Alperovich abogó por contener al menor

Para la camarista penal Pilar Prieto, no existen intenciones reales de solucionar el problema y reclamó que los equipos sociales salgan a la calle.
Una vez más los menores en conflicto con la ley están en boca de todos. La recurrente receta de bajar la edad de imputabilidad se instaló con fuerza en la provincia de Buenos Aires, y el debate se encendió en todo el país. En un contexto donde los hechos policiales dominan los medios de comunicación, la mayoría protagonizados por menores reincidentes, incitó la opinión del propio gobernador José Alperovich, quien negó que bajar la edad de imputabilidad sea una solución al problema de la inseguridad. En cambio consideró que la clave para poner fin a esta situación generalizada de inseguridad, es trabajar más en política de prevención con salud, educación y trabajo para los jóvenes. "No se logra nada con bajar la edad de imputabilidad de los menores. Cuando ese chico está solo, con la droga y la sociedad no le da absolutamente nada, va a delinquir", sentenció el Mandatario. Luego de mencionar que la contención familiar resulta elemental, opinó que "el chico que trabaja es un chico que no delinque; un chico que hace deportes no tiene tiempo para las drogas y seguramente se va a comportar mejor".

Alperovich anticipó en diálogo con la prensa que en enero se realizará la presentación de un nuevo plan de seguridad que contempla una política integral para atender la delincuencia juvenil.

"No hay intenciones de solucionar el problema"

Cuando se le menciona las palabras "delincuencia infantil", la camarista penal y titular de la Cátedra de Criminología de la UNT, María Pilar Prieto, se enciende apasionadamente y apunta sus dardos hacia las causas que llevan a un menor a contradecir las normas legales, refutando el concepto de quienes entienden que encarcelando a los menores lograrán soluciones. Con igual efusividad demanda declarar el estado de emergencia en la niñez y que los equipos sociales salgan a las calles para identificar y contener a todos los menores enviándolos a las escuelas públicas obligatorias y evitar lo que denominó la "cultura del atajo". "Están otorgando subsidios y prebendas a los chicos por 150 pesos al mes, cuando esa gran masa de dinero debería estar destinada a crear fábricas, prestar dinero a las cooperativas, incentivar el deporte. Tenemos que observar a toda la niñez y no sólo a los que delinquen", sentenció la camarista.

Pilar Prieto sintió que no hay intenciones de solucionar el problema del menor en conflicto con la ley. "Si realmente hubiese una clara intención de dar soluciones, ya se habría solucionado este problema. Quienes tienen que atender a los menores, tratan de sacarlos de la vista... Y bueno entonces hay que matarlos, meterlos preso o llevarlos a otro lugar. La realidad es que no se los puede seguir escondiendo", juzgó.

En el marco de esta polémica que se instaló en el país y que tuvo como disparador la propuesta del gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli de bajar la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, en el aula marga de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT se llevará a cabo este viernes una charla-debate debate sobre el tema. La camarista María del Pilar Prieto, encabezará el evento organizado por el Centro de Estudiantes de esa unidad académica. También participarán diversos especialistas en la materia. Esta charla se enmarca en las Jornadas Sobre Política y Derecho.

La víctima no debe ser silenciada - por Jorge Lobo Aragón

Las opiniones publicadas y la opinión pública se debaten entre dos polos aparentemente contrapuestos: el derecho del menor delincuente a recibir el tratamiento penalmente establecido en la ley, lo que ha determinado su inexorable libertad vigilada, y el interés de los familiares de la víctima, que reclaman un trato legal más acorde con la realidad que nos supera.

La respuesta a un espeluznante crimen cualquiera sea, está prevista en la Ley y desde esa perspectiva, debe aplicarse el axioma "dura lex sed lex" - dura es la ley pero es la ley -. Sin embargo, ese aforismo no se condice de ningún modo con "la palabra de los familiares de las víctimas y de los ofendidos que no pueden silenciarse".

La Ley Penal del Menor como cualquier ley puede ser modificada.

El Estado y el Congreso de la Nación tratan de alguna manera de insertar la problemática enfrentando a dos posturas contrapuestas sin fijarse en que el objetivo es el bien común en los casos que nos toca vivir. Las tendencias internacionales sobre la justicia de menores señalan como objetivo, tanto la protección del superior interés del menor como la de garantizar el orden pacífico de la sociedad.

De esta forma, es necesario resaltar que el interés del menor y el de la sociedad (o el de las víctimas) es el mismo interés público que hay que proteger. Ambos intereses deben conjugarse con una normativa que permita la educación del menor infractor y los legítimos intereses de las víctimas.

Si hay que hablar de culpas, de lo cual no soy partidario, sólo la tendrán aquellos que se enquistan en sus posiciones ideológicas o sentimentales, desde aquella visión mesiánica ante la vida, creen tener la posesión de la razón absoluta. Las reformas deberían tender a reconciliar la razón y el sentimiento. Deberían abordarse los problemas con lo que se ha llamado "inteligencia emocional", la cual en estas cuestiones apunta a la necesaria conciliación de los intereses aparentemente antagónicos. Es decir, lograr una convivencia que sea producto de la comprensión mutua y del abandono de la soberbia.

En definitiva, son posibles todas las reformas, no sólo las legales sino también las de las actitudes de las víctimas para que se sientan comprendidas, con la esperanza de mejorar y permitir la coexistencia de lo que ahora parece tan irreconciliable. La doctora Argibay en declaraciones en los Tribunales de Rosario tras participar del XII Congreso Nacional y II Internacional de Capacitación Judicial, sostuvo al respecto: "...Dentro de poco van a tener a un nene del jardín de infantes preso..."

Opinión que no condice con la realidad que supera siempre al diagnóstico, a la hipótesis y a las expresiones de voluntad. Y es así como surge la visión "garantista" de la Ministra aludida y la perspectiva de la "mano dura" como alternativas posibles para tratar y corregir la inseguridad estructural que está sufriendo nuestra sociedad. Ambas enfoques solo centran sus pensamientos en la "imperceptible porción de los menores delincuentes, y han dejado de lado la mayoritaria porción de los menores honestos y demás victimas cualquiera sea la edad"

Por último ¿Nos preguntamos cuál es la función del estadista, legislador, magistrado, funcionario judicial o del funcionario policial?

¿Es custodiar la calidad de vida, la seguridad, el bienestar de la sociedad en su conjunto, o por el contrario, es la de proteger a ultranza a mínimos sectores, que marginados por diversos motivos de la sociedad, intervienen en contra de ella?

Hoy los "niños sociales" o "menores sociales", aquellos que se encuentran integrados a la estructura social, que son la inmensa mayoría de los niños del país, ven afectados sus derechos por una errónea interpretación jurídica de la defensa de los derechos primordiales.

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