El concejal Raúl Pellegrini ingresó en Mesa de Entradas el borrador de la iniciativa que insta a la SAT a tomar acciones para acabar con las múltipoles pérdidas de aguas negras. El proyecto cuenta con el acompañamiento de los restantes siete integrantes de la bancada del ApB.

Según la propuesta de declaración, los vecinos de San Miguel de Tucumán se han acostumbrado a transitar por las calles sorteando aguas servidas que portan bacterias como la escherichia coli y afectan a la salud, provocando diarreas. “Haciéndonos eco de los reclamos de los vecinos, el Concejo Deliberante exige al Gobierno de la Provincia que, a través de la SAT, implemente con urgencia accionces conducentes a erradicar el derrame de líquidos cloacales en la vía pública, garantizando a los habitantes el pleno goce de los derechos a la salud y a un medio ambiente sano”, consigna el borrador.

La relación entre la Municipalidad y la SAT, explicó Pellegrini, se ve afectada por dos situaciones: la no reparación de las calzadas tras las obras de refacción; y los derrames de agua potable y líquidos cloacales. La problemática por los líquidos cloacales, subrayó el edil, aumenta por el “efecto aerosol”: difuminación de partículas a raíz de la difuminación de líquido cuando un vehículo cruza un charco de aguas servidas.

“Hemos solicitado a reparticiones de la Intendencia un estudio de la situación de roturas y pérdidas en la ciudad y, trasladada la información a un mapa, la vista parece la de una ciudad bombardeada en una guerra”, explicó Pellegrini. El edil, inclusive, sospecha que los daños en el pavimento podrían ser premeditados, para afectar la gestión del intendente Germán Alfaro, que debe destinar partidas extras para reparar las arterias de la ciudad. “Tengo serias sospechas de que esta situación tiene una cuota de premeditación. El problema generado es gravísimo”, puso en duda el alfarista.

Desde la asunción de Alfaro, la SAT ha sido parte del conflicto por el reclamo de deudas cruzadas en la puja financiera entre la Municipalidad y el Poder Ejecutivo (PE). Los reclamos arreciaron desde el distanciamiento político entre el ex intendente Domingo Amaya (ahora subsecretario de Hábitat y Vivienda de la Nación) y el ex gobernador José Alperovich (ocupa una banca en el Senado).

De acuerdo a los cálculos oficiales de la Provincia, la deuda que mantiene la municipalidad con el PE alcanza los $ 500 millones, de los cuales $ 268 millones son exigibles. En 2015, en pleno año electoral, entre febrero y noviembre la Provincia le retuvo $ 35 millones por mes a las arcas municipales para saldar una de las deudas. Desde la Municipalidad habían criticado duramente la medida. Desde la secretaría de Hacienda capitalina sostienen que la provincia le adeuda alrededor de $ 280 millones por el Fondo de Financiamiento Educativo.

Desde la secretaría de Obras Públicas municipal habían aseguran que para reparar el deterioro producido en calles y veredas por pérdidas de agua potable y de líquidos cloacales necesitarán alrededor de $ 500 millones. Alfaro había anunciado que acudiría a la Justicia.