Jerárquicos y directivos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) trabajaron a destajo desde el viernes hasta ayer y no pudieron llegar a una conclusión definitiva sobre cuáles serán los alcances del nuevo cuadro tarifario de la empresa, luego de la suba de hasta 600 por ciento en el valor de la energía mayorista dispuesta por la Nación.

Las dudas se deben a varios factores. El principal es el alcance de la tarifa social prometida por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya que en caso de trasladarse linealmente a Córdoba le quitaría una enorme base de sustentación al financiamiento de la empresa eléctrica, dijeron fuentes con acceso a esos análisis.

Incluso, de seguir esos criterios, podrían producirse situaciones no deseadas para un esquema de ajuste general de tarifas, como la posibilidad de que los usuarios situados en barrios cerrados no adviertan cambios en sus facturas dado que ya pagan el valor de la energía sin subsidio.

La cuestión activó ayer una nueva línea de contactos con la atención puesta en que Aranguren emita una resolución específica con alcance para las distribuidoras del interior del país, como ya tienen Edenor y Edesur en el caso de Capital Federal y Gran Buenos Aires.

Dos fuentes, una del gobierno provincial y otra de la propia Epec, dieron por hecho que el futuro cuadro tarifario para cobrar la energía consumida desde ayer tendrá el aumento de la electricidad mayorista y un incremento por el Valor Agregado de Distribución (VAD) por los mayores costos que desencadenó la inflación.

A Buenos Aires

Hoy al mediodía, funcionarios de Epec, entre ellos su presidente, Jorge González, participarán de reuniones convocadas por la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos (Adere) y de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera).

En esas mesas, se pasará en limpio cuál es la situación de cada una de las provincias frente a este incremento planteado por la Nación. Con Buenos Aires regulado por otro andarivel, son Córdoba y Santa Fe las que tienen mayor peso.

Para mañana miércoles, Aranguren convocó a los ministros provinciales del área energética. Fabián López, de Córdoba, acudirá a ese encuentro donde también estará el ministro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio.

Recién a partir de allí habría conclusiones definitivas, lo cual marca que no antes del jueves Epec estará en condiciones técnicas y políticas de emitir un nuevo cuadro tarifario.

El principal problema para esas reuniones es el alcance de la tarifa social, por dos aspectos. Uno es el umbral corte de estipulado por la Nación para acceder al beneficio y el otro, la cantidad de energía consumida para quedar en esa categoría.

Sobre el primero, la resolución 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería fija una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vital y Móvil, 12.120 pesos.

En el interior, consideran los funcionarios provinciales, ese ingreso se corresponde con amplios sectores de la clase media con ingresos seguros. Las distribuidoras verían drásticamente recortada su base de sustentación financiera.

El otro es el piso de corte en materia de consumo. Hasta 150 kWh mensuales, aquellos que cumplan los requisitos de la resolución, estarán exceptuados del pago. Epec, por ejemplo, siempre ha dicho que el grueso de sus clientes residenciales demanda entre 300 y 400 kWh bimestrales.