Hay algunos más igualesque otros

La discusión por los sueldos de los funcionarios públicos suele estar cubierta por un manto de hipocresía.

Un juez, un ministro, un legislador tienen una enorme responsabilidad, deberían tener dedicación total y una gran capacitación. Por ende, sin demagogias, su remuneración tendría que ser importante.

Importante y transparente. Los pagos extras, por viáticos o gastos de representación, son siempre motivo de conjeturas y suelen representar un ingreso adicional, que no está en el recibo oficial. En los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) de la Provincia niegan de plano que haya sobresueldos.

Lo cierto es que de aquella equiparación de los tres poderes de 2005, los jueces les sacaron ventaja a los miembros del Ejecutivo y de la Legislatura.

Esta semana dieron un paso más, cuando lograron que se aprobase una ley que los equipara con los sueldos de la Justicia federal, donde las retribuciones mensuales rondan los 20 mil pesos.

Siempre se habla de la presión del poder político sobre el judicial. Ahora bien, los reclamos públicos de los magistrados para este significativo aumento, ¿constituyen una presión de los jueces a los funcionarios políticos?

El Poder Judicial cordobés goza de otros privilegios respecto de miembros del Ejecutivo y de la Legislatura. No pagan impuesto a las Ganancias, como lo hace buena parte de los asalariados en la Argentina.

Con el argumento de la intangibilidad salarial, consagrada en la Constitución, cada magistrado escamotea al fisco de dos mil a cuatro mil pesos mensuales. El principio básico del Derecho, de igualdad ante la ley, queda sepultado por la cláusula de las constituciones nacional y provincial.

Además, la diferencia es que gobernador, ministros y legisladores no hacen pública sus declaraciones juradas de bienes, pese a la ley que los obliga a difundir sus patrimonios. Vuelve, entonces, el principio de igualdad. Porque todos somos iguales ante la ley, pero algunos más iguales que otros.

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