Aliento republicano para sostener la democracia Un cuarto de siglo después

Por Natalio R. Botana

En esta semana celebramos el cuarto de siglo de nuestra democracia. Se han hecho balances políticos, económicos y culturales, y se han rememorado los discursos de aquellos primeros años, cuando los propósitos del Preámbulo de la Constitución Nacional resonaban en el país como consignas valiosas, mientras se abría un camino desconocido, lleno de obstáculos. Felizmente, para bien de aquel designio, escrito en 1853 y coreado con fervor en 1983, el camino no se ha clausurado, pese a la fatiga de la ciudadanía que lo recorre.

Estos signos tienen que ver con una legitimidad que, desde los momentos iniciales, sufre los desaires de una sociedad descreída no tanto en relación con el principio valioso de la democracia, sino con respecto a su rendimiento y efectos colectivos. Nuestra democracia es, pues, un genio bifronte; se la quiere como jamás ocurrió en la tormentosa historia del último siglo y, al mismo tiempo, se la cuestiona, en la medida en que no responde a las expectativas de una población aquejada por desigualdades y privaciones de justicia.

Se podría alegar que la democracia está precisamente destinada a reparar en paz esas insatisfacciones. Las elecciones sirven para desplazar del poder a los malos gobernantes y ubicar en ese sitial a quienes habrán de sucederlos. Sin embargo, nuestra historia de veinticinco años revela que el ritmo de la sucesión pacífica sufrió de entrada cortocircuitos imprevistos. Raúl Alfonsín, el presidente que echó los cimientos de la experiencia democrática, tuvo que abandonar la Casa Rosada antes de que se cumpliera el término de su mandato, y lo mismo ocurrió con Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde.

Sólo dos presidentes justicialistas pudieron, por ahora, concluir sus mandatos: Menem en 1995 y 1999, y Kirchner en 2008. Queda entonces en claro que la parte del león, en lo que se refiere al control temporal del Estado en los niveles nacional y provincial se la llevan los justicialistas. El justicialismo retuvo, en efecto, la presidencia durante casi dieciocho años, y el radicalismo, en cambio, lo hizo durante algo más de siete años.

Semejante predominio no significa que en ese caudaloso movimiento haya habido continuidad y, menos, solidaridad entre quienes ejercieron (y ejercen) la primera magistratura. Hay, al contrario, rupturas y diatribas recíprocas de todo tipo que coinciden con una manera de ejercer el poder y de apropiarse de los resortes del Estado mucho más estable. El justicialismo es un excelente ejemplo del arte transformista: se transformaron de Menem a Duhalde y de éste a Kirchner, y acaso también lo hagan cuando el reinado de los Kirchner llegue a su fin. Lo positivo del caso es que estas pretensiones hegemónicas, a diferencia del primer peronismo, entre 1946 y 1955, no lograron obturar la vigencia de las libertades públicas y las reivindicaciones de los derechos en el espacio público y en los tribunales de justicia. Este tal vez sea otro legado significativo de nuestra democracia: el reclamo constante, con los juicios consiguientes, por los derechos conculcados en el pasado y aún afectados en otras dimensiones, o pendientes de realización efectiva, en el presente.

Aquí, en este último punto, las falencias son enormes. Ya que en estos años tenemos en mira al Bicentenario, no está de más traer a la memoria las palabras del mariscal Sucre, cuando presentía el impacto de una "aristocracia militar" que, "apoderándose del mando en todas partes, hacía gemir al ciudadano por un absoluto olvido de las garantías y derechos". Después de pruebas terribles, hoy nos desembarazamos de aquel fardo, pero la anarquía belicosa que entonces impregnaba el mundo rural se manifiesta de nuevo en nuestros conglomerados urbanos y en la megalópolis del Gran Buenos Aires, ese universo contradictorio donde conviven varios planos superpuestos: las luces de la ilustración y del espectáculo, los destellos de la opulencia, la oscuridad de la exclusión. Todo arremolinado en un espacio estrecho.

Esta es la condición de unas sociedades fracturadas, tanto por las desigualdades como por los grupos armados del delito organizado que también, como decía Sucre, hacen gemir al ciudadano. De algún modo, un cuarto de siglo después, hemos invertido el argumento de Hobbes: las violencias urbanas, que se prolongan hacia el sector rural, no son prepolíticas; son, al contrario, políticas porque marcan a fuego la insuficiencia de las instituciones. En rigor, no hemos resuelto el desafío de instaurar, con razonable alcance, el Estado de derecho. Lo hicimos en parte, a los tropezones, con el resultado de que la incredulidad con respecto a las leyes es análoga al desprecio por el cumplimiento de las obligaciones políticas (que deberían ser, pero no son, correlativas al goce de los derechos).

En este aspecto somos una democracia renga, que resiste como puede hiperinflaciones, confiscaciones de depósitos y cuentas de la seguridad social, agravada recientemente por leyes fiscales injustas (si el Senado las aprueba a partir de hoy) que premian a los evasores y a los corruptos. El gobierno de la ley, que ante todo descansa en la confianza suscitada por la estabilidad de los contratos, es entre nosotros una promesa siempre desvirtuada.

Así, debido a estos procesos circulares, se yerguen nuevas oligarquías enquistadas en el Estado, merced a las relaciones espurias que éste entabla con un capitalismo de amigos y, por ende, prebendario. Aún no hemos entendido que un sistema fiscal universal y transparente, que haga recaer el esfuerzo común en el pago equitativo de impuestos, es condición necesaria para hacer simultáneos el desarrollo económico y el desarrollo social.

No hay manera, por cierto, de consolidar un repertorio de bienes públicos sin recursos genuinos ni eficaz administración de esa masa monetaria por parte del Estado. Este es el contrato de la ciudadanía fiscal. Es hora ya de preguntarnos si el carácter muchas veces inerme del Estado frente a la criminalidad no proviene, amén de las propias ineficiencias y corruptelas, de las malas leyes fiscales, de los blanqueos y encubrimientos que alientan la desobediencia y favorecen a los poderosos.

En este capítulo en blanco -el último de esta breve e incompleta recapitulación-deberíamos escribir un relato apropiado al oficio de los reconstructores. No es para nada sencillo porque las frustraciones se acumulan en escenarios cambiantes. Pero es absolutamente necesario so pena de vegetar en un conservadurismo que se reproduce mediante una yuxtaposición de episodios electorales carentes de espíritu reformista. Este aliento republicano debería soplar de nuevo como el mejor regalo para una democracia que, contra viento y marea, ha cumplido veinticinco años

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