El ajuste político acelera la reestructuración del Concejo

El ajuste político acelera la reestructuración del Concejo

Los jefes de bloque habían iniciado conversaciones. El anuncio del intendente ejerció presión. También el congelamiento dispuesto por Massa y Cristina Kirchner. Decisión en un tema controvertido y moderación en otro.

“Nada es al azar. Todo tiene una explicación”, repetía en el amanecer de la semana un hombre de confianza de Guillermo Montenegro. La del recorte salarial de un 20% para el intendente y de 15% para la planta política del municipio debe rastrearse en los reclamos de un ajuste en la política que alumbró la discusión de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Esos que tuvieron su registro más evidente en la plataforma de peticiones Change.org, donde más de 260 mil personas firmaron bajo la consigna “Que la solidaridad empiece desde la política”.

Los intendentes de Las Flores, Chivilcoy y Coronel Suárez se habían anticipado. Montenegro no tardó en sumarse. A las puertas de la temporada, el anuncio del intendente de la ciudad símbolo del verano tuvo su consabida repercusión nacional.

Lo comunicó después de una reunión con sus secretarios a la que asistieron, como empieza a hacerse habitual, los jefes de los tres bloques oficialistas: Vamos Juntos, la UCR y la Coalición Cívica. Uno de ellos, Alejandro Carrancio (VJ), salió del cónclave en el Centro de Monitoreo, se metió en su oficina del Concejo, se juntó con los otros integrantes de la bancada (Guillermo Volponi, Agustín Neme y Nicolás Lauría) y sin perder tiempo se sacó una foto que llevaba un mensaje: que el Concejo Deliberante “adhiriese” al anuncio del intendente.

Si la medida de Montenegro ya había hecho que todas las miradas se inclinaran al cuerpo legislativo, la instantaneidad de Carrancio terminó de dirigirlas hacia ese ámbito que en los últimos años acumuló desgaste por las controversias presupuestarias con el gobierno de Arroyo. 

El malestar se palpó de inmediato. Ningún bloque se sumó públicamente a la propuesta de Carrancio. Solo Angélica González, de la Coalición Cívica, saludó con un retuit la medida de Montenegro. Se hizo notar el silencio radical.

En la presidencia del cuerpo, a cargo del radical Ariel Martínez Bordaisco, arguyeron que era imposible anunciar alegremente una medida similar sin estar del todo consensuada con todos los bloques. Apuntaron dos elementos. El primero es que está en marcha una auditoría sobre la gestión del Concejo en los últimos cuatro años, cuando se disparó el gasto legislativo. El segundo es que habrá una reestructuración que se anunciará en pocos días.

Carrancio declaró que pondrá a discusión su propuesta en la próxima reunión de jefes de bloque, prevista para esta semana. Encontrará resistencia: no hay acuerdo para que los ediles se recorten el sueldo. Argumentan que cobran cinco salarios básicos, no 16 como el intendente. Piensan, en cambio, en una reforma en el esquema de asesores que incluiría una modificación en el reglamento interno. Para anunciarla se espera el número fino del presupuesto que manejará este año el Concejo.

Sucede algo extraño. Los concejales ya debieron someterse en los últimos meses a un ajuste presupuestario. El problema es que ese recorte fue consecuencia de la extralimitación en los gastos que se produjo, sobre todo, en los últimos dos años. Y que fue una obligación: si no lo hacían no cobraban sus asesores. Por lo tanto, no era una decisión que pudiera publicitarse como un gesto de austeridad genuino. Solo los medios y periodistas que siguen la actividad del Concejo dieron cuenta de la medida. Que de todos modos no alcanza para transparentar la gestión legislativa.

Si faltaba un condimento para agregar presión, sobre el filo del fin de semana se conoció la noticia de que Sergio Massa y Cristina Kircner congelaban por 180 días las dietas de diputados y senadores nacionales. El numeroso bloque del Frente de Todos local, que gestiona la reestructuración con el presidente del Concejo, se encontró de golpe con nuevos e insoslayables motivos para no demorarla. La reacción inmediata fue proponer una medida espejo en el Concejo.

El anuncio del titular de la Cámara baja y de la vicepresidenta se conoció luego de que se cayera la ley impositiva de Axel Kicillof en el Senado provincial, que derivó en acusaciones del gobernador a María Eugenia Vidal. Habrá que prestarles atención a las repercusiones de esa reyerta entre el oficialismo y la oposición bonaerense. En Mar del Plata, se recuerda, desde el 10 de diciembre gobierna un vidalista.

Hay otras decisiones de Montenegro que también involucran a los concejales. Así como solicitó la remisión de la licitación del transporte para elaborar un pliego propio, no heredado de la gestión anterior, tiene planeado obrar de forma similar en el espinoso expediente de la Plaza del Agua. La gestión de Arroyo propuso una concesión a título oneroso, sin licitación, por 15 años. Generó fuertes críticas y no pasó el filtro de las comisiones. La intención de Montenegro es que directamente se presente en formato de iniciativa privada, un sistema que prevé una licitación con ventajas para la empresa iniciadora.

El intendente también debió sortear en los últimos días una prueba de moderación. No se necesita sagacidad para reparar en su excelente relación con Patricia Bullrich, la exministra de Seguridad de la Nación. Fue ella la que le permitió anunciar en plena campaña la llegada de gendarmes a Mar del Plata mientras Arroyo se enteraba de la decisión por los medios. Fue ella la que lo puso a su lado en el anuncio del Centro de Formación de Gendarmes en Chapadmalal. También la que le proporcionó nombres a su lista de concejales y a su gabinete. Sobresale el secretario de Seguridad, Darío Oroquieta, exladero de Bullrich.

Que la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, haya borrado de un plumazo el decreto que creaba el Centro de Gendarmes en Chapadmalal no fue, por lo tanto, una noticia más. Es una novedad que impacta al gobierno local. Pero ese impacto no se reflejó en la postura oficial: Montenegro volvió a elegir el sendero de la moderación.

El propio Oroquieta fue el encargado de difundirla. El mensaje fue: Chapadmalal era una buena idea, pero si para el gobierno nacional no es el lugar indicado, hay predisposición para buscar otra sede en Mar del Plata. La forma más suave de transmitir un desacuerdo y de añadirle un pedido: que la ciudad siga siendo un destino posible para establecer una escuela de gendarmes. Una posibilidad que, vale refrescarlo, no menciona ningún artículo de la resolución de Frederic.

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