Los aliados ponen condiciones para votar las facultades delegadas

El Frente para la Victoria necesita el apoyo de al menos 18 legisladores de otras bancadas
Desesperado como está por encontrar las mayorías que le permitan encontrar una luz en el camino, el oficialismo kirchnerista en la Cámara de Diputados deberá demostrar que la paciencia es una virtud de la que gozan sus principales espadas legislativas para aprobar la prórroga de las facultades delegadas, incluidas las retenciones a la soja.

La ecuación es simple y a la vez preocupante: a los 111 legisladores propios, el kirchnerismo deberá sumarles al menos 18 legisladores de otras bancadas si pretende contar con el quórum para aprobar la prórroga de las facultades delegadas por el Congreso en el Poder Ejecutivo.

En principio, el oficialismo cuenta con los seis votos del Frente Cívico santiagueño, otros seis radicales K de distintos distritos y un puñado de independientes. A simple vista, sería número suficiente, pero la posibilidad de grietas internas llevó al titular del bloque, Agustín Rossi (FPV-Santa Fe), a agotar negociaciones con otros bloques afines.

Una alta fuente del oficialismo reconoció a LA NACION que habría número suficiente para alcanzar el quórum, pero que "no hay garantía" de que esto asegure a la Casa Rosada la cantidad de votos necesaria para aprobar el proyecto oficial.

Así se explican las reuniones y conversaciones que sostuvieron las kirchneristas Patricia Fadel (Mendoza) y Patricia Vaca Narvaja (FPV-Córdoba) con los diputados Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad) y Claudio Lozano (Proyecto Sur), a fin de acercar posiciones. Rossi también conversó con Ariel Basteiro (Encuentro Popular y Social), que integra un bloque de cinco diputados que estuvieron muy cerca del oficialismo.

Cada uno de ellos tiene sus ideas sobre el proyecto oficial. "No queremos que nos cuenten sólo para alcanzar el quórum", afirmó Macaluse a LA NACION, y enumeró la postura de su bloque: aceptarían una prórroga de facultades delegadas sólo hasta marzo, incluido el Código Aduanero, y la creación de una comisión que revisara detalladamente toda la legislación que se delegará en el futuro. A cambio, pretenden discutir proyectos propios, como la asignación universal por hijo, que propone la CTA. Además, propone la creación de otra comisión para debatir en profundidad las retenciones a todos los granos, incluida la soja.

Sobre este punto, Lozano estimó que hay que tener cuidado porque bajar las retenciones del trigo y del maíz, como pretende la Comisión de Enlace, significaría la posibilidad de que aumentaran los precios de los productos básicos de la canasta familiar, como, por ejemplo, el pan.

En cuanto a las atribuciones del Gobierno para fijar alícuotas, el diputado y economista de la CTA afirmó: "La gestión de las retenciones es una facultad del Poder Ejecutivo y no estaría mal prorrogarla, pero luego de elaborado un análisis detallado".

Basteiro coincide con la necesidad de dejarle ya al Gobierno la posibilidad de seguir recaudando a través de las retenciones.

Sin embargo, sostuvo que "no se pueden aprobar en un mismo paquete 1900 leyes", por lo que propone que se posponga el debate sobre el resto de la legislación.

Los radicales K

Basteiro y Macaluse intentaron ayer consensuar una postura común. También participó de las conversaciones la radical K Silvia Vázquez, que no oculta su enojo con el oficialismo.

"No hay espacio político para no debatir las retenciones en el Congreso", afirmó ayer Vázquez, que pidió que se trataran, además, otras iniciativas, como los impuestos a la renta financiera y a la herencia.

A última hora de ayer, los tres diputados del Movimiento Popular Neuquino también pusieron condiciones. "No estamos con la oposición, pero tampoco con el oficialismo. El voto quedará definido cuando veamos el dictamen concreto", afirmó el diputado José Brillo (MPN), parte de otro bloque al que el oficialismo deberá convencer si quiere que la ley salga con un "consenso amplio", como le reclaman los aliados de ayer.

"Fue un discurso que le salió bien"

* El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, respondió ayer a las críticas de la Sociedad Rural. "Me parece un chiste que la Rural haya hablado de los pobres. Al escucharlos, no creo que sea su ambición preocuparse por esa situación. Creo que fue un discurso que les salió bien", afirmó. El sábado, en la apertura de la exposición de Palermo, el presidente de la entidad, Hugo Biolcati, había responsabilizado al Gobierno por los altos índices de pobreza. En declaraciones al periodista Jorge Lanata, Fernández se refirió, además, al resultado de las elecciones. "Se perdió una elección. No se murió nadie ni se perdió una guerra", dijo.

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