Alicia dio marcha atrás para frenar el escándalo

Alicia dio marcha atrás para frenar el escándalo
El Ministerio de Desarrollo Social había desplazado a 253 beneficiarios del programa Argentina Trabaja y sumado a 200 de tropa propia. Ayer revisó la medida y comenzó a desembolsar los fondos adeudados desde diciembre.
En una admisión implícita de las irregularidades que se cometieron en la asignación de los cupos del Plan Argentina Trabaja, el Ministerio de Desarrollo Social se comprometió a retirar a los 200 beneficiarios que la cartera había "colado" en el Municipio de Morón.

La solución llegó luego de la denuncia que publicó ayer Crítica de la Argentina, que mostró la discrecionalidad en el manejo de las listas de beneficiarios por parte de la cartera que conduce Alicia Kirchner.

La ministra decidió evitar a sus funcionarios de tercera y cuarta línea. A primera hora de la mañana de ayer, el intendente de Morón, Lucas Ghi, recibió el llamado de uno de los hombres de máxima confianza de Alicia, el secretario de Coordinación, Carlos Castagnetto.

El jefe comunal escuchó el compromiso de reincorporación de los 253 beneficiarios del Plan Argentina Trabaja que habían sido excluidos y la separación de los 200 que había incorporado directamente el ministerio, sin acuerdo de la comuna.

Castagnetto acompañó la comunicación con otro hecho: el desembolso inmediato de medio millón de pesos para iniciar la capacitación de los cooperativistas, y una concesión generosa: la semana que viene, Morón tendrá disponible en su cuenta del Banco Nación, en forma anticipada, los más de cinco millones de pesos que necesitará para todo el semestre por la aplicación del programa.

La voluntad de restablecer las relaciones entre el Gobierno y el municipio luego del escándalo quedaron en evidencia con el acuerdo para una reunión, la semana próxima, entre la ministra Kirchner y el intendente Ghi "para aclarar los errores administrativos".

"Los funcionarios de Desarrollo Social nos dijeron que el dinero ya estaba autorizado hace tiempo, y que el Ministerio de Economía se había equivocado en el número de cuenta al cual había girado el dinero, que fue sólo un error", señalaron a Crítica de la Argentina los colaboradores del intendente Ghi.

Los fondos deberían haberse depositado hace más de un mes, en diciembre, pero recién ayer aparecieron acreditados los 436.000 pesos destinados a los gastos administrativos en la cuenta del Banco Nación número 3500 336/32, que corresponde a Morón.

La constancia del depósito llegó con la promesa de que el lunes próximo estarán también depositados 5.518.000 pesos que se utilizarán para la compra de herramientas y la cobertura de los seguros del primer semestre de 2010.

Con los fondos asegurados y la reincorporación de los beneficiarios desplazados, las autoridades municipales decidieron reanudar la capacitación del programa para que comiencen las tareas de las quince cooperativas creadas en la comuna.

Las autoridades municipales esperan que en los próximos días el Ministerio de Desarrollo Social envíe el listado completo con los 900 beneficiarios –el cupo completo para Morón– que designó la comuna luego de un proceso de selección a través de la Agencia de Empleo local.

En esa dependencia está clasificada la información de 15 mil desocupados del distrito y se asignaron los lugares en partes iguales a hombres y mujeres; a los sectores con menos posibilidad de conseguir empleo (hasta 30 años y más de 50), mujeres con situación de violencia doméstica, pacientes externados de neuropsiquiátricos y jóvenes con libertad asistida.

"Nosotros hicimos las inscripciones correctamente. No manejamos los planes como dicen que lo hacen los intendentes del conurbano", señalaron los voceros de la comuna. Para diferenciarse, la semana próxima subirán el listado completo de beneficiarios a internet.

Después del acampe, el piquete

Las organizaciones sociales que mantuvieron un acampe frente a la Municipalidad de La Matanza durante 26 horas, decidieron ayer a la tarde suspender la medida y avanzar en un plan de bloqueos a los accesos de las principales ciudades para reclamar que se "universalice" el acceso a las cooperativas del plan Argentina Trabaja.

"El intendente nos quiere hacer creer que la inscripción va a ser universal, pero los que resuelven son los punteros, es una manipulación total", sostuvo el líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, quien organizó la movilización junto con Barrios de Pie, el Polo Obrero, el MST-Teresa Vive y el Frente Darío Santillán.

Los militantes de las agrupaciones se habían concentrado en la plaza de San Justo, frente al edificio donde tiene su despacho el intendente kirchnerista Fernando Espinoza, desde donde acusaron al jefe comunal de "no habilitar la inscripción de integrantes de agrupaciones opositoras al gobierno nacional". La protesta se realizó el mismo día en que comenzaba la segunda inscripción al programa de cooperativas en el distrito.

A pesar de que no se produjo ningún cambio, los dirigentes de las organizaciones decidieron levantar el acampe y apostar a la marcha que se hará el próximo martes, cuando prevé cortar los accesos a la ciudad de Buenos Aires desde el conurbano, y replicar esa modalidad en las principales capitales del país.

OPINIÓN

El dilema de la arbitrariedad

Ariel Wilkis (Sociólogo, UNSAM-Conicet)

Como consigna la nota de tapa de Critica de la Argentina de ayer, el archivo de denuncias sobre las irregularidades en la distribución de la política social se abre nuevamente. Como tantas otras veces, las voces de periodistas, opositores, miembros de organizaciones sociales van a hacerse escuchar para atacar o defenderse. Desde el Gobierno se negará la denuncia o se pedirá disculpas al respecto y en el caso más extremo se echará a un funcionario de cuarta línea.

La cuota de dramatismo que aporta denunciar la arbitrariedad en algo tan sensible vinculado a la vida de los más vulnerables tiene un valor periodístico innegable. Quienes quieran sumarse a la denuncia de la arbitrariedad de la política social encontrarán en este valor periodístico un aliado para hacerse escuchar.

La propia lógica de construcción de la noticia que busca lo espectacular deja en un segundo plano aquello menos atractivo y tal vez más importante.

Es corriente que militantes sociales denuncien la arbitrariedad de los "punteros", que éstos acusen a los "piqueteros" de llevar a las marchas a quienes reciben planes, y que los integrantes de organizaciones como Cáritas sean también blanco de estas denuncias o de quienes las emiten. ¿Cómo comprender esta lógica asociada a la circulación de bienes de ayuda como los vinculados a la política social? Cualquiera de estas tres categorías de agentes se ven enfrentados a tener que lidiar con recursos escasos y aplicar algún criterio "justo" en su distribución.

El problema es común a los tres, cambia el acceso más o menos amplio a los recursos, la noción de mérito para acceder a ellos y la modalidad de evaluarlos. Esta dinámica deja siempre descontentos que harán lo posible para hacer escuchar su voz. De aquí que "punteros", "piqueteros" o "voluntarias" sean tanto acusados como acusadores.

Aquí entra una segunda y más dramática cuestión que el debate de la universalización de la asignación no llegó a tocar. Independientemente de su ideología o adscripción política, "piqueteros", "punteros" o "voluntarios" se han establecido como agentes centrales en el sostenimiento de la vida social de los barrios populares, desguace estatal y desempleo mediante. Por lo tanto, aparece el dilema de la arbitrariedad de la política social: a todos nos indigna el manejo de los recursos de los pobres. Pero si este uso es fuente del estatus y el poder de agentes centrales de la vida organizativa de los barrios más vulnerables, ¿cómo acabar con el primero sin terminar con esta última? Este dilema –o drama– va a persistir, y seguiremos ampliando el archivo de denuncias, hasta que encontremos soluciones que vayan más allá de visiones parciales o coyunturales.

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