El juez federal Luis Rodriguez allanó las oficinas de las empresas de energía Edenor y Edesur y se llevó documentación relacionada a la causa en la que se investigan los cortes de luz ocurridos en diciembre y enero que afectaron a distintos barrios de la Capital Federal. 

El allanamiento fue dispuesto por el magistrado a pedido del fiscal Ramiro González y se secuestraron libros de directorios, asambleas, registro de acciones, inventarios, balances, libros de impuestos, entre otra documentación.

La causa se originó por la  denuncia de los  diputados Elisa Carrió, Martín Loustau, Alcira Argumedo, Roy Cortina, Ana Carrizo, Fernando Sánchez, el senador Fernado "Pino" Solanas, entre otros.

La denuncia apunta a la concentración empresarial y a la ausencia de controles, a la falta de inversión de las concesionarias y "la utilización irregular de subsidios que fueron determinantes para la falta de suministro eléctrico", dice la denuncia.

Los denunciantes sostienen que desde el ENRE "se incumplió con el control de la realización de los trabajos de mantenimiento del servicio" y achacan la "responsabilidad de Edenor y Edesur", por la falta de inversión.

Entre las medidas de prueba el fiscal pidió que se reclame a la Inspección General de Justicia "los estatutos, balances y toda documentación de las sociedades relacionadas con la prestación de los servicios de energía y sus vínculos societarios con Edenor y Edesur". Esas medidas, ya habrían sido cumplidas, según fuentes judiciales.

El fiscal pidió además que se reclame a Edenor y Edesur los contratos firmados con las empresas mayoristas de prestación de servicio eléctrico.

Las empresas informaron en la causa que pese a que trabajan a pérdida, realizan las inversiones necesarias para garantizar el servicio.

En una presentación escrita, Edesur fue la primera en dar explicaciones, al señalar que se están haciendo inversiones, negó que el Estado Nacional, Provincial o Municipal estén otorgando subsidios, e indicó que en cambio sólo los hay "al precio mayorista de la energía eléctrica y el costo del gas importado pero no a las empresas de distribución".

Por su parte, Edenor  en un informe advirtió que "se  ha instalado la presunción según el cual empresas como Edenor se enriquecen a expensas de recibir subsidios del Estado, los cuales desvían de su estado natural que serían las inversiones para mejorar el servicio pero nada de ello es cierto".

El fiscal González imputó en el inicio de la causa a Guillermo Vázquez, Guillermo Reca, Carlos Miguens, Eduardo Escassany, de Edesur y a Marcelo Midlin, de Edenor.