Allanaron la sede de las 10 AFJP y ahora investigan a funcionarios públicos

Por: Lucio Fernández Moores

La Policía Federal allanó ayer por orden del juez federal Claudio Bonadio las diez administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJPs) denunciadas el martes por el fiscal Guillermo Marijuan.

Los policías buscaron documentación relacionada con las operaciones realizadas en los últimos siete días por las empresas del sistema jubilatorio de capitalización que el Gobierno ahora pretende eliminar a través de un proyecto de ley que envió al Congreso.

"Se secuestró mucha documentación que mañana (por hoy) comenzará a ser analizada", dijo una fuente judicial sin dar mayores precisiones. Entre los documentos se encuentran las composiciones societarias de cada una de las firmas allanadas

Según pudo saber Clarín, la investigación también alcanza a la Superintendencia de AFJPs, el organismo estatal de control a las empresas del sector. Ayer, Carlos Weiz, titular del organismo, presentó la renuncia (ver pág. 3) Además, la Justicia no descarta la posibilidad de designar interventores judiciales en las firmas investigadas.

El juez también requirió documentación sobre las operaciones de las AFJP a la Superintendencia e hizo pedidos similares a la Comisión Nacional de Valores, Mercado de Valores y Mercado Abierto Electrónico, según revelaron fuentes judiciales. Toda la documentación requerida estaba anoche a disposición de la Justicia.

Marijuan, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISES), denunció la presunta venta masiva de títulos públicos por parte de las AFJP apenas trascendió el lunes la posibilidad de que el Gobierno decidiera eliminar el régimen de jubilación privada. Esas ventas, según el fiscal, hicieron caer el valor de los títulos y por eso podría tratarse de un delito, un fraude a la administración pública, según dijeron en Tribunales.

A pedido de Marijuan, Bonadio ordenó el martes a las AFJP abstenerse de realizar por siete días hábiles operaciones "financieras, bursátiles, bancarias, comerciales y/o cualquier operación que tenga por objeto el traspaso o disposición de los fondos que administren".

El objetivo de la medida fue que las firmas no continuaran con la supuesta venta de bonos en perjuicio del Estado y que preservaran la cartera de inversiones que tenían hasta el martes a la tarde.

Fuentes judiciales dijeron que la prohibición podría levantarse antes de los siete días si es que del análisis inicial de la documentación secuestrada ayer no surgen las irregularidades denunciadas por Marijuan. La denuncia es investigada por el juez Bonadio y el fiscal Miguel Angel Osorio.

Los procedimientos fueron realizados por la tarde por personal de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal en las sedes de las 10 AFJPs denunciadas.

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