“Ahora nadie investiga la corrupción”

El fiscal de Investigaciones Administrativas no podrá intervenir en causas que no se hayan iniciado por su denuncia. Y dependerá del fiscal del caso para seguir adelante en las que ya ha comenzado.Por: Damián Glanz
“Hay impunidad y ya no queda ningún órgano especializado que investigue hechos de corrupción en la Argentina.” El fiscal de investigaciones administrativas, Manuel Garrido, reaccionó ayer con dureza contra la resolución del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, que limitó drásticamente las funciones de su fiscalía. Y contraatacó: “Todavía puedo iniciar denuncias. Y voy a terminar los 300 expedientes que tenemos iniciados. Ahí hay muchos funcionarios que nunca fueron denunciados”, sostuvo ante Crítica de la Argentina.

La decisión de Righi de restringir la capacidad de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para actuar en aquellas causas que no fueron iniciadas por el equipo de Garrido provocó el rechazo unánime de la oposición y de las organizaciones que se ocupan de la transparencia de las políticas públicas. Y la interpretación fue una sola: el Gobierno quiere cerrar los expedientes donde se acusa a sus funcionarios de actos de corrupción. En cinco años, Garrido impulsó o reactivó unas cincuenta denuncias penales contra secretarios de Estado, empresarios amigos del poder, ministros y contra el propio matrimonio presidencial. La decisión de Righi provocará el archivo inmediato de la mayoría de esos expedientes.

–¿Cree que la decisión del Procurador apuntó exclusivamente a paralizar sus denuncias?

–Habría que preguntárselo a él.

–¿Y cómo interpretó la resolución?

–Nosotros, desde la FIA, veníamos pidiéndole que interpretara la norma para que le pusiera coto a algunos de los fiscales que entorpecían nuestras denuncias. En especial, al fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Germán Moldes. Pero, claramente, Righi no interpretó la ley como lo venía haciendo hasta ahora.

–¿Tuvo que ver con la investigación sobre enriquecimiento ilícito del ex presidente Kirchner y la Presidenta?

–Hay muchísimas causas que son de envergadura. No creo que haya sido por una sola.

–Cuando estuvo al frente de la Oficina Anticorrupción, también le limitaban su trabajo.

–Sí. Me decían que me estaba arrogando funciones de la FIA. Ahora queda claro que no se puede investigar. La consecuencia de la resolución es que desde ahora no exista un órgano especializado para perseguir este tipo de delitos. Y eso va en contra del artículo 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La Argentina adhirió a ese tratado internacional. Y no lo hizo en otra era: lo ratificó Kirchner en el 2006. Hay impunidad.

La historia que desembocó en la resolución de Righi comenzó hace poco más de un año. El propio Garrido le había pedido al procurador general que interpretara un inciso de la Ley Orgánica del Ministerio Público que generaba permanentes controversias con algunos fiscales del fuero federal que se mostraban reacios a seguir las líneas de investigación propuestas por la FIA. Específicamente, Garrido se había quejado de que el fiscal general Germán Moldes perseguía hipótesis contrarias a las se desprendían de las pruebas de una causa sobre irregularidades en la renegociación del contrato con Aeropuertos Argentina 2000. Righi terminó la discusión y dictaminó que es el fiscal “común” y no la FIA quien lleva adelante las investigaciones.

–¿De qué servirá la FIA a partir de ahora?

–No podremos seguir una causa que no iniciemos. O si olfatean que estamos en algo, pueden mandar a cualquiera a hacer una denuncia y así inhiben nuestro trabajo para siempre. Pero todavía puedo iniciar denuncias. Y voy a terminar los 300 expedientes que tenemos iniciados. Ahí hay muchos funcionarios que nunca fueron denunciados.

En la FIA ya están pensando en reabrir el quincho de la terraza que fue construido en la década de 1990, cuando esa oficina estaba a cargo de Néstor Pinzón y en el edificio de la calle Perón al 2455 se hacían más asados que expedientes. Incluso, bromean con armar una pileta Pelopincho: el verano todavía no llegó, pero la investigación contra la corrupción ya está de vacaciones.

OPINIÓN

En contra del control

Por Roberto Saba (Director Ejecutivo de Asociación por los Derechos Civiles)

El procurador general, Esteban Righi, interpretó que la Ley Orgánica del Ministerio Público limita la intervención del fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, a aquellas causas que haya iniciado por una denuncia propia, obviamente pocas. La lectura que hace el procurador es una de las posibles, aunque la más restrictiva. Y deja en claro que el responsable ahora de ordenar el funcionamiento de los órganos de control de corrupción en la Argentina es el Congreso. Una legislación confusa deja espacio para este tipo de interpretaciones y debilita los mecanismos de control del Estado nacional. La Argentina tiene una obligación constitucional y republicana de controlar a la autoridad pública. Tiene, además, compromisos internacionales ante la ONU y la OEA de crear y poner en funcionamiento órganos de control independientes. La deuda está, una vez más, del lado del Gobierno y del Congreso.

Recorte de poder nada neutral

Por Christian Gruenberg (Director de Transparencia de CIPPEC)

Nos van a decir que es una cuestión de eficiencia y/o de eficacia, una medida para evitar la superposición de funciones entre fiscales. Sin embargo, todos sabemos que la Resolución 147, que recorta las facultades de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), se apoya en motivaciones puramente políticas. La historia de la FIA es larga y sinuosa. Sólo en 2003 la FIA recuperó su activismo cuando se eligió a un fiscal por concurso, Manuel Garrido. De ahí en más, la FIA investigó casos cada vez más complejos y centrales para la agenda pública: el INDEC, Skanska, la asignación de subsidios, la discrecional distribución de publicidad estatal, entre otros casos.

En la Argentina, la corrupción se investiga poco o se investiga mal. Necesitamos fiscales que investiguen más y jueces que reciban esas denuncias y no las dejen prescribir. La FIA, con la gestión de Garrido, estaba empezando a recorrer ese camino.

Quieren impunidad

Por Elisa Carrió y Marcela Rodríguez (Coalición Cívica)

La decisión tomada por el procurador general de la Nación, Estaban Righi, de recortar las facultades del fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, tiene como objetivo garantizar la impunidad de numerosos funcionarios sospechados de corrupción que tiene el kirchnerismo.

No se puede encontrar otra razón, cuando la decisión busca limitar en su tarea al único funcionario que en forma sistemática y coherente impulsó causas contra funcionarios del Gobierno.

Ésta no es una decisión que se toma en medio de la improvisación (que sí es una regla del Gobierno). Es una medida más que demuestra que al poder kirchnerista le molestan los controles. Esto es lo que nos llevó a presentar un proyecto de modificación del Ministerio Público en noviembre de 2007, justamente en sentido contrario de la resolución del procurador y ampliando las atribuciones de la FIA. Ante el paulatino recorte de facultades que venía sufriendo la Fiscalía, propusimos ampliar sus herramientas de investigación. Impulsamos una serie de reformas que –a diferencia de la intención de Righi– permiten fortalecer su trabajo, mejorar nuestra baja calidad institucional y disminuir el alto nivel de corrupción. Para construir una verdadera República, el camino es mayor transparencia y no amedrentar a los funcionarios que trabajan en forma honesta contra la corrupción.

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