Ajuste educativo

Ajuste educativo
El gobierno habla de optimización de recursos. Para los gremios es sacarles a los trabajadores. La misión de Nora de Lucía, el conflicto desatado ante la primera medida y dónde se pone el foco para cumplir con el mandato de Scioli

Daniel Scioli sabía que intervenir quirúrgicamente sobre las cuentas de la Dirección General de Cultura y Educación podía traerle dolores de cabeza no experimentados en su primer mandato.

Nora de Lucía conoció desde el mismo momento de su designación al frente de la cartera las dificultades de la tarea encomendada, e intuyó las posibles consecuencias. Lo que ninguno de los dos imaginó fue el conflicto desatado tras la primera iniciativa en la búsqueda de la “optimización de gastos”, como llaman en el gobierno a las medidas económicas.

El mandatario encomendó a De Lucía la tarea de operar en el área que recibe el 35 por ciento del presupuesto provincial.

La dicotomía aparece ahora sobre cómo y dónde realizar los cortes precisos que dejen las menores cicatrices posibles. Puertas adentro, de uno y otro lado, se reconocen fallas en ciertos controles, traducidas en pagos no correspondientes.

Quienes critican el accionar del Ejecutivo advierten que “se quiere reducir por el lado de los trabajadores y no donde están las irregularidades”. La defensa del gobierno es: “Ya trabajamos sobre esos controles que fallan, y en los dos primeros meses de la nueva administración se achicó el gasto, porque hay reformas en el sistema”.

La medida más polémica hasta ahora fue recortar diez por ciento de horas extras. Los gremios, incluso aquellos no afectados por la decisión, hablan de “ajuste”.

La iniciativa involucra a afiliados de ATE, Soeme y UPCN, donde se nuclean los empleados que trabajan bajo el régimen de la ley 10.430 (y son quienes cobran extras y viáticos). Los dos primeros aparecen como los más combativos en el conflicto, y quienes sostuvieron la toma de la sede central de la DGCE.

El sciolismo apuntó a Fernando Marín, de la agrupación 11 de Septiembre, como el responsable del copamiento del edificio. En el espacio aseguran sufrir “una persecución política por parte del gobierno”. Pero la mayoría de las entidades sindicales apoyan la protesta, elevada en las últimas horas con movilizaciones y amenazas de retención de tareas por parte de los sindicatos que contienen a los maestros, en caso de dificultades con el cobro de los haberes.

En rigor, se desató demasiada tormenta si se mide cuantitativamente a los trabajadores afectados y el monto del ahorro. Es preciso consignar, no obstante, que la orden de recortar el diez por ciento de las horas extras fue una resolución del ministerio de Economía para todas las áreas del gobierno bonaerense.

Los gremios de los empleados de la 10.430 coinciden en que “éste era un conflicto evitable”. Debería agregarse el acarreo del mismo, puesto que parece haberse apurado el reclamo salarial de los sindicatos en general y de los docentes en particular. Una contradicción propia de estos tiempos es el reclamar por el no recorte y, a la vez, exigir más salario; amén de otros reclamos realizados desde el Frente Gremial, como el atraso en el pago a transportistas escolares y a los proveedores de los comedores y la falta de arreglo de infraestructura.

Es curioso, pero todos concuerdan en que “no puede ser semejante lío por 700 mil pesos por mes”. Entre las conjeturas sindicales aparecen las sospechas de “una falta de recursos para hacer frente a todos los sueldos y a los proveedores”; es decir, un aprovechamiento del conflicto para esconder el verdadero problema.

“Nosotros pedimos la restitución de las horas y la reincorporación de 126 agentes de planta temporaria y 14 contratados; el total del monto que se ahorra el ministerio con estas medidas son 752.000 pesos por mes”, describe Alejandro Sánchez Moreno, miembro de la Junta Interna de ATE.

Sobre los 126 empleados, oficialmente se aclaró que entraron este año, y trabajaban y cobraban sin tener alta “con una carátula que nucleaba a todos y una fotocopia del do-cumento”. También se aseguró que “se tomó la decisión de restituirlos con los trámites ya iniciados para que sean formalmente temporarios”, porque se comprobó que efectivamente cumplían funciones. No tendrían la misma suerte los catorce contratados del área web, ingresados pocos días antes de la llegada de De Lucía.

De Educación dependen casi 320 mil trabajadores, pero el conflicto más grueso surgió de los 8.000 del régimen de la ley 10.430, de los cuales no todos cobran horas extras. De hecho, se habla de menos de un 20 por ciento afectado por el recorte. En los sindicatos dicen los agentes afectados dejarían de percibir entre 1.000 y 1.500 pesos por mes. “Es imposible, nadie supera los 3.500 pesos de horas extras; por lo tanto, si se re-corta el diez por ciento dejarían de recibir a lo sumo 350 pesos, porque el corte lo hacemos sobre quienes más cobran”, es la respuesta del gobierno.

También ponen la lupa en la cantidad de horas, y se revisarían las otorgadas a personal de otros ministerios que cumplen adicionales en el área administrativa de Educación, priorizando a los empleados de la cartera.

En tanto, un responsable sindical recordó que “en 2010 se cobraban Urpes, y cuando Nora de Lucía era subsecretaria en Economía resolvió cortarlas; por eso se encontró como solución, para no afectar los sueldos, convertirlas en horas extras”.

“Si el problema es el defasaje presupuestario en las suplencias, no se entiende que la ministra se pelee con los tipos que tienen que solucionar el problema”, se acotó desde la toma.

Otras medidas

¿De Lucía llegó a la sede de calle 13 de La Plata para achicar unos 700 mil pesos por mes? No. Puede ser ese monto un granito de arena, pero no significa el gran objetivo. Por ello surgen interrogantes y planteos que van más allá.

“Durante la administración anterior (de Silvina Gvirtz), en Escuelas se dejó de usar el sistema de altas y bajas, por el cual, para dar el alta de un maestro titular cuando regresaba al cargo se debía dar primero de baja al suplente. Eso se modificó y quedaron suplentes cobrando sueldos junto al titular restituido”, aseguraron fuentes gremiales a La Tecla.

Algunos atribuyen a la falla un gasto extraordinario de 500 millones de pesos acumulados en el año. Otros afirman que es imposible cuantificarlo, y que esa cifra es demasiado elevada. De todos modos, ésa sería la principal misión para las nuevas autoridades. Por ello sorprenden ciertas decisiones cuyo costo aparece demasiado elevado, comparado con el beneficio, como la de las horas extras.

Reacomodar esos controles es una medida necesaria hacia delante en cuanto a la optimización del gasto, pero también la tarea significaría una revisión hacia las liquidaciones anteriores, para detectar las irregularidades y dar con los responsables, ade-más de hacer los descuentos pertinentes a quienes hubieran cobrado de más.

En cercanías de la funcionaria aducen “un cambio en el sistema, retomando el que sólo permitía llenar un casillero si primero era vaciado, lo que evita que se pague a más de una persona por el mismo cargo, como se ha detectado que sucede”. Además aseguran haber cruzado todas las bases de datos.

La carga de altas, bajas y novedades quedará descentralizada en las regionales y distritales, porque “eso acelerará los trámites de una carga que hasta ahora se hacía manual”. Confían en que con esa medida “se reducirán irregularidades como los muertos que se encontraron que cobran, o licencias sin goce de sueldo que eran pagadas, un privado de la libertad que cobraba extras y docentes que figuran hasta con ocho cargos, lo que es imposible de cumplir”. Estos casos serán constatados con los inspectores regionales.

“Los 700 mil pesos por mes que quieren ahorrar con las extras los podrían ahorrar achicando la estructura, como estaba en el 2011, y sin traer de afuera asesores de categoría 29”, acusó un sindicalista de los más combativos. Desde el sciolismo se afirmó que “eso también lo estamos haciendo, se va a achicar todo el raviol del ministerio”.

En la búsqueda de “optimizar recursos”, en línea con el mandato de Scioli, De Lucía pidió el lunes por la mañana la planilla de órdenes técnicas y de asesores docentes, para producir bajas. Habría dado marcha atrás esa misma tarde, probablemente para no provocar otra reacción gremial.

La ministra garantizó el pago de los haberes correspondientes al mes de septiembre, pero los responsables de la liquidación aseveran que se encontrarán fallas en los sueldos, porque ellos no los cargaron.

Antes de liquidar los salarios, el ministerio cambió a los responsables del departamento de Informática, y aseguran que con cinco empleados se terminó de realizar la liquidación mensual. El trabajo se hizo fuera de la sede de Educación. De todos modos, no se cargaron las horas extras, que se cobraban el lunes 1.

Una de las estrategias de quienes protestan era, precisamente, retrasar el pago de los haberes, con lo cual conseguirían la reacción mucho más decidida del Frente Gremial y otras agrupaciones sindicales representativas de los maestros y profesores. La huelga iba a ser inminente. Por esa razón comenzó una verdadera caza de brujas sobre los supuestos “carneros”. Apuntaron en la asamblea al funcionario Jorge “Tato” Dell’Oro, quien encabezó la liquidación junto a otras cinco personas. Dell’Oro posteriormente denunció amenazas.

Sin dudas, satisfacer las demandas del Gobernador sin exacerbar protestas y escándalos sindicales aparece como una empresa dificultosa para la responsable de la cartera educativa, que a esta altura de las circunstancias extrañaría su silla en el Senado, donde tiene licencia hasta diciembre.

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