Ahora la oposición se prepara contra la "vetocracia"

Los presidentes de las principales bancadas se entusiasman con impulsar desde el 10 de diciembre el uso del plebiscito, que anula las chances del Poder Ejecutivo para modificar las leyes.
Para contrarrestar el nuevo impulso que tomó el Gobierno después de los últimos triunfos parlamentarios, la oposición ya empieza a trazar la estrategia que desplegará tras el recambio de bancas el próximo 10 de diciembre. Por estos días, el núcleo opositor más duro –Unión PRO, la Coalición Cívica, el radicalismo, el PJ disidente y un sector del socialismo– articula tres ejes: conseguir mayoría en las comisiones hoy controladas por el kirchnerismo, fijar una agenda propia de temas y, lo más novedoso, impedir lo que denominan "vetocracia" a través de consultas populares.

Esta última movida surgió en una reunión anteanoche, en un bar de Constitución. Allí estuvieron, antes de dar un reportaje en un canal de televisión, los jefes de las principales bancadas opositoras en la Cámara de Diputados: Oscar Aguad, de la UCR; Federico Pinedo, de Unión PRO; y Adrián Pérez, de la Coalición Cívica. Entre maníes y cerveza, a excepción del "lilito" que optó por una gaseosa, el radical les planteó a sus pares la idea de convocar a una consulta popular para modificar las leyes más sensibles al kirchnerismo, como la ley de medios, la reforma del Consejo de la Magistratura, el rediseño del INDEC y los llamados "superpoderes".

¿Por qué usar ese mecanismo si la oposición sumará más bancas y cambiará la correlación de fuerzas el año que viene? La respuesta está en el artículo 40 de la Constitución, que establece que el Congreso, a iniciativa de la Cámara baja, podrá someter a plebiscito un proyecto de ley que luego no podrá ser vetado. "El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática", dice el articulado. Es decir, por esta vía es imposible que Cristina Fernández de Kirchner anule las iniciativas sancionadas por el nuevo Parlamento, menos afín a la Casa Rosada.

"Es una herramienta que vamos a usar si efectivamente el Gobierno sigue la lógica de vetar los proyectos de la oposición", dijo Pérez a Crítica de la Argentina. Es decir, por ahora lo barajan como un "arma" efectiva pero de segunda instancia. "Vamos a acudir al pueblo para evitar que dos o tres se lleven todo puesto", enfatizó, en sintonía, el jefe de la bancada de Unión PRO.

Ayer por la tarde, hubo otro mitin del mismo trío de diputados –Pérez, Aguad y Pinedo–, aunque esta vez la invitación fue ampliada a otros bloques. En el encuentro repasaron los lineamientos de una propuesta en común sobre el ingreso universal a la niñez. De hecho, pasado mañana "autoconvocarán" un plenario de las comisiones de Presupuesto, Legislación de Trabajo y Familia, para discutir el borrador. El objetivo opositor es mantener una postura unificada en torno a ese proyecto, y sumar a su costal a los referentes de centroizquierda, a veces esquivos.

"Hoy les toca a los pobres", sostuvo Elisa Carrió, la jefa de la Coalición Cívica-ARI y diputada electa, después de una cumbre del Acuerdo Cívico y Social. Allí dejó claro que la prioridad serán los proyectos vinculados a la pobreza, y rechazó de cuajo la discusión acelerada de la reforma política que envía hoy el Gobierno. Además, adelantó que se revisarán las leyes más polémicas aprobadas por el kirchnerismo.

La otra gran batalla que darán los opositores a corto plazo será por la integración de las comisiones. No es un tema menor: para que un proyecto llegue a ser tratado en el recinto, y luego aprobado, necesita primero tener dictamen del cuerpo correspondiente. El jefe de la bancada K, Agustín Rossi, anunció que el deseo oficial es conservar la presidencia y la mayoría en cada una de las más importantes. "Es para garantizar la gobernabilidad", suele decir el diputado. En cambio, la oposición pretende que se refleje la proporcionalidad de la nueva composición parlamentaria, tras los resultados electorales del 28-J. Carrió ayer marcó el terreno de su aspiración: "Cada una de las comisiones tiene que tener un 60 por ciento de la oposición. Ésa es la gobernabilidad republicana".

Es una incógnita cómo se zanjará esta disputa. Según el reglamento, la conformación de las comisiones deberá reflejar "en lo posible" la proporcionalidad de la Cámara. Ninguno está dispuesto a ceder.

El Acuerdo Cívico reeditó su alianza con la presentación de la agenda 2010

La UCR, la Coalición Cívica y el socialismo, los tres partidos nacionales que integran el Acuerdo Cívico y Social coincidieron ayer en el temario que sus legisladores impulsarán en el Parlamento. Elisa Carrió, Gerardo Morales y Silvia Augsburger destacaron que ese acuerdo era un punto de partida para hacerlo extensivo a los bloques de la centroizquierda y la centroderecha. Además de reclamar que la oposición tenga el 60 por ciento de representación en las comisiones parlamentarias hicieron público un listado de temas y proyectos en común.

El primero de los proyectos que reivindicaron fue el del Ingreso Universal a la Niñez. La iniciativa contempla a todos los menores de 18 años y fue presentado en Diputados en tiempos en los que Carrió todavía pertenecía a la bancada radical. Después de destacar que además de la suya, llevaba la firma de radicales como Elisa Carca, Melchor Cruchaga y el socialista Alfredo Bravo, la líder de la Coalición Cívica destacó que ahora "es un proyecto de todos". La iniciativa cuenta con estado parlamentario ya que todos los años ha sido representado. El kirchnerismo nunca mostró voluntad política de tratarlo. De hecho, en pleno conflicto con el campo, Cristina Fernández de Kirchner les dijo a los integrantes de Carta Abierta, en una reunión que mantuvo en la Rosada, que estaba en contra de la ayuda universal. La Presidenta reivindica la asistencia focalizada y dirigida. Una medida que es cuestionada por favorecer el clientelismo político.

Además de reivindicar la conformación de comisiones bicamerales hoy inactivas, entre ellas la de seguimiento de las actividades de los organismos de inteligencia, insistirá con "reestablecer el equilibrio institucional en el Consejo de la Magistratura"; la tarifa social para los servicios públicos y la creación de varias comisiones investigadoras.

Entre los temas que pretenden investigar y monitorear los diputados del Acuerdo Cívico está el saqueo de los recursos naturales, el manejo de la obra pública, la lucha contra el narcotráfico y la política de radarización, la normalización del INDEC, la Coparticipación Federal, Educación Superior y la movilidad previsional.

Morales destacó que "estamos frente al gobierno más unitario de los últimos tiempos. De cada 100 pesos que recauda apenas distribuye 22,8". El Acuerdo Cívico sabe que numéricamente puede condicionar al kirchnerismo. Y eso está haciendo. Por ahora, el oficialismo intentará que los temas que le importan puedan ser aprobados antes del 10 de diciembre. Después de esa fecha, todo es una incógnita.

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