Allanaron un ministerio de Macri

La Justicia busca pruebas sobre un caso de escuchas ilegales; el gobierno porteño denunció una infiltración de la Policía Federal
El juez federal Norberto Oyarbide allanó ayer el Ministerio de Justicia de la ciudad de Buenos Aires y secuestró la computadora del jefe de la Policía Metropolitana, Osvaldo Chamorro. Sospecha que las autoridades de la nueva policía pueden estar relacionadas con un escándalo de escuchas ilegales.

La respuesta del gobierno porteño fue inmediata. El allanamiento acababa de terminar cuando el ministro Guillermo Montenegro convocó a una conferencia de prensa: dijo que había ordenado cuatro sumarios internos, se comprometió a colaborar con la Justicia y vinculó el avance de la investigación con "intereses políticos y económicos de quienes no quieren que la nueva policía salga a la calle". Su objetivo estaba claro: denunciar una operación política.

El gobierno porteño se vio comprometido en este expediente cuando la Justicia descubrió vínculos entre el ex policía federal Ciro James y la Policía Metropolitana y sus autoridades. James es el principal acusado en la causa y está detenido por haber espiado a Sergio Burstein, líder de una organización de familiares de víctimas de la AMIA, y al empresario Carlos Avila.

Dos pruebas fueron clave para decidir el allanamiento, según informó a LA NACION un funcionario judicial. La primera, los cruces telefónicos: se detectó una decena de comunicaciones entre James y Chamorro (que fue quien llamó cuatro de las veces); la segunda, la comprobación de que James hizo llamadas con su celular desde adentro o de una zona muy cercana al edificio de la Policía Metropolitana. Montenegro había dicho que James jamás había estado allí.

Esto se suma a las pruebas de la relación entre James y el comisario retirado Jorge "Fino" Palacios, jefe de la Policía Metropolitana hasta el 25 de agosto pasado. Aunque Mauricio Macri siempre lo respaldó, Palacios duró en el cargo sólo un mes y medio. Su designación había recibido fuertes críticas de la comunidad judía, desde donde lo acusan de encubrir el atentado contra la AMIA. Esta semana, la Justicia detectó 150 llamadas: 110 de James a Palacios y 40 al revés.

James era, además, funcionario del gobierno de la ciudad. Estaba contratado por el Ministerio de Educación para hacer trabajos de auditoría y había hecho los trámites para ingresar en la Policía Metropolitana. Montenegro dijo ayer que era por eso que se había comunicado con el jefe de la fuerza.

En su conferencia de prensa, el ministro acusó a James de haberse infiltrado en el gobierno porteño. "Estuvo más de un año contratado en el Ministerio de Educación siendo policía federal de inteligencia sin haberlo informado. Por algo lo ocultó", sostuvo. Y agregó que en los trámites para ingresar en la Policía Metropolitana James tampoco había declarado ser miembro de la federal.

Montenegro no ocultó su enojo con Oyarbide por la publicidad que tomó el expediente y dijo no compartir "algunas aristas" de la investigación. No obstante, se comprometió a colaborar. Un dato paradójico: Oyarbide actúa en este caso como subrogante. El juzgado donde está la causa es el 7, el que ocupaba Montenegro hasta que renunció. Desde entonces, está vacante. Ayer, cuando le preguntaron por su futuro, Montenegro afirmó que no pensaba dejar el ministerio. "No tengo motivos, todo lo contrario", dijo. Ratificó también a Chamorro y dijo que explicará su relación con James en el sumario interno.

El allanamiento de ayer comenzó a las 13.30 y duró dos horas. Fue en el cuarto piso del edificio del Ministerio de Justicia, en Patricios 1142, Barracas. Según fuentes judiciales, lo realizó Asuntos Internos de la Policía Federal. Se llevaron las computadoras de Chamorro; del subjefe, Roberto Ontiveros (también tiene llamadas con James), y del superintendente de Personal, Eduardo Orueta.

Ahora, el juzgado mandará a analizarlas, revisará los e-mails y cruzará la información que se obtenga con la que resulte de una serie de allanamientos realizados anteayer en las oficinas de Palacios, en el Ministerio de Educación de la ciudad y en el estudio jurídico de Chamorro.

Las presuntas víctimas de las escuchas de James son Burstein y Avila. Los teléfonos de ambos fueron interceptados por orden de un juez de Misiones que investigaba un homicidio, pero nunca se acreditó relación alguna entre Burstein, Avila y ese crimen. Pero los celulares estuvieron intervenidos durante meses. En Misiones sostuvieron que fue James quien recomendó que se dispusieran esas intercepciones. Actuó como intermediario entre la SIDE y el juez: era quien retiraba las grabaciones y las mandaba a Posadas.

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