A partir de 2011, el gobernador de la arremetida constante debió resignarse a pasar largas horas al día protegiéndose, arrinconado por los conflictos que se le abalanzaron súbitamente. Todos, básicamente, derivados de un mismo embrión: su imposibilidad de ser reelecto en el cargo. Es a partir de la propia política -que durante ocho años lo arropó- que se precipitó su caída. Alperovich no lo entendío así, y puede pagar hasta el último día de su mandato por ello.

Desde la lucha patoteril con el gremio bancario hasta la vergüenza nacional del crimen impune de Paulina Lebbos, cada acción del Gobierno muestra impericia, soberbia y desorientación. El alperovichismo es, literalmente, un manojo de nervios e impulsos. El gobernador optó por bajarse al barro del golpe por golpe con Carlos Cisneros cuando puso a Armando Cortalezzi al frente de la Caja Popular de Ahorros. Resignó institucionalidad y privilegió una pelea de suburbio. Hoy sufre por eso. La Caja se convirtió en un refugio de punteros con la finalidad de contrarrestar la violencia endémica del sindicato. Ni aún así pudo doblegarlos. Ahora, tras el último escándalo de represión que lo hizo noticia nacional otra vez, Alperovich baja la cabeza ante las presiones de la Casa Rosada y el futuro de Cortalezzi pende de un hilo. Nadie garantiza que pueda sostenerlo después del jueves, cuando miles de bancarios protesten en la plaza en su contra.

El alperovichismo también trastabilla por el caso de Paulina Lebbos, pero ni siquiera en esa condición ofrece señales de que nada lo ata al fiscal Carlos Albaca. Contrariamente, el cuestionado funcionario goza de una paciencia que el oficialismo no tuvo para con los jueces del caso Verón. El Gobierno es consciente de que ya no tiene margen para la parsimonia y el titubeo frente a la sensación de protección política que envuelve al caso de Albaca. Por eso, aunque más por conveniencia que por convicción, es casi un hecho que la comisión de Juicio Político finalmente correrá traslado a la demanda en contra del fiscal este jueves.

De todas formas, no hay elementos concretos para suponer que la acusación contra el fiscal tendrá un trámite rápido. Principalmente, porque el Jury de Enjuiciamiento diseñado por este Gobierno en la reforma constitucional de 2006 jamás debutó. Iba a hacerlo el año pasado, para liquidar la carrera de Eduardo Romero Lascano, el único juez del caso Verón que no pudo jubilarse. Pero el magistrado viene esquivando la guillotina a partir de la judicialización de los actos de integración del Jurado de Enjuiciamiento. De ese pleito, hoy en manos de la Corte de la Nación, ya tomó nota el fiscal Albaca para la tormenta que se le avecina. También de que, en el supuesto de que la mayoría oficialista decida acusarlo, el Jurado se activará rengo porque su presidente, el vocal Daniel Posse, deberá excusarse: él fue uno de los que votó por denunciar al fiscal ante la Legislatura.

El Jury, un órgano pergeñado por el poder político para depurar la Justicia, tiene vicios de construcción difíciles de enmendar sin una cirugía mayor. Por eso sus integrantes, en la reunión de la semana pasada, comenzaron a bosquejar un proyecto de ley para activarlo. Una de las posibilidades es que la comisión de Juicio Político tenga facultades para solicitar al Jurado la suspensión de un funcionario judicial mientras dure la investigación en su contra. Una medida que, en casos como el de Albaca, hubiera servido para dar un poco de transparencia entre tanta sospecha.