Alicia K impone beneficiarios en el plan para cooperativas

Alicia K impone beneficiarios en el plan para cooperativas
En un acta firmada por dos funcionarias, Desarrollo Social admite que se incorporaron beneficiarios sin el aval del municipio. En la Justicia ya tramita una causa por irregularidades en la inscripción. Y vuelven las protesas.
"El problema en la Argentina no es la pobreza sino la inequidad social, cómo se distribuye" la riqueza. La definición de Cristina Kirchner al anunciar el plan Argentina Trabaja se convirtió en una profecía autocumplida.

Los municipios que no aplican la política de alineamiento con el gobierno nacional comenzaron a sufrir las consecuencias. En el partido de Morón, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia Kirchner excluyó a 253 beneficiarios propuestos por la comuna e incorporó en la lista a otros 200 que responden directamente a la cartera que dirige la cuñada presidencial. Y a los trabajadores de los nuevos emprendimientos les pagaron sólo 600 pesos, la mitad del salario mensual que debían percibir.

A su vez, otro intendente de la tercera sección electoral espera que finalice la feria judicial para dar a conocer una denuncia por la intromisión del ministerio en la inscripción de beneficiarios. El programa original que les daba los municipios la potestad para seleccionar a los beneficiarios parece haber perdido frente a la injerencia directa de los funcionarios de Alicia en el control de los programas.

El plan de Ingreso Social con Trabajo Argentina Trabaja que lanzó la Presidenta el 14 de agosto, un mes y medio después de las elecciones legislativas que fortalecieron a los partidos de la oposición, buscó anticipar el reclamo de los sectores sociales más desprotegidos y volver a soldar el escudo protector de los intendentes del conurbano provinciales dotándolos de poder con una porción de la hipercentralizada caja social, con la intención de evitar una estampida temprana.

El programa integral involucra una inversión de 1.500 millones de pesos para la ocupación de 100.000 personas organizadas en cooperativas administradas por los municipios. El gobierno nacional debe girar los salarios mensuales de 1.300 pesos –poco más de 1.200 en mano– y fondos para los insumos para los trabajos de pequeñas obras públicas y para el pago de los seguros de los trabajadores.

Las semanas posteriores al anuncio comenzó a quedar en evidencia el conflicto por el control del ingreso de beneficiarios. Las organizaciones sociales comenzaron a reclamar espacios para ingresar al plan y realizaron una docena de marchas frente al Ministerio de Desarrollo Social, con dos acampes sobre la 9 de Julio incluidos. La semana que viene repetirán la modalidad de concentrarse bajo las ventanas del edificio que conduce la hermana de Néstor Kirchner.

A los reclamos por participar en la definición de los cupos por parte de las organizaciones sociales, se sumaron ahora las denuncias concretas. En el municipio de Morón, que hasta diciembre estuvo administrado por Martín Sabbatella, el intendente sucesor, Lucas Ghi, suspendió la aplicación del programa hasta que se normalicen los pagos y el Ministerio de Desarrollo Social explique por qué 253 beneficiarios fueron excluidos de la lista.

El arbitrario trueque del ministerio se quedó con la quinta parte del cupo que le corresponde al distrito. "En tiempo y forma se envió el listado de 900 personas para ser incorporadas al plan. Algunos fueron separados de la nómina porque no cumplían los requisitos y se envió una lista complementaria.

A tres meses de la preselección, hay 235 personas que no aparecen en la nómina y nadie nos dice dónde están. Y se incluyeron otras 200 personas que no pasaron por el filtro de la Agencia de Empleo del municipio", explicó a Crítica de la Argentina el secretario de Gobierno de Morón, Diego Spina. Las irregularidades son conocidas en el Ministerio de Desarrollo Social.

Rubén Murphy, a cargo de la Organización de Ingresos Sociales, el área del ministerio que se ocupa del plan Argentina Trabaja, le dijo anoche a Crítica de la Argentina que "el tema está resuelto desde hace 14 horas, estoy tratando de hablar con los funcionarios del municipio y no me atienden el celular".

–Pero si están pidiendo una solución, ¿no es raro que no lo atiendan?, preguntó este diario.

–Le dejé cuatro mensajes en el contestador, le aseguro.

–Nosotros pudimos hablar con los funcionarios sin inconveniente...

–Lo llamo de nuevo, entonces. La situación es estrictamente administrativa y está resuelta. Pero no le voy a dar los detalles –completó Murphy.

Las denuncias de los intendentes contra el ministerio también llegaron a Tribunales. Un jefe comunal, que prefirió mantener reserva de su nombre hasta que termine la feria y vuelva pública su presentación, puntualizó ante la Justicia que una delegación de la cartera a cargo de Alicia Kirchner se presentó inesperadamente y comenzó a inscribir beneficiarios en dos esquinas del municipio. En el escrito, que espera la llegada de un juez, la comuna advierte que no se cumplieron los requisitos que el propio ministerio había fijado. También regresó a la calle. En La Matanza, diez organizaciones sociales acampaban frente a la plaza para denunciar la inscripción de "12 mil personas a través de punteros barriales".

"Queremos transparencia y no militantes políticos"

Diego Spina es el secretario de Gobierno de Morón. Y el encargado de reclamar desde hacer tres meses que se cumpla con los plazos acordados para implementar el plan Argentina Trabaja en el Municipio. "El gobierno nacional debía girar un millón de pesos en diciembre para contratar los seguros de las cooperativas y comprar los insumos, pero no se depositó ni un peso". Y se decidió suspender la capacitación del programa hasta que se solucione.

–¿Cuántos beneficiarios tiene Morón?

– El cupo es de 900. Pero hay 253 personas que no fueron incluidas y aparecieron otras 200 que el propio ministerio reconoce que no tienen el acuerdo del municipio (ver documentos).

–¿Lo atribuye sólo a un error?

–Quiero dejar en claro primero que estamos de acuerdo con la implementación del plan de contención y ayuda social. Pero creemos que los requisitos para acceder deben ser los que estaban fijados y no que se trate de militantes políticos. Que se asignen con transparencia.

–¿Cree que el plan fue sólo un anuncio para contener la protesta social?

–Es evidente que hay problemas en la implementación. Pero nosotros cumplimos con todo los que se pidió.

–¿Por qué hay 200 personas que suma directamente el ministerio?

–No sabemos quiénes son. Ellos no pasaron por el filtro del municipio a través de la Agencia de Empleo. No forman parte de las cooperativas que creamos y no van a trabajar en Morón. No sabemos qué tareas les asignaron ni dónde.

–¿Qué les dijeron en el ministerio?

–Venimos hablando hace meses y nos dicen que se va a arreglar. Pero hasta ahora no hay ninguna solución.

OPINIÓN

Nada escapa a la puja

Damián Nabot

¿Qué políticas de Estado acordó la dirigencia argentina en los últimos años? ¿Qué áreas resolvieron dejar fuera de la puja cotidiana? ¿Qué resolvieron preservar de sus necesidades de diferenciación? ¿Acaso la asistencia a la niñez? ¿Tal vez la generación de una salida común para las decenas de millones de pobres? Nada. Incluso se pulsea sobre las urgencias, se tironea de los planes que, en sus fundamentos, deberían darles el horizonte de un destino a los excluidos.

Se habían prometido cien mil puestos de trabajo con el objetivo de transformar la asistencia en empleos, con la promesa de reconstruir el tejido rasgado por los escombros de los modelos económicos fallidos. Pero las denuncias de inscripciones abusivas, la falta de máquinas y herramientas para avanzar con las obras, las demoras en los cursos de capacitación que debía formar a los beneficiarios muestran una alarmante combinación de negligencia con arbitrariedad política.

Un intendente se lamentaba ayer que tenía presupuesto para pagar sueldos a beneficiarios que podían desempeñarse como albañiles, pero carecía de camiones para transportar personal y equipos. Otro se quejaba porque se abrían cupos para anotarse en el plan Argentina Trabaja sin implementar antes los cursos de capacitación. Nadie lo había previsto. Los anuncios se apresuran sin planificación y siembran el terreno para una categoría que figura en el inventario de las prácticas más aberrantes: el uso de la pobreza como herramienta electoral.

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