El 10 de marzo murió electrocutado Horacio Flores, de 30 años, cuando salía de bañarse. Cables, conexiones clandestinas, duchas comunes, paredes húmedas. Todo parecía listo como para que alguien en algún momento perdiese la vida.

Pero no fue la primera muerte en la Unidad Penal XV de Batán, y puede no ser la última si desde el Estado no se toman las medidas para revertir las situaciones “crueles, inhumanas y degradantes que padecen diariamente los privados y privadas de libertad”.

Desde la Mesa contra la Violencia Institucional de Mar del Plata se emitió un documento para visibilizar lo que sucede tras los muros de las cárceles ubicadas en el predio del complejo Batán.

“Tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y Judicial poseen las herramientas jurídicas y políticas para transformar tan apremiante realidad”, señalaron, y recordaron que es necesario regirse bajo lo que prescribe la Constitución Nacional, que en su artículo 18 establece que las cárceles deben ser sanas y limpias y no para castigo de los detenidos. “Sin embargo nuestras cárceles matan y lo hacen en forma sistemática”, alertaron.

El año pasado el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, junto a integrantes de esta Mesa contra la Violencia Institucional interpuso un Habeas Corpus solicitando entre otras medidas la clausura de un pabellón y de algunas celdas.

El recurso se resolvió favorablemente por el Juez de Garantías Juan Tapia, y en este marco se realizó una pericia –llevada adelante por un ingeniero y un arquitecto pertenecientes al cuerpo de peritos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-, que puso de manifiesto “el peligro de vida que corrían los detenidos por riesgo de electrocutación”.

Asimismo, repararon desde la Mesa, quedó manifiesta “la peligrosidad de morir incendiados por la falta de posibilidad de salir en forma urgente de las celdas debido al estado en que se encontraban las salidas de emergencia como así también los candados que encierran a los presos, llegando a concluir que la Unidad Penal 15 no se encontraba apta para alojar detenidos, por incumplir con las normas mínimas que prevén los Tratados Internacionales en la materia”.

“No debemos olvidar que es obligación del Estado garantizar la vida de las personas que se encuentran detenidas a su cargo al perder su libertad”, añadieron.

Ante la grave situación, se generó una Mesa de Trabajo integrada por altos funcionarios de la Justicia local y del Poder Ejecutivo provincial, a fin de abordar la “siniestra realidad en que viven nuestros detenidos del Complejo de Batán”.

“Esperamos que esa mesa permanente de trabajo creada por el ministro de Justicia, Ricardo Casal, para el Complejo Batán se expida al respecto”, reclamaron a través del documento.

Solo en el Departamento Judicial de Mar del Plata se han interpuesto más de treinta denuncias penales por incumplimiento de resoluciones judiciales derivadas de Habeas Corpus correctivos. Esas peticiones buscan “modificar aquellas situaciones que configuran un agravamiento en las condiciones de detención, como falta de atención médica, alimentación deficiente, torturas y malos tratos, condiciones de habitabilidad denigrante e indigna”.

Es por ello que se hizo un llamado a los fiscales de la Provincia de Buenos Aires, como encargados de llevar adelante la instrucción de las causas penales, para “que instruyan las causas en las que se denuncian estas situaciones que atentan contra el estado democrático de derecho”.