El juez Claudio Bonadio allanó ayer la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) que lidera el titular de la CGT, Hugo Moyano. Un día después de recibir un peritaje que concluyó que la mutual de Moyano presentó 200 “troqueles adulterados” de Erbitux -una droga oncólogica- para cobrar los reintegros de la Administración de Programas Especiales (APE), Bonadio ordenó ir a buscar todos los documentos de compra de ese medicamento desde 2003 . Además se llevó, según fuentes con acceso al expediente, los legajos presentados ante el APE por tratamientos contra el HIV. Esta es la cuarta vez que Bonadio allana OSCHOCA desde que comenzó la investigación por supuesta defraudación al Estado en la tramitación de estos subsidios.

Ayer, la justicia también fue al APE, el organismo que está siendo cuestionado por supuesta complicidad con las obras sociales a partir de la falta de control.

El procedimiento dispuesto por Bonadio es similar a los anteriores: intentarán cruzar la documentación de los tres eslabones que intervinieron en la adquisición de Erbitux, una droga que Camioneros le compró a droguería Urbana, su principal proveedor, con dinero que luego fue reintegrado por el APE. Si el peritaje ya dio irregularidades, ¿por qué decidieron insistir con ese remedio? Porque el juez sólo había secuestrado los registros que van desde octubre de 2008 al mismo mes de 2009. Esto fue así porque la pista sobre el Erbitux surgió de las palabras del propio proveedor de Moyano, Marcos Daniel Hendler, dueño de droguería Urbana y citado a indagatoria para el mismo día por esta causa y por la investigación de la “mafia de los medicamentos” que tiene el juez Norberto Oyarbide. En una escucha telefónica se oye que Hendler encarga “19 troqueles de Erbitux chico que perdió camioneros” a la gerente de una droguería que está procesada. Ahora que un peritaje confirmó que hay 200 troqueles que no coinciden con la cartonería ni el mecanismo de impresión del laboratorio alemán Merck -productor de Erbitux-.

Ahora, el universo analizado se ampliará hasta el 2003 y la investigación se centrará también en los medicamentos contra el HIV.

En paralelo, la semana que viene comenzará una serie de llamados a indagatoria que Bonadio firmó ayer. Primero en la lista está Hendler pero luego le siguen dos auditores médicos de OSCHOCA y por último el ex titular del APE, Hugo Solá y un ex gerente bajo su administración, de apellido Mariano.

El objeto de esta causa coincide con otros expedientes que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py. Se trata de casos sobre obras sociales sindicales que adulteraron presentaciones de legajos para cobrar los reintegros del APE. El juez Ariel Lijo ya probó maniobras similares sobre la mutual del Ministerio de Economía. En el mismo sentido va también Oyarbide con su mega causa por comercialización de medicamentos, que derivó en el hallazgo de una matriz ilegítima de venta de remedios con la connivencia de obras sociales. El caso emblemático es el del dueño de droguería San Javier, Néstor Lorenzo, quien era el proveedor en drogas de alta complejidad de la Bancaria, la mutual del sindicato bancario.

La obra social de los camioneros en la mira judicial

1. El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) entregó ayer a Bonadio un peritaje que revela que OSCHOCA presentó 200 troqueles truchos para cobrar reintegros de la Administración de Programas Especiales, el organismo que financia a las obras sociales en los costosos tratamientos de alta complejidad.

2. Hasta 2006, el APE pagaba los tratamientos a las obras sociales antes de que se efectuaran. Así se repartieron en 2005 350 millones de pesos sin control. En 2007, con Juan Rinaldi en el APE y Graciela Ocaña como ministro de Salud, el sistema pasó a ser por reintegros bajo presentación de los troqueles. Así empezaron las maniobras de falsificación de estos cartoncitos.