Ahora, el oficialismo denunció a los concejales que quieren investigar

El viceintendente de 25 de Mayo, Nicanor Romero, no sólo no permitió que se ponga en marcha la mentada auditoría de las cuentas de la Municipalidad de esa localidad, sino que además denunció penalmente a los concejales que aprobaron la medida. El intendente David Bravo se hizo ayer inhallable: no formuló declaraciones.
Miriam González, concejala del Frente Para la Victoria en esa localidad, dejó en claro ayer -en el programa radial "Plan B Noticias" (FM Sonar 91.3)- que el oficialismo provincial no puede seguir haciéndose el distraído frente a la convulsión social y la tensión institucional que se vive en el municipio gobernado por David Bravo, más aún luego de que los hombres del riñón del intendente dejaran sin efecto la auditoría que se iba a poner en marcha para verificar las sospechadas cuentas de la comuna.

"No vamos en estos momentos a dejar la intervención en manos de nadie, queremos seguir con lo que permite la ley, agotar las últimas instancias democráticas. La ley nos permite muy pocas cosas más, pero queremos agotar esas instancias. De todos modos, basado en la Ley 1.597, si el Gobierno quisiera podría hoy intervenir en forma parcial a 25 de Mayo. No necesitamos pedirlo. No necesitamos dejar de sesionar dos meses para ello, como creen algunos vecinos", dijo la concejala.

Romero no sólo impidió que se inicie ese análisis -que se había aprobado por unanimidad- sino que incluso denunció a los concejales, para que la Justicia Penal investigue si pudieron cometer algún ilícito, debido a que aprobaron un pago de 46.000 pesos.

El oficialismo plantea que sólo puede hacerse una adjudicación directa hasta por 5.000 pesos, pero la oposición destaca las excepcionalidades planteadas por la propia Ley de Contabilidad, que alcanzan este caso puntual.

Pese a numerosos intentos telefónicos, Bravo se hizo inhallable: no pudo ser ubicado por El Diario.

La situación que se respira en 25 de Mayo es desde hace meses sumamente tensa: hay acusaciones de corrupción, denuncias cruzadas, sospechas y un clima de incertidumbre y violencia que incluso generó la muerte de un trabajador en medio de una batalla campal. Todo en medio del crecimiento económico que produjo el boom petrolero.

Los concejales, ante la denuncia penal, recordaron que la Ley 1.597 prohíbe molestar a los ediles por los votos que realicen. Pero además aseveran que Romero, el denunciante, estaría en las mismas condiciones que los acusados.

La interpretación de los ediles es que Bravo y los suyos demuestran que "la decisión es no hacer ninguna auditoría".

Miriam González explicó: "Cuando se presentó el grupo de auditores había dos opciones: una forma mensual, sin gastos; y otra con gastos. El propio presidente dijo que prefería que ingresara todo. Estaba al tanto de lo que salía la auditoría y cómo se iba a presentar. Por eso presentaron el presupuesto como lo pidió el presidente del CD".

"Lo que pasa es que nunca tuvieron la intención de hacer la auditoría. Y cuando se votó por unanimidad la ordenanza fue porque una concejala del Movimiento Vecinalista votó a favor, y ellos no querían quedar en evidencia. Es claro", añadió.

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