Alperovich reiteró: no quiere abogados seleccionando jueces

“No pueden ser arte ni parte en esto”, dijo el Gobernador, confirmando su postura contraria a la posibilidad de que el Colegio de Abogados participe en la designación de magistrados subrogantes.
El gobernador José Alperovich se encargó de "calentar" el clima previo a la audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia, para que el Poder Ejecutivo y el Colegio de Abogados de Tucumán (CAT) busquen una salida amigable al conflicto por la selección de magistrados, en el marco de la causa que derivó en la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Carta Magna 2006.

"No pueden ser arte ni parte en esto", subrayó ayer el Mandatario, confirmando que el Gobierno no aceptará la posibilidad de que la institución colegiada participe del proceso para la cobertura de las vacantes producidas en la Justicia como consecuencia de la jubilación de varios magistrados (hasta el momento suman 18), seducidos por el beneficio del 82 por ciento móvil.

Para que no queden duras de su postura, el titular del PE disparó: "Mantengo la idea que el Colegio de Abogados, que son los que litigan, no pueden poner jueces, no pueden ser jueces y partes, si no sería muy fácil el tema (sic)".

Cabe recordar que hace un par de semanas el CAT elevó una nota al Superior Tribunal de Justicia solicitando que la entidad participe activamente en la selección de los jueces subrogantes, una vez que se establezca un mecanismo para tales efectos.

El Primer mandatario provincial confirmó que será el fiscal de Estado, Pedro Giúdice, quien representará los intereses del Gobierno en la reunión que el Tribunal llamó para mañana, a las 10.00, en el Palacio de Justicia.

"Vamos a escuchar la propuesta de la Corte y la analizaremos", sostuvo Alperovich, en diálogo con la prensa, tras supervisar obras en la ciudad Capital.

La convocatoria

La invitación al diálogo formulada por el titular de la Corte, Antonio Gandur, tiene por objeto sentar a las partes en una mesa de diálogo para que alcancen un acuerdo amigable y así evitar que la causa por la reforma termine en la Corte Suprema de la Nación, como pretenden tanto el PE como el CAT.

En este sentido, es oportuno aclarar que la propia Corte local ya emitió un fallo en el juicio iniciado por la entidad colegiada, declarando inconstitucionales los artículos que disponían la integración de un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) como método para la selección de jueces y el que imponía un mecanismo de futuras reformas a la Carta Magna mediante simples enmiendas legislativas. Además, el Tribunal rechazó el pedido del CAT para que también se declare nulo el punto de la Constitución que dispone la conformación de un Jurado de Enjuiciamiento.

Por este motivo, las partes presentaron sendos recursos federales extraordinarios, en el afán de que el Máximo Tribunal de la Nación, en última instancia, revise la sentencia de los jueces supremos tucumanos. Previamente, éstos últimos deberán resolver si hacen lugar o no a las apelaciones deducidas y giran el expediente a la Capital Federal, lo cual es muy probable, toda vez que las partes parecen decididas a no ceder en sus reclamos.

Sin consenso

En este sentido, el secretario del CAT, Francisco García Posse, admitió que "no hay nada que consensuar (en la audiencia de mañana), dado el estado del juicio, donde ya hay una sentencia de la Corte".

El letrado aclaró que "esto implica que se pueda hablar de cuestiones que van más allá de la causa", tras lo cual lamentó el hecho de que "no esté nada claro para qué se convocó a esta audiencia. Hubiera sido oportuno que la corte especifique qué temas se tratarán, porque sin esa información ni siquiera se puede decir si el llamado puede resultar en algo positivo o no", agregó.

García Posse consideró que "cualquiera sea la propuesta que surja de esta audiencia, ya sea con un acuerdo entre las partes o con la decisión de proseguir con el juicio enviando el expedienta a la Corte Suprema de la Nación, no se puede dilatar más la resolución del caso. Debe salir una solución urgente, porque de lo contrario se afectará de manera crítica la administración de justicia", explicó.

Por otro lado, el secretario del CAT opinó que la audiencia de mañana "debería ser pública o, por lo menos, contar con la presencia de los medios de prensa, para garantizar que la sociedad conozca sus alcances. No hay nada que esconder, por lo menos de parte nuestra, y sería saludable que los tucumanos puedan presenciar la reunión", añadió.

A la hora de justificar el pedido, García Posse recordó que hay un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que especifica que todas las audiencias deben ser públicas, salvo que el Tribunal, por disposición fundada, disponga lo contrario. Por otro lado -agregó el abogado-, la Corte de la Nación vienen llevado adelante un sistema en el cual, en casos de interés colectivo o de trascendencia social, llama a audiencias públicas, como hizo en la causa por el Riachuelo".

En manos de la Cámara

El ex fiscal anticorrupción y actual legislador provincial Esteban Jerez (Ciudadanos Contra la Corrupción), dijo a este diario que al margen del resultado de la audiencia que mantendrán mañana el PE y el CAT, "la solución a la falta de un sistema para la cobertura de vacantes en la Justicia está en manos del Parlamento".

En este sentido, recordó que "hay antecedentes y normas que indican claramente cual es el camino a seguir, empezando por la Constitución nacional, que establece que quienes subrogan deben cumplir con el requisito de ser jueces, postulado que fue ratificado por la Corte Suprema de la Nación en varias sentencias. Con estas directrices los legisladores nos tenemos que poner a trabajar y sancionar una Ley de Subrogancias, que, por otro lado, es lo que pidió la Corte de la Provincia en el fallo que declaró inconstitucional el artículo del CAM", concluyó.

Por Fabián López

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