Un capítulo de la futura reforma impositiva estará dedicado a la "economía participativa", aquella que funciona entre privados por Internet, como el sitio web Airbnb, donde dos particulares pactan un alquiler en cualquier lugar del mundo sin pasar por una inmobiliaria, o los taxis de Uber, así como a los bienes y servicios digitales ofrecidos por Internet, según Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos. El adquirente sufrirá una retención de impuestos en la tarjeta de crédito, ya que al oferente los fiscos no tienen cómo localizarlo.

El actual presidente Mauricio Macri creó el entonces llamado "impuesto Netflix" cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A fines de 2014, la administración macrista ganó la pulseada en la Justicia y le impuso a Netflix, Spotify y otras empresas que prestan servicios en el país, pero no pagan impuestos por hacerlo desde el exterior, un gravamen del 3% sobre el valor de compra de sus productos, como anticipo del pago de Ingresos Brutos. Rige desde febrero de 2015.

La provincia de Santa Fe cobra una alícuota de 3,6% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las empresas que comercialicen en forma electrónica entretenimientos audiovisuales. El 25% de lo recaudado se destina al desarrollo de las industrias de base cultural de la provincia.

Abad dijo en conferencia de prensa que para llegar a cobrarles impuestos a estas empresas de Internet deslocalizadas "se tendrían que poner de acuerdo cien países", y de hecho las normas BEPS para evitar la deslocalización de las rentas y la perforación de la base imponible de los grupos económicos "tiene un capítulo para la economía participativa", indicó el funcionario.

Pero, mientras tanto, la manera que han encontrado los fiscos del país y del mundo para no quedar afuera del festín del enorme movimiento económico que promuevo el fenómeno de Internet es cobrarles un impuesto a los que compran o reciben el servicio, con lo que empezó por llamarse "Impuesto Netflix", aunque ahora el fenómeno a crecido tanto, con operaciones que implican jugosas rentas, que ese nombre quedó pequeño.

La clave para que se pueda cobrar impuestos a Airbnb, Uber, Netflix, Spotify, los juegos electrónicos, etc. es que la OCDE termine de definir qué es presencia digital significativa en un país, concepto que reemplazaría al de establecimiento permanente que hoy figura en todos los convenios bilaterales para evitar la doble imposición.

Pero no se ha encontrado a nivel internacional cuál puede llegar a ser el establecimiento permanente para la atribución impositiva. Una página de Internet no puede serlo porque habría infinitos, a medida que se va abriendo por el mundo. El server tampoco, porque es algo que se opera automáticamente, sin presencia humana. Podría ser el service provider pero es un tercero, lo único que hay es un contrato.

En Estados Unidos, las plataformas como Netflix pagan impuestos, por ejemplo, en Pennsylvania, Chicago y Minnesota, con un canon que va entre el 6% y el 9%, y también lo cobran varias ciudades canadienses.