"Alcala sabía de las irregularidades"

El juez federal Pedro Vicente Zabala afirmó que "medió un acuerdo" entre el ex intendente Nestor Ricardo Alcala y dos funcionarios de su gestión con el empresario Diego Carlos Osorio, para "desplegar una maniobra ardidosa" que "causó un perjuicio económico al Estado Nacional" y le permitió a éste último cobrar más subsidios de los debidos por el transporte público.
Esa fue la conclusión central de la resolución por la cual Zabala -en la causa de los "recorridos inflados" procesó el lunes a Alcala, al ex secretario de Obras y Servicios Públicos y Planeamiento Urbano, Jaime Leonardo Sterin, y al ex director de Protección Ambiental y Servicios Públicos, Arturo Mario Ripa, como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública nacional y les embargó bienes a cada uno por 600.000 pesos. Para Osorio quedó extinguida la acción penal porque falleció el 3 de julio de 2007.

¿Cuál fue la presunta maniobra? El Indio, la empresa de colectivos de Osorio que tenía la concesión del transporte público, recorría con 16 vehículos 613.000 kilómetros semestrales y consumía 50.299 litros de gas oil mensuales. Sin embargo, en las planillas que el municipio remitía a Nación figuran 20 vehículos, 950.702 kilómetros y 66.700 litros de gas oil. Los números se inflaron para que El Indio cobrara más subsidios a través de dos vías: el Sistema Integrado de Transporte Automotor y un coeficiente en el que se tenían en cuenta los kilómetros recorridos, entre otros ítems. Un subsidio lo cobraba en efectivo y el otro con gas oil a bajo precio. Los funcionarios municipales quedaron involucrados en el ardid porque dieron fe de esos datos falsos a través de las planillas que firmaron y que equivalían a una declaración jurada.

El caso fue denunciado públicamente en 2006 por los concejales del Fregen, Claudia Giorgis y Alfredo Carrascal, quienes previamente enviaron notas a Alcala. Este nunca las tuvo en cuenta aduciendo que no estaban avaladas por el Concejo Deliberante.

En la extensa resolución, al momento de valorar las pruebas, Zabala expresó que "surge con meridiana claridad que las firmas en las planillas de recorridos presentadas ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Secretaría de Transporte de la Nación conteniendo datos falsos, fueron insertas por Sterin, Ripa y Alcala conociendo la inexactitud, por excesivos, de los datos que declaraban -más kilómetros que los reales recorridos y mayor cantidad de litros de gas oil que los verdaderamente consumidos-, a fin de permitir que Osorio cobrara ilegítimamente los dineros que Transporte transfería a su cuenta y adquiriera indebidamente más cantidad de gasoil a precio subvencionado de acuerdo a las determinaciones que practicaba la CNRT".

Agregó el magistrado: "Advierto que entre Osorio y los funcionarios municipales medió un acuerdo que permitió que el primero, con la colaboración indispensable de éstos, desplegara una maniobra ardidosa que causó un perjuicio económico al estado nacional, al declarar datos falsos que le permitieron incrementar indebidamente el monto de los subsidios de los que era beneficiario". Además habló de una "colaboración indispensable" de los imputados para "completar la maniobra fraudulenta que desplegó Osorio".

No podía desconocer.

¿Cuáles fueron los fundamentos de Zabala para procesar a Alcala? Los siguientes:

* "Un requisito ineludible era que la información sea avalada a través de la realización de los controles pertinentes, por las autoridades municipales. Fue justamente que en función de esa previsión, en el ámbito provincial se firmó un convenio y en el ámbito local se dictó la resolución 853/04 -firmada por Jaime Sterin-, a través de la cual el municipio como concedente del servicio de transporte público urbano, aceptó los términos de las resoluciones nacionales 337/04 y 455/04 de la Secretaría de Transporte y asumió a su cargo la obligación de informar, verificar y certificar los datos que se enviaban a esa dependencia nacional para la gestión de los subsidios".

* "El mismo día en que se dictó esa resolución, se notificó a Osorio que era la Municipalidad 'directamente responsable' (sic) de la remisión de la documentación indispensable para cumplir con las resoluciones 337/04 y 455/04, y que por ello se le solicitaba el envío antes del día 10 de cada mes de las constancias necesarias para la tramitación de los subsidios. Teniendo en cuenta entonces las disposiciones vigentes -tanto nacionales como municipales- sobre la materia en el momento en que se produjo el defasaje de datos, y todas las constancias agregadas en el sumario administrativo que dan cuenta del cabal conocimiento que tenían las autoridades municipales sobre los alcances y responsabilidad de su intervención, no es posible sostener que el intendente, el secretario y el director, que desde el inicio de la gestión intervinieron sistemáticamente en la firma de las planillas, hubieran firmado y avalado los datos falsos declarados por Osorio sin advertir la diferencia, como resultado de un conocimiento poco profundo de la normativa nacional sobre gestión de los subsidios, por falta de claridad de la normativa dictada por la Secretaría de Transporte o por tratarse de un trámite administrativo en el que intervenían diversas áreas que los obligara a firmar 'en confianza'".

* "El aumento en los kilómetros declarados ocurrió, sugestivamente, tan sólo dos meses después que se designara a Osorio como beneficiario directo y a la Municipalidad como única autoridad interviniente en el trámite del cobro (NdeR: a partir de cambios en el mecanismo de subsidios); y luego de transcurrido poco más de un año de iniciada la gestión del ex intendente Alcala, cuando ya se habían presentado numerosas planillas con los datos correctos. Entonces, la falta de experiencia en la materia o de trayectoria en los cargos -Alcala además tenía una conocida trayectoria política anterior con ocupación de cargos públicos- no son causales de excusación válidas".

* Más allá del sinnúmero de actividades de los funcionarios, "de acuerdo a la resolución 853/04 (ellos) asumieron expresamente la obligación de avalar los datos que eran enviados a Transporte y a la CNRT, por lo que mal puede justificarse su conducta en el cúmulo de tareas y en la delegación de funciones para probar el supuesto desconocimiento sobre los alcances y responsabilidad que les cabía en esa diligencia".

* "Es claro también que la confección de las planillas tenía un trámite desprolijo y que la actuación del personal administrativo que intervenía en su confección aparece como despreocupada; pero ello en modo alguno puede eximir de responsabilidad a Ripa, Sterin y Alcala, quienes eran los funcionarios encargados del control -a través de la información, verificación y certificación- de los datos que se declaraban a la CNRT y a Transporte".

* "Si la intervención de Alcala en la firma de las planillas hubiera sido responsable y diligente -como sostuvo en su descargo-, no se explica porqué, siendo el máximo responsable comunal con suficiente autoridad para dictar el acto administrativo adecuado, esperó recién a la difusión periodística del tema, según él mismo admitió, para disponer la investigación administrativa de las presuntas irregularidades. Y menos aún, que justifique su inacción aduciendo que los canales de comunicación utilizados por los concejales Giorgis y Carrascal (simples notas) no eran los pertinentes, cuando ello le hubiera permitido -por contar con los medios técnicos necesarios- cerciorarse cuanto antes sobre cualquier perjuicio que estuviera sufriendo el municipio -por cuya protección de intereses debía velar- y, eventualmente, suspender preventivamente el trámite de licitación que estaba en curso (NdeR: que concluyó con la adjudicación al Grupo Plaza)".

* "La CNRT, con la misma información que los concejales pusieron a disposición del intendente, procedió al rápido reajuste de las distancias y cantidades semanales de servicios urbanos municipales y kilometraje semestral realizado por la empresa subsidiada, y requirió a las autoridades municipales que rectificaran las declaraciones juradas, sin perjuicio de lo cual nunca recibieron explicaciones".

* "Alcala no podía desconocer que ese trámite (la entrega de subsidios) implicaba la erogación de dinero al gobierno nacional, que esos datos eran fundamentales para fijar el quantum de la disposición patrimonial y, fundamentalmente como funcionario público que era, no podía desconocer que declarar datos falsos constituye una maniobra ilícita".

* "No se explica cómo, si el intendente sabía de la importancia de los datos en planillas para saber cuánto tenía que pagar el municipio del costo del boleto, desconociera la relevancia de aquellas otras que contenían los datos que se enviaban a la CNRT y a Transporte para gestionar el cobro de los subsidios a favor de Osorio, más cuando los anexos recababan muchos de esos datos y llevaban su firma".

* * "Su accionar, entonces, no permite sino presumir fundadamente que efectivamente sabía de las irregularidades que denunciaban los concejales y que su accionar tardío -en la investigación del problema- obedeció a su interés en postergar lo más posible la revelación de su responsabilidad y la de sus funcionarios subalternos".

El GPS que no anduvo

Zabala, en líneas generales, utilizó los mismos fundamentos con los que procesó a Alcala para hacerlo con Ripa y Sterin, aunque a ellos dos le dedicó menos párrafos. El juez no le creyó a Ripa el argumento defensivo de que siguieron trabajando -a partir de una base de kilómetros- como lo hacía la administración municipal anterior, que había estado a cargo del hoy gobernador Oscar Mario Jorge.

El magistrado dijo que al ex director "no le pasó inadvertido" su aval a incluir datos erróneos y no se explicó cómo habiendo viajado a Buenos Aires con el director general de Servicios Públicos, Pascual Amoresano (NdeR: procesado por enriquecimiento ilícito; el juicio se harán en 2010) para interiorizarse sobre los trámites del cobro de los subsidios, meses después "incurriera en supuestos 'errores' al presentar las declaraciones falsas, cuando las anteriores habían sido llenadas correctamente".

Sobre Sterin, Zabala manifestó que "se encontraba al corriente de las contingencias que involucraba al servicio de transporte público y que, habida cuenta que durante un año antes a las declaraciones falsas fueron enviados los datos correctos, su inserción de firma avalando datos falsos fue realizada conociendo tal situación".

Un dato final imperdible: Rodolfo Fiks, por entonces en el departamento de Transporte y actual director de Tránsito, dijo como testigo que quisieron constatar los recorridos de los ómnibus "mediante el uso de un navegador satelital GPS, pero no lo supieron hacer funcionar".

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