Los operativos arrojaron resultados negativos; aunque trascendió que habría cierto malestar en los investigadores porque los judiciales habrían estado advertidos de que los mismos se llevarían a cabo.

Según se informó, la investigación tuvo su inicio días atrás, cuando el delegado de la mencionada sede judicial denunció ante la Justicia el faltante de algunos objetos, que habían sido oportunamente robados a sus propietarios y luego recuperados por la policía, que trasladó los mismos hasta allí para ser entregados a sus dueños respectivos.

De acuerdo a lo que informaron fuentes judiciales, los efectivos policiales estaban en la búsqueda de 6 celulares de alta gama y una cámara fotográfica marca Nikon; que no fueron encontrados en ninguna de las viviendas allanadas.

Información filtrada

Según manifestó ayer por la tarde el fiscal que lleva adelante la investigación, Roberto Mazzucco, “se iniciará una investigación para tratar de saber quiénes fueron los responsables de filtrar la información, porque al momento de llegar los policías a los domicilios, los empleados estaban esperándolos con sus celulares en mano junto a la documentación correspondiente. La intención es descubrir quiénes fueron los responsables y proceder con las correspondientes imputaciones en ese caso”, explicó.

Retrasos

Asimismo, Mazzucco indicó que hubo contratiempos a la hora de obtener la firma de los operativos por parte del juez de Control de Garantías en turno. “Hubo un retraso importante en el desarrollo de los allanamientos porque en un primer momento el juez Carma, cuando ya estaba la medida dispuesta se apartó de la causa, aduciendo que tenía relación de amistad con los empleados cuyas casa iban a ser registradas; pero luego la orden fue firmada a primera hora por Porfirio Acuña, quien no tuvo inconvenientes en hacerlo y también consideró pertinente la realización de las mismas. De todas maneras hubo que hacer el papeleo de nuevo y los allanamientos se hicieron más tarde de lo que se planeaba”, manifestó el fiscal, agregando que se seguirá investigando sobre el hecho y con respecto a todo lo actuado se enviarán informes a la Corte, para que se tomen las medidas que correspondan en el caso.

Antecedentes

Cabe recordar que poco tiempo atrás, un empleado judicial de la misma Unidad de apellido Quiroga, también estuvo en la mira de la justicia por ventas de maquinarias agrícolas, que habría sustraído antes de vender a incautos. 

Otro caso anterior, es el del empleado judicial de apellido Ogas, quien habría armado un puesto de venta de comida rápida frente a la Plaza del Aborigen con elementos que permanecían en calidad de secuestro en la sede en la que trabajaba; se le secuestró al sumariante una carlitera, una freidora, una panchera y una lomitera.

Otro preocupante caso fue el de Juan Acevedo, empleado de la Unidad Judicial Nº 8, que fue sindicado como quien vendió un arma de fuego recuperada, que posteriormente fue encontrada en la casa de un delincuente.

Informes

Según anticipó Mazzucco, se enviarán informes a la Corte de Justicia sobre todo lo actuado en esta causa y se buscará a los responsables de advertir a los empleados.