Alcala y Sterin procesados por los recorridos inflados

El juez federal Pedro Vicente Zabala procesó ayer al ex intendente Nestor Alcala por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública y le embargó bienes por 600.000 pesos, en la causa de los "recorridos inflados" de la empresa El Indio. La resolución también alcanzó a otros dos funcionarios de su gestión, el ex secretarios de Obras Públicas, Jaime Sterin, y el ex director de Servicios Públicos, Arturo Ripa. El cuarto imputado, el dueño de la empresa, Diego Carlos Osorio, quedó desvinculado a raíz de que falleció en julio de 2007.
Con esta medida, Zabala envió a Alcala, Sterin y Ripa a juicio oral y público, aunque los tres tienen la posibilidad de apelar los procesamientos ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Los imputados pusieron todas las trabas posibles -desde el punto de vista jurídico- para zafar de los procesamientos, desde que el escándalo estalló en junio de 2006 cuando lo denunciaron públicamente los concejales del Fregen, Claudia Giorgis (hoy diputada) y Alfredo Carrascal. Incluso llegaron a pedir la nulidad de las indagatorias, pero tanto en el tribunal bahiense como en la Cámara de Casación Penal les rechazaron uno a uno los recursos.

El expediente volvió definitivamente al Juzgado Federal en junio y después de seis meses Zabala llegó a una conclusión que este diario había anticipado hace más de un mes. La fiscal Marta Odasso, cuando recibió vista del expediente, también había opinado que los ex funcionarios debían ser procesados.

Lo que la justicia federal investiga desde hace tres años es si Osorio infló los recorridos de los micros urbanos para obtener más subsidios de Nación, y si en esa presunta maniobra defraudatoria contó con la complicidad, directa o indirecta, de Alcala, Sterin y Ripa. Algunos de ellos avalaron con sus firmas las planillas que El Indio entregó a la Secretaría de Transporte de la Nación -para cobrar las compensaciones- con los kilometrajes inflados. Esas planillas equivalían a una declaración jurada.

Una pauta de las presuntas irregularidades la dio la Comisión Nacional Nacional de Regulación del Transporte (CNR) cuando, luego de la denuncia de los ex concejales, le redujo a Osorio la ayuda estatal por subsidios de 1.900.000 a 1.200.000 pesos anuales y le ajustó los kilómetros por línea y las frecuencias semanales. El otro subsidio no era monetario, sino a través de la venta de gas oil a bajo precio.

El Indio tuvo la concesión municipal del servicio de transporte público hasta el 30 de septiembre de 2006, y lo monopolizó desde 2002, cuando la empresa Pellegrini se fue de la ciudad. La empresa recibió solamente entre enero de 2005 y junio de 2006 un subsidio en efectivo de 843.715,61 pesos y 1.176.568 en litros de gasoil a bajo costo, de acuerdo a la información que supo publicar la Secretaría de Transporte de la Nación en su página de Internet.

Los subsidios para no aumentar las tarifas llegaban por dos vías: a través del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y de un coeficiente en el que se tenían en cuenta los kilómetros mensuales recorridos, la recaudación, la cantidad de pasajeros transportados y el parque móvil afectado al servicio.

La gestión de Alcala siempre buscó despegarse de las supuestas irregularidades y responsabilizó a Osorio. Sin embargo, a fines de 2004, Sterin firmó la disposición 853/04, por la cual el municipio -de acuerdo a los considerandos- tomó "a su cargo las obligaciones de información, verificación y certificación que imponen las resoluciones nacionales relativas al Sistema Integrado de Transporte Automotor". Una de esas obligaciones era verificar el kilometraje de los colectivos.

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