Horacio Rodríguez Larreta la vio dos años antes. En medio de los festejos por el triunfo de Mauricio Macri en las presidenciales del 2015, el último de una oleada que empezó con la victoria del jefe de Gobierno porteño y siguió con la de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Rodríguez Larreta le pidió a la gobernadora si podía emplear a su hermano Augusto, uno de los seis directores titulares del Grupo Provincia que encabeza el primo del Presidente, el intendente Jorge Macri.

"Un visionario", bromeó -¿bromeó?- uno de los comensales del almuerzo que ayer al mediodía compartieron Marcos Peña, Vidal, Rodríguez Larreta, Federico Salvai y Fernando de Andreis -Diego Santilli se ausentó por vacaciones- en La Brigada, una parrilla de moda en el barrio porteño de San Telmo que la cúpula del PRO frecuenta cada vez que quiere mandar un mensaje al corazón del poder. La foto que selló la adhesión de las administraciones porteña y bonaerense al anuncio del lunes de Mauricio Macri -Vidal y Rodríguez Larreta ya habían ajustado los cargos políticos-, que prohibió que familiares de ministros hasta segundo grado de consanguinidad puedan tener un cargo en la función pública. La respuesta más popular que encontró la Casa Rosada para hacerle frente a la aguda crisis provocada por el ministro Jorge Triaca, que ayer a la mañana tuvo que pedir disculpas en la tradicional reunión de gabinete de los martes.

La popularidad mediática, sin embargo, no tuvo su correlato interno. Al contrario: hay dependencias oficiales en las que desde el lunes se mastica bronca por el anuncio de Macri. Una de ellas es el Ministerio del Interior. De vacaciones desde principios de semana, Rogelio Frigerio se enteró a miles de kilómetros de Buenos Aires que, a su vuelta, ni su mujer ni su padre podrán volver a los sillones que ocupaban en el Ministerio de Desarrollo Social y en el directorio de YPF, respectivamente.

El jefe de Gobierno porteño y la gobernadora bonaerense se enteraron del anuncio presidencial casi por la televisión. Si sabían de la posibilidad del congelamiento de los sueldos de los cargos más altos del gabinete nacional, una medida que se había analizado puertas adentro en los últimos meses y que tuvo sus altibajos durante el período de maduración. Otra resolución que abrió una soterrada grieta interna y que solo está matizada por el nivel de los salarios: $183.000 en bruto el de los ministros, $168.000 el de los secretarios de Estado y $152.000 el de los subsecretarios.

La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, aún no definió si va a adherir a esa propuesta. Es una de las incógnitas a develarse en las próximas semanas. La otra es si el jefe de Gobierno porteño le va a pedir a la titular del Consejo de la Magistratura local, plagado de familiares, que imite la medida.

La cuestión salarial se va a resolver en la administración provincial en base al resultado de las paritarias estatales, según confiaron altas fuentes bonaerenses. Es que los sueldos de la administración provincial son sensiblemente inferiores a los nacionales. Vidal, por caso, cobra poco más de $70.000 de bolsillo.

"Yo creo que hay que discutirlo, pero también me parece que la gente está decepcionada de la política y de lo que ha pasado con el Estado, y de los salarios de los funcionarios. Ha habido tanta decepción que creo que antes de plantearlo nos tenemos que ganar más confianza, ese es el punto. Hay mucha gente que vive con eso, y con menos también. Yo creo que si uno se dedica a esto ya sabe de antemano que los sueldos son esos. Si cada uno de nosotros hubiera querido ganar cientos de miles de pesos hubiera elegido otro camino. ¿Que merece una discusión? Sí", había contestado la gobernadora a este medio durante una entrevista en octubre del año pasado.

El costo político que optó por pagar el Gobierno por la decisión de no prescindir de Jorge Triaca tendrá un atenuante en las próximas semanas. En el almuerzo de ayer al mediodía se corrió la voz de que Elisa Carrió, una especie de fiscal del oficialismo, va a darle el visto bueno a las medidas anunciadas por Macri cuando regrese de sus vacaciones a fines de febrero. En su entorno aseguran que, para la diputada, el remedio fue mejor que la enfermedad. Es decir, para ella son más saludables las salidas de la mujer y las hermanas del ministro de Trabajo que la del funcionario.

Más allá del apoyo de Carrió, el malhumor interno es indisimulable. Hay familiares, como el caso de Andrés Peña, que se lo planteó a su hermano, el jefe de Gabinete. Hay intendentes que en las últimas horas llamaron a la cúpula del gobierno provincial para pedir consejos, como el caso de Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, que ya anunció que adherirá a la medida. O Ezequiel Galli, de Olavarría, que aún está en duda. La contratación de familiares es moneda corriente en los municipios.

Nadie, sin embargo, se animó a plantear públicamente ese malhumor con excepción de Jacinta, la hija del ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, hasta ahora su secretaria privada. Antes de borrarlo de su cuenta de Twitter, escribió que formaría un sindicato de "familiares de políticos", una notable paradoja si se tiene en cuenta que el decreto que prohíbe la contratación de familiares nació como respuesta a los nombramientos en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).