En Santa Cruz, donde Lázaro Báez tiene 140 millones de dólares en propiedades, hubo más allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello en la misma causa que impulsó los 18 operativos del jueves pasado: “N° 9630/2016 Báez Martín y otros s/ Averiguaciones de delitos”. La Justicia busca determinar el movimiento de sumas millonarias realizadas por el empresario y dos de sus hijos, Martín y Luciana. Y confirmar la relación comercial y las transacciones de la firma M&P, con Austral Construcciones y otra serie de sociedades.

La documentación que se secuestró en el edificio de M&P en Río Gallegos refleja la transferencia de sumas millonarias en concepto de “venta de asfalto” a Austral Construcciones, empresa insignia de Báez.

De esta firma -en el marco de los 18 allanamientos realizados en Capital Federal y Gran Buenos Aires- se secuestraron la semana pasada 400 cheques por sumas cercanas a los $ 9 millones y documentación que registra la extracción de dinero por un millón de pesos. Estos movimientos se habría realizado en medio del embargo de $ 800 millones que tiene trabado por orden del juez Casanello, el hijo del empresario K, doblemente procesado por lavado de activos.

La firma dedicada a la venta “al por mayor de combustibles, lubricantes, leña y carbón”, con sucursales en Tierra del Fuego y Chubut, según fuentes allegadas a la investigación está vinculada también, en “lo operativo y trabajo diario”, a Marcos Muller. Es el esposo de Luciana, que cuenta con cuatro empresas más, una de ellas dedicada al mismo rubro que Austral llamada “Bob construcciones”.

La empresa M&P integraría, según la Justicia, un entramado financiero que incluye vínculos con otras firmas: Proydesa SA, Karnix SA, Recaudaciones Computarizadas SA, Dereli SA, Kargen SA, Siembra y Comercialización de Granos SRL, Catahu, Xhoris SA, Recasur Argentina SRL. La orden de allanamiento requirió el secuestro de documentación relacionada además a César Andrés, contador del empresario K.

A la mayor de las hijas del empresario K, que tiene firma autorizada en Austral Construcciones, y a Martín, la Justicia también los investiga por una serie de viajes al exterior, según reveló La Nación. El informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) apunta a traslados vinculados con la apertura de cuentas bancarias. El mismo organismo detectó que los cuatro hijos son titulares de cuentas en Suiza que a través de sociedades radicadas en Panamá y Uruguay, movieron 25 millones de dólares.

Por la información de la UIF, todos fueron llamados a indagatoria. Luciana negó las acusaciones ante la Justicia y aseguró no haber salido del país. La investigación se concentra en ella ahora, que además cuenta con una importante responsabilidad empresarial en Austral, denunciada por lavado de activos, evasión fiscal y por Vialidad Nacional por el cobro de sobreprecios que superan el 50 %.