Pese a que los cambios a la Ley Impositiva de la Provincia propuestos por el Ejecutivo y que serán aprobados este miércoles por el oficialismo legislativo contemplan un incremento en las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos para casi 400 actividades productivas, el gobernador José Alperovich aseguró ayer que "no es una ley recaudatoria".

En declaraciones a la prensa, durante una actividad oficial, el titular del Poder Ejecutivo justificó el paquete de normas tributarias, orientadas a fomentar la industria local, que envió a la Cámara para su tratamiento en la sesión prevista para hoy, a partir de las 17.00.

"Quiero aclarar que no es una ley recaudatoria. Sólo favorecerá a las empresas radicadas en la provincia y promoverá la instalación de nuevas", explicó el Mandatario, en alusión al proyecto por el cual las industrias y productores instalados en Tucumán pagarán alícuotas de Ingresos Brutos de entre un 1,4 por ciento y un 1,8 por ciento; mientras que aquellas que tienen base en otras jurisdicciones y que comercializan nuestra provincia abonarán un 3,5 por ciento. "Se están subiendo los impuestos a las industrias que no fabrican en Tucumán", insistió Alperovich, quien dijo que con esta medida, que regirá a partir de enero de 2013, "aumentaría muy poco la recaudación" y, en cambio, "sí serviría para que se instalen más empresas en Tucumán y den más mano de obra".

De todas maneras, estos cambios en la normativa tributaria generan preocupación entre el empresariado tucumano, por considerar que implicará un incremento de costos que terminará afectando negativamente la rentabilidad del sector, en medio de una creciente baja en las ventas.

También es oportuno resaltar que, a partir del paquete de leyes tributarias que se apresta a sancionar la Cámara, el Poder Ejecutivo estará autorizado a determinar las subcategorías de inmuebles urbanos y rurales para el pago de tributos, dando así el primer paso hacia a un futuro "impuestazo" masivo.

Los fondos de la Caja

Otro de los temas que abordará el Parlamento en la sesión de esta tarde es el proyecto que prevé facultar al Ejecutivo a acceder a los fondos de garantía de seguros inmovilizados de los que dispone la Caja Popular de Ahorros (CPA), por un monto que alcanzaría los 170 millones de pesos, para cubrir obligaciones salariales de la Administración Pública.

El legislador justicialista Sisto Terán, reconoció que ese dinero no será utilizado para saldar la segunda parte del sueldo anual complementario de los empleados públicos, en diciembre próximo, como había asegurado el propio gobernador Alperovich al anunciar el envío del proyecto a la Legislatura.

"El pago del medio aguinaldo está garantizado, las medidas de las que estamos hablando, cualquier efecto que tuvieren, será siempre prácticamente posterior", expresó el parlamentario alperovista, quien precisó que ese dinero serviría "para prepararnos un poco a lo que será el mes de marzo, cuando se inicie la nueva paritaria salarial".

En declaraciones al programa Los Primeros, Terán aseguró que "preocupa muchísimo el tema de la discusión salarial, porque uno no puede sine die (sin plazo, sin fecha) aumentar sus gastos y disminuir sus ingresos, llega un punto en que las cosas chocan. Por lo tanto, nosotros tenemos que lograr aumentar los ingresos y mantener los gastos en idéntica paridad, para que cualquier incremento salarial que se pactara el año que viene no quede superior al nivel de aumento de ingresos", argumentó.

Terán agregó que si la ecuación no llegara a proyectase en tal sentido "a la corta o a la larga tendríamos problemas. No será fácil por el año electoral, donde habrá presión de los distintos sectores, la responsabilidad de gobernar es del oficialismo por lo que trataremos de estar a la altura de las circunstancias", remarcó.

Destacó también que Tucumán es una de las cuatro o cinco mejores provincias administradas de la Argentina y de mayor seguridad en el cumplimiento de todas sus obligaciones de gastos corrientes, por lo que el nivel de preocupación no se daría en el corto plazo.

"Sí en lo mediato, porque de subsistir el rojo en las cuentas nacionales a lo largo de muchos meses y de incrementarse el esquema de gastos a través de paritarias salariales, en algún momento la crisis nos va a alcanzar", reconoció.

Malestar y aclaraciones

En lo que hace a la disputa que se generó entre el Gobierno y la Asociación Bancaria (AB) por el uso de los fondos de la CPA, el legislador alperovista adujo que "es una discusión que cobró ribetes políticos exagerados, ya que se trata de una simple sustitución de garantía. Es un tema bastante sencillo y fácil que no debía haber generado la controversia que se generó, pero lo que ocurre es que hay ingredientes políticos que vienen de larga data que generó algún movimiento de zozobra".

Justamente, trascendidos dan cuenta de un profundo malestar de parte de los 32 gerentes de la CPA contra la intervención del organismo (a cargo de Eduardo El Eter) por el manejo que se montó alrededor de este tema.

En tanto, la AB se declaró en estado de alerta y movilización, y ayer realizó una panfleteada denunciando un intento del Gobierno de vaciar la CPA. “La Caja es de todos los tucumanos, no es el banco NOAR”, decían los papeles que el gremio diseminó en el centro de la ciudad. El gremio que conduce Eduardo Bourlé advirtió que recurriría a la Justicia para frenar la utilización de esos fondos por parte del Gobierno.

No se puede tomar crédito

Una de las dudas que plantearon desde la oposición radicaba en los motivos por los cuales el Gobierno, en lugar de echar mano a los fondos de la Caja, no hacía uso del crédito por hasta 400 millones de pesos que la Legislatura le autorizó a contraer en mayo último.

A propósito, Terán realizó una aclaración reveladora: “En estos momentos, todo lo que tiene ver con operaciones crediticias garantizadas con coparticipación federal, por más que estén habilitados por las legislaturas, en la práctica están siendo frenadas por el Gobierno nacional lo que impide la posibilidad de que las provincias contraigan empréstitos para pagos de gastos corrientes".

En este sentido, insistió en que "aunque haya autorización, podemos llegar a tropezar con el esquema de garantía de coparticipación porque la Nación no está autorizando este tipo de operaciones. Este motivo hace que esta herramienta que teníamos en previsión (por los 400 millones) ha quedado en suspenso hasta nuevo aviso", dijo.

Terán también salió al cruce de quienes advierten sobre una mayor carga fiscal a través del incremento en las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos para algunas actividades económicas (al respecto se pronunciaron tanto la Federación Económica de Tucumán, como el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas y la Sociedad Rural).

"Cuando yo siento hablar de inseguridad jurídica, es un concepto equivocado porque todas las determinaciones normativas en materia tributaria se toman por ley, con todos los pasos y procedimiento correspondientes", dijo el alperovista.

Terán les respondió a los opositores que señalan una mala administración de los fondos públicos por parte del PE. "Es muy difícil que haya votos de la oposición en estos temas porque la preocupación del pago de los salarios, las finanzas públicas y de la administración del Estado, no es de ellos, sino nuestra", disparó. Y agregó, que "nunca en la historia de Tucumán se ha dado que durante 11 años se pagara todo al día, donde ser acreedor del Estado fuese una tranquilidad porque se cumplió con todas las obligaciones. La oposición puede hacer cualquier tipo de alocución intelectual o intelectualoide (sic) porque no tiene la necesidad de pagar los sueldos", remató.

“El gobernador es un mal administrador”

“Desafío al gobernador José Alperovich y a su ministro de Economía, Jorge Jiménez, a un debate público sobre la situación de las finanzas provinciale”. La invitación pertenece al senador José Manuel Cano (UCR), quien denunció que el alperovismo se apresta a dar un nuevo “zarpazo” a las finanzas públicas con el paquete de leyes que aprobará hoy la Legislatura. “El Gobernador recurre a los dineros de garantía de los Seguros de la Caja Popular y al aumento de los impuestos de manera indebida porque es un mal administrador de los fondos de todos los Tucumanos”, denunció el parlamentario. En una declaración conjunta con el presidente de la Convención Provincial del radicalismo, Rubén Chebaia, Cano advirtió que este nuevo endeudamiento de 200 millones de pesos para poder cubrir la planilla de personal a expensas de los fondos de la Caja Popular, nació de la incorporación de punteros políticos designados para mantener el poder en las últimas elecciones. “Esto queda a la vista cuando observamos que el gasto de personal fue de enero a agosto del año 2011 de $3.496 millones y en el mismo período de este año de $4.764 millones, es decir, $1.268 millones, un 36,27% más”, expresó.