Allanan el camino para que Salta tenga una ley penal juvenil

Se trata de una iniciativa de la Comisión de Infancia, integrada por miembros de distintos sectores de la comunidad salteña.
El Consejo Consultivo de Justicia de la Provincia aprobó dos proyectos de ley que propician la creación de un Régimen Penal Juvenil y un Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños y Adolescentes. Ambos fueron entregados al gobernador para su análisis y posterior remisión a la Legislatura provincial.

Las propuestas abordan dos cuestiones trascendentes, para lo que se requiere una adecuación de los organismos del Estado a las normativas internacionales. El objetivo es darle un marco jurídico amplio a la problemática del menor, tanto de aquellos que están en situación de riesgo como de los infractores de la ley penal. Se prevé la creación de magistraturas especializadas para el funcionamiento de ambos sistemas.

El Consejo Consultivo es un organismo integrado por autoridades de los tres poderes del Estado, universidades, colegio de magistrados y de abogados. Para la asesora general de Incapaces, Mirta Lapad, la ley nacional 26.061, de protección integral de los derechos del niño, produjo un cambio de paradigma. "De la doctrina en la que el niño era considerado objeto destinatario de asistencialismo y tutela por parte del Estado, se pasó a la doctrina de la protección integral, donde es sujeto de derecho", expresó la funcionaria. Y remarcó que "esta concepción debe ser incorporada también en la provincia".

Al hacer un análisis sobre las conductas delictivas de los jóvenes salteños, Lapad consideró que la combinación de diferentes factores sociales, económicos, culturales y familiares se relacionan con los adolescentes que cometen hechos delictivos. "Factores como la marginación, la pobreza, la deserción escolar, el consumo de drogas o la falta de trabajo resultan sobresalientes a la hora de buscar razones y propuestas de abordajes", subrayó Lapad.

Para la funcionaria, las estrategias preventivas y de intervención, que corresponden al Poder Ejecutivo, deben encaminarse a integrar a los jóvenes a través de la familia, la comunidad, la escuela y el trabajo. Remarcó que "las medidas o respuestas judiciales deben operar sólo cuando sean necesarias y respetando todos los principios, derechos y garantías de los jóvenes", afirmó la funcionaria del Ministerio Público.

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