Ajuste salarial: el Gobierno dejó otra vez pagando a las provincias

Por: Alcadio Oña

La Nación ocupa a unos 240 mil empleados públicos. Las provincias, casi seis veces más, arriba de 1,3 millón. El gasto en personal representa un 10% del Presupuesto Nacional. Para el conjunto de las provincias, alrededor del 51%.

Los números revelan el muy diferente impacto que tiene un aumento salarial en las finanzas de un Estado y en las de los otros. Y vienen a cuento del efecto implícito en el 15,5% que el Gobierno acaba de anunciar para la administración pública nacional: gatillará reclamos de los estatales provinciales por un ajuste similar, con el riesgo de conflictos gremiales si no hay equiparación.

Está claro que el aumento guarda relación directa con las elecciones del 28 de junio. Igual de notorio es que se trató de una decisión unilateral, tomada sin consulta alguna con los gobernadores; justo con quienes deberán cargar con la factura mayor. Lo mismo había pasado con la suba a los docentes, aun cuando desde los tiempos de Domingo Cavallo la cuenta de los maestros también sea cuestión de las provincias.

A pesar de todos sus significantes, la medida no es precisamente una muestra de apego del poder central al federalismo. Tampoco a los mecanismos institucionales: existe una Secretaría de Provincias en el Ministerio del Interior y una Subsecretaría de Relaciones con las Provincias en el Ministerio de Economía, cuya función, para el caso formal, consiste en armonizar políticas nacionales.

En algunas provincias grandes ya se habían pactado aumentos salariales de entre el 8% y 9%. Y si lucía inevitable que vendrían planteos por más en el segundo semestre, el 15,5% resuelto por el Gobierno nacional se ocupó de remachar esa impresión.

No está en debate la justicia del ajuste, pues los sueldos estatales han quedado rezagados respecto de los privados en blanco y mucho más en relación a los de ciertos gremios. El punto es el rojo subido de las finanzas del interior.

Para el conjunto de las provincias, cada punto porcentual de aumento cuesta 630 millones de pesos. Y así sea en dos etapas, como en la Nación, un 15,5% hará saltar el déficit provincial por arriba de los $ 10.000 millones en 2009. Con dos datos añadidos: uno, que ahora mismo no tienen como financiarlo con sus propios recursos ni crédito en el sistema privado; otro, que el peso de la suba caerá completo en las cuentas de 2010.

Los gobernadores no disponen de la ANSeS, de los depósitos de organismos públicos o los recursos del Banco Central, que el Tesoro Nacional exprime a todo trapo para cubrir su agujero fiscal. Se cuidan de estar religiosamente al día con los salarios, pero patean cada vez más para adelante los pagos a proveedores y contratistas, de dos a tres meses. Algunas provincias lo hacen de hecho; otra ya ha ventilado su decisión de suspender desembolsos por 120 días.

Tal vez ninguno transforme en actos las ideas de apelar a las cuasimonedas, menos antes de las elecciones. Sin embargo, más de uno estará en apuros con el medio aguinaldo de julio. O recurrirá a la "bonificación" de la deuda flotante que se va acumulando con proveedores y contratistas.

Sin otras fuentes de financiamiento, las provincias serán más dependientes todavía de la plata del Gobierno central. Aunque está visto que no es dinero lo que sobra en la caja de Olivos.

Existe una alternativa a la caja del poder, según cual sea la relación de fuerzas que emerja tras los resultados del 28 de junio o quizás con independencia de la que salga. Simplemente, pelear por los recursos que la Nación no coparticipa con el interior.

En la grilla de candidatos posibles el que primero aparece es el Impuesto al Cheque: apenas un 15% de su recaudación va a las provincias; el 85% restante queda en la Nación. Según proyecciones de la consultora Economía & Regiones, si ese impuesto se coparticipase las provincias recibirían $ 7.500 millones este año, en vez de los 3.200 que sacarían bajo el actual sistema de reparto.

El punto es que la ley vence el 31 de diciembre. Nadie se negará a prorrogarla, pues perderían todos. En cambio, se abrirá en el Congreso la oportunidad de rediscutir cómo se distribuye la recaudación: en 2008, los votos oficialistas vencieron por poco a los de la oposición; ahora, el cantar puede ser diferente.

Otro filón que probablemente atacarán las provincias consiste en hacer cumplir, efectivamente, la ley que les garantiza un piso del 34% en la recaudación impositiva de la AFIP. Nunca se respetó desde que fue sancionada, en 2001. Y sólo este año, cederían allí otros 3.000 millones.

Con las finanzas al rojo, los gobernadores ya se aprestan a dar batalla por los recursos, comenzando por los del PJ. Y no vaya a ser que en la volteada también entre la recaudación impositiva que sostiene la caja de la ANSeS: la parte que se les quita por la coparticipación directa, por el IVA y Ganancias. Nada casual es que el kirchnerismo repiquetee con sus mayorías en el Congreso. Es lo que viene.

Comentá la nota