolina Vargas Aignasse y acompañada por Miriam Gallardo (esposa del intendente de Lules, César Dip), Adriana Najar (esposa del intendente de Las Talitas, Sergio Morghenstein), y Beatriz Bordinaro de Peluffo (consuegra del intendente de Concepción, Osvaldo Morelli) y María Alejandra Cejas (esposa del intendente de Graneros, Roque Graneros).

Además, el dictamen de comisión fue avalado por los legisladores Gregorio García Biagosch y Sisto Terán. Este último, paradójicamente, había sido uno de los impulsores, en 2005, de que la responsabilidad quedara en manos del Estado provincial.

El artículo 5 del nuevo proyecto es el que abrirá la polémica. “La gestión integral de los residuos sólidos urbanos es competencia de los municipios y comunas rurales en sus respectivas jurisdicciones, siendo responsables de la prestación del servicio en todas sus etapas”, dice el texto de la iniciativa.

La responsabilidad sobre la gestión de la basura es un tema urticante; sobre todo si se tiene en cuenta que en la Justicia Federal se tramitaron varias causas en la que, incluso, hubo procesamientos contra ex intendentes por la contaminación ambiental.

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