“Haremos lo que diga la Justicia”. El gobernador, José Alperovich, se refirió así a la presentación que el PRO efectuó en la Justicia para frenar la aplicación del llamado “voto joven”. En 2012, el mandatario había pedido a la oposición que no judicializara la norma que permitiría votar a los jóvenes de 16 y 17 años, si así lo desearan, en elecciones provinciales. 

Los representantes del macrismo provincial, sin embargo, vienen accionando en los Tribunales contra la disposición desde entonces, cuando fue aprobada en la Legislatura. Sucede que la Cámara modificó, mediante la Ley 8.532, el Código Electoral Provincial. La Constitución tucumana, por otro lado, subraya como 18 la edad a partir de la que los ciudadanos son electores. 

El presidente de la asamblea provincial y apoderado del PRO, Arturo Forenza (h) había explicado que se encuentran en juicio tras la presentación de una acción declarativa de certeza. “Una ley inferior no puede modificar lo dispuesto por la Constitución de la Provincia”, remarcó. En el contexto de ese proceso es que presentó hace algunos días una medida cautelar para que se suspenda la vigencia de la norma hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (la inconstitucionalidad). Requirió que los comicios provinciales de agosto se desarrollen bajo las disposiciones de la Ley 7.876, antes de ser modificada. El caso está en la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (Ebe López Piossek y Sergio Gandur).

Al ser consultado por LA GACETA, el constitucionalista Luis Iriarte había manifestado no tener dudas de que la norma era inconstitucional. 

En octubre de 2012, por impulso de la Casa Rosada, el Congreso había aprobado el denominado “voto joven” (Ley Nacional Nº 26.774). Ese mismo mes, la Legislatura tucumana se sumó con un proyecto similar. Desde entonces, sin embargo, no se habían renovado los puestos de la administración local.

Por lo tanto, en agosto sería la primera vez que los chicos de 16 y 17 concurrirían al cuarto oscuro.