"Ahora los menores que cometen hechos graves quedan detenidos"

"Ahora los menores que cometen hechos graves quedan detenidos"
Hace poco más de cinco meses comenzó a funcionar en Mar del Plata el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que reemplazó a la antigua justicia de Menores. Los tres fiscales que operan en el sistema observan que el nuevo modelo ofreció respuestas inmediata.
"Al principio los menores llegaban con una postura de `qué me importa´. Nos `bardeaban´ como dicen ellos, porque pensaban que al otro día se iban. Nos decían: `Hacé lo que quieras, sos un gil´, pero cuando advertían que no se iban al instante, la cosa cambió. Y el mensaje le ha llegado al resto", asegura el doctor Walter Martínez Soto, uno de los tres fiscales que integran el flamante Ministerio Público del Joven.

El 28 de noviembre de 2008 comenzó a funcionar en Mar del Plata el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, un sistema que se instaló gradualmente en la provincia a lo largo de ese año y que reemplazó a la antigua Justicia de Menores. Estructuralmente, el nuevo modelo es similar al de la Justicia de mayores y tiene tres pilares fundamentales: el fiscal que lleva adelante la acción penal, la defensa y el juez de Garantías. Finalmente un Tribunal Oral debe juzgar al imputado, pero únicamente los casos más graves llegarán a esa instancia.

Sólo los adolescentes que tienen entre 16 y 18 años pueden ser sometidos a proceso penal. A los demás se los considera "no punibles" y deben ser sobreseídos inmediatamente. Sin embargo, los tres fiscales del Ministerio Público del Joven –Mariana Baqueiro, Marcelo Yanes Urrutia y Walter Martínez Soto– consiguieron que tres menores de 15 años acusados de homicidios permanezcan detenidos.

"Tres hechos de homicidio cometidos por menores no punibles a pocos meses de haber empezado el Fuero, me parece una situación grave", asegura el doctor Yanes Urrutia. En los tres casos, los fiscales obtuvieron medidas cautelares para que los menores sean alojados en el Centro Cerrado de Batán.

"La idea –apunta Yanes Urrutia- no es privarlos de la libertad para imponerles un castigo, sino para ver cuáles fueron las causas que lo llevaron a delinquir. La idea es hacerles los estudios y el tratamiento indispensable. No nos queda otra que mantenerlos encerrados, porque voluntariamente no van a acceder. A partir de ahí debemos articular con el Poder Ejecutivo -que es el encargado de trabajar con los menores de 16 años- a efectos de que entren en programas determinados que los ayuden a salir del ambiente en que se están moviendo cotidianamente".

La doctora Baqueiro –quien tiene a su cargo uno de esos tres casos de menores no punibles detenidos por homicidios- indica que el hecho ocurrió "en el barrio Libertad por una cuestión de bandas. Es un conflicto que se arrastra desde hace dos años y que últimamente generó todos estos problemas. A través de esta intervención de la Justicia se logró tranquilizar la situación. Por otra parte, hay miembros de estas bandas -que son mayores de edad- también están detenidos a disposición de los fiscales penales".

"Ese menor –añade Baqueiro- está desde hace tres meses con una medida cautelar que permite evaluarlo para determinar su patología y poder trabajar sobre ella. Eso en el sistema anterior no pasaba. Al día siguiente estaba en la calle. Este menor había cometido otro homicidio en 2008 por el cual fue sobreseído porque en ese momento tenía 14 años y no era punible. Es decir: hay una gran diferencia de trato, de abordaje, de intervenciones de todos los operadores. Y también cambia la situación ante la vista de los otros chicos de la banda, porque ven que este fulanito que quizás lo hizo pensando que al día siguiente iba a estar en la calle, no lo está. Es un mensaje que es captado por la gente de este barrio".

Esos tres casos sirvieron, sin dudas, para sondear la reacción del sistema. De hecho, las defensas de los menores plantearon hábeas corpus exigiendo su libertad. Sin embargo, la Justicia de Garantías y la Cámara de Apelaciones rechazaron esas presentaciones, sosteniendo la necesidad de la medida cautelar. "Hay todo un cambio, no sólo de la ley, sino también de los operadores que observan esa necesidad de cambio que se requiere", apunta Baqueiro.

El doctor Martínez Soto tiene a su cargo el caso del comerciante y ex bombero Jorge Ramírez (42), quien fue acribillado a balazos el 18 de marzo durante un asalto en su local de teléfonos celulares situado en Gascón casi Don Bosco. Con relación al hecho fueron aprehendidos dos menores: uno de 17 y otro de 15 años. El primero está detenido con prisión preventiva –situación que no puede exceder los 180 días- y deberá ser juzgado oralmente. El segundo no puede ser sometido a proceso, "pero está detenido con una medida cautelar. Y creo que nadie está dispuesto a firmar una libertad por el sólo hecho de que es menor de 16 años, sin haber determinado la participación y sin saber si ese menor reviste peligrosidad para sí o para terceros. Lo del tratamiento escapa al proceso penal, desde ya, lo que no escapa es diagnosticar qué tiene ese menor", asegura el fiscal Martínez Soto.

Los límites del sistema

Los fiscales son claros en señalar que las detenciones de menores se producen ante hechos graves y que la intervención del sistema judicial se agota en la instancia penal. "La responsabilidad final de los menores no punibles es del Ejecutivo, que tiene que dar las herramientas necesarias para que estos menores se puedan reintegrar a la sociedad cuando recuperen la libertad. La Ley es clara: ya terminó el asistencialismo que hacía el viejo procedimiento. El asistencialismo lo hace el Poder Ejecutivo: tienen el Servicio Zonal, los centros de referencia, los operadores. Son ellos los encargados de los menores no punibles y con los menores en situación de calle, que hay un montón", indica Yanes Urrutia.

-¿Qué va a ocurrir con esos tres menores de 15 años que están detenidos por homicidios?

- Son sometidos –dice Baqueiro- a todo tipo de evaluaciones psicológicas, psiquiátricas y médicas justamente para determinar cuál es la problemática y de dónde proviene; si no tiene una familia que lo contenga y le ponga límites –que es lo que generalmente ocurre- si se relaciona con chicos que tienen problemas con la ley penal, chicos que son mayores, que están con el tema de las drogas. Estamos esperando los resultados de las pericias realizadas y, a partir de ahí, el Poder Ejecutivo dirá: este chico necesita ir a una comunidad terapéutica, necesita tratamiento psicológico, psiquiátrico, etc.

La futura "explosión delictiva"

El fiscal Martínez Soto mostró su preocupación por los "chicos en situación de calle" y por los escasos recursos para revertir esa situación. "Quien se debe encargar es Minoridad de la Municipalidad y no lo hace porque el chico está afectado a una causa penal. Y se plantean situaciones ridículas como que un chico de 12 años que es aprehendido en el marco de un delito menor –una tentativa de hurto, por ejemplo- no es punible por la edad ni por la entidad del delito que se le imputa. Los tenemos que devolver a los padres y a veces no los encontramos o no quieren saber nada. Queremos que el Estado se lo lleve en función social para resguardarlo esa noche y es imposible, no lo aceptan porque el chico tiene una causa penal y porque no tiene lugar. A diario en nuestro trabajo tenemos problemas y si no fuese por la doctora Alejandra Germinario, directora del Servicio Zonal, a quien llamamos a cualquier hora, no podríamos resolver situaciones".

"Creo que la Municipalidad no ha alcanzado a entender la problemática que tiene. Hay otros municipios como Miramar, Necochea, Balcarce, que se han hecho cargo. La Municipalidad cuenta con medios de los Servicios Locales para que la seguridad no le explote cuando esos chicos tengan entre 16 y 18 años", agregó Martínez Soto.

Una franja vulnerable

- ¿Manejan alguna cifra sobre la cantidad de menores que delinquen en Mar del Plata?

- Antes sí había; ahora lamentablemente no, porque los que estaban cometiendo ilícitos antes de esta reforma ya los hemos tenido aprehendidos y muchos están encerrados. Ahora la delincuencia es de chicos nuevos, que están comenzando... tenemos muchos no punibles, es decir, menores de 16 años. La mayoría de los hechos son de la Villa Mateotti, la de Beruti, la del Bajo… generalmente son chicos que están viviendo en la marginalidad o la pobreza. No tienen pautas sociales o educacionales concretas.

-La respuesta de este sistema –apunta Martínez Soto- es penal, pero siempre por un hecho criminal. Acá lo social o familiar nos escapa, pero desgraciadamente tiene incidencia directa en la comisión del delito.

Los tres fiscales coinciden en que el modelo "delito-exclusión social" se repite en generalidad de los casos, salvo episodios muy excepcionales.

"Son una franja totalmente vulnerable –afirma Marínez Soto- quieren estar mejor, no pueden. Los padres generalmente viven de los planes sociales o trabajan en negro; lo que ganan no les alcanza para el día siguiente. Los chicos no toman el ejemplo del trabajo porque saben que no van a llegar a nada. Si le sumamos que viven en un barrio marginal donde la droga está al alcance de la mano, donde se pueden transformar en un "delivery", optan por esto".

"Muchos –añade Yanes Urrutia- son de familias disociadas: la madre está presa, el padre lo estuvo, o el chico está a cargo del hermano mayor que salió hace poco de la unidad penal. Ellos han vivido solos y se manejan en un ámbito delictivo de familia".

"Cuando el chico llega a estar en problemas con la ley penal –señala Baqueiro- es porque acarrea problemas familiares, sociales, culturales. Por eso decimos que hay que acudir a la prevención, porque eso evitaría que los chicos lleguen a estar en conflicto con la ley penal".

Acerca de las explicaciones que ofrecen esos menores, Yanes Urrutia dice:

- Muchas veces me comentan: "Yo lo quisiera ver a usted si su hermanita le está pidiendo leche". O "lo hice porque quería un par de zapatillas porque no tengo… tengo este agujero". Y en la mayoría de los casos los menores están bajo una intoxicación. Me parece que eso es cotidiano y es la generalidad. A veces los padres les pueden comprar un par de zapatillas… quizás no les puedan comprar dos. Una vez un menor me dijo: "Yo quería una moto, mi mamá no me la quería comprar y bueno: fui a buscarme una porque todos mis amigos la tienen". Responden a esa cultura".

- ¿Se muestran impunes por ser menores de edad?

- Al principio –comenta Martínez Soto- era una constante escucharlos decir: ‘Yo mañana salgo, a mí nadie me toca y eso se cambió’. La política que tenemos nosotros es: ustedes tienen todos los derechos, pero también tienen obligaciones, que son no infligir la ley, no causarle mal a otro y el que sale de esa estructura tiene que hacerse responsable. Algunos padres se muestran agradecidos porque les resulta imposible contenerlos.

- Muchos –añade Yanes Urrutia- vienen con un estado de excitación por los estupefacientes o el alcohol. Esto es anecdótico: uno chico catorce años estaba causando muchos problemas en la alcaidía de menores. Cuando lo hice traer, le pregunté si el era el que estaba haciendo tanto lío. Me dijo: `Sí, ¿qué te pasa?, ¿cuál es tu problema? Te voy a pegar un tiro acá´ (señalando el entrecejo). Después me lo encontré y me saludó compungido. Es decir que ese chico no estaba realmente en sus cabales".

- ¿Qué pasó con ese chico?

- No lo habían aprehendido por un hecho muy grave, pero noté la problemática que tenía este menor. La madre estaba presa, no conocía al padre, lo vino a buscar una hermana de 19 años. Hablé con la jueza de Garantías y le dije: este chico necesita ayuda y la única forma es que se le hagan los estudios y tratamientos correspondientes. Estuvo quince días en el "Cerrado" donde se le hicieron todos los estudios habidos y por haber. Conseguimos que lo atendiera una vecina y el chico está hecha una seda. Me lo han confirmado las asistentes sociales que lo van a ver.

- ¿En Mar del Plata consumen paco?

- No hemos constatado casos –explica Martínez Soto- pero lo que consumen es marihuana y cocaína. La consiguen por 30 o cuarenta pesos y muchas veces obtienen el dinero mediante la sustracción de celulares. Tenemos gran cantidad de causas de ese tipo: arrebato de celulares que inmediatamente venden en comercios de los que abundan.

Los futuros juicios

Los fiscales son los responsables de evaluar los casos que elevarán a juicio. Dentro de los delitos cometidos por menores desde la creación del Fuero, los hechos considerados graves son homicidios y robos calificados (con armas).

"Nosotros a los hechos graves los trabajamos como si el responsable fuera un mayor y pedimos la detención", afirma Yanes Urrutia. "Y quedan adentro. En cuatro meses, desde que empezó el Fuero, no hay vacantes en el Cerrado", añade Baqueiro.

Los casos menos graves no llegarán a juicio y generalmente terminan en un acuerdo entre la fiscalía y la defensa que pueden derivar en el archivo de la causa con condiciones (generalmente una remuneración económica de la víctima) o en la suspensión de juicio a prueba mediante la fijación de pautas de conducta al adolescente.

Con relación a los homicidios, se estima que en los próximos meses tendrá lugar el primer juicio oral y público. El caso –que está en manos de la doctora Baqueiro- ocurrió en el barrio La Herradura, donde una anciana murió a causa de los golpes que le propinaron durante un asalto en su casa. El imputado tiene 16 años y está con prisión preventiva desde enero.

Los Tribunales Orales estarán compuestos por los dos jueces de Responsabilidad Penal Juvenil junto a una jueza de Garantías que no haya intervenido en el proceso. En este punto se plantea la mayor diferencia con el sistema penal de mayores, ya que los Tribunales tienen otro tipo de facultades a la hora de aplicar penas y hasta pueden absolver al imputado aunque se haya probado su responsabilidad en el hecho. Por otra parte, si se los condena a prisión, recién podrán purgar esa sentencia cuando cumplan los 18 años. "No sabemos qué criterios van a aplicar los jueces. No olvidemos que pertenecen al viejo sistema", apunta Yanes Urrutia.

Las exigencias del modelo

Al momento de analizar las carencias del nuevo modelo, surge a las claras que fue puesto en marcha con lo mínimo indispensable, cuando no con mucho menos.

"Estamos trabajando con un esfuerzo humano impresionante. Nos ocupamos de Mar del Plata, Balcarce, Vidal, Mar Chiquita y somos solamente seis empleados", apunta Yanes Urrutia. El desdoblamiento de funciones agrava ese panorama, porque si un adolescente y un mayor son detenidos por el mismo delito, el fiscal de menores debe hacerse cargo de ambos procesos en dos fueros.

Ante la detención de un menor, los fiscales tienen sólo 12 horas para investigar y elevar la propuesta de detención al juez Garantías, a diferencia de los fiscales penales que cuentan con 24 horas. Martínez Soto ejemplifica: "Si a un menor lo detienen a las tres o cuatro de la tarde, a las cuatro de la mañana estamos acá terminando la investigación. Y la función no se detiene, continúa a las ocho de la mañana".

Los fiscales, además, se encargan de otorgarles participación a las víctimas. "Les informamos hasta dónde llega el aspecto penal y a quién le corresponde la responsabilidad posterior, las mantenemos al tanto de cualquier resolución y les damos nuestros teléfonos porque nos interesa que la gente esté informada", señala Baqueiro.

Los otros operadores

La imposibilidad de articular sus actividades con otros operadores del sistema son obstáculos que los fiscales también remarcan.

Yanes Urrutia asegura que el personal policial "en muchos casos no está preparado para instruir causas penales. Nosotros nos hemos cansado de decir cómo se tiene que instruir una causa y a veces no hay caso… tenemos que dar libertades porque las causas vinieron mal instruidas. Nos da mucha bronca escuchar a cierto personal policial que dice: `Nosotros hacemos nuestro trabajo y la Justicia les da la libertad´ y no es así. Muchas veces el trabajo que ellos han hecho no ha sido el que correspondía hacer".

Por su parte, la fiscal Baqueiro remarcó "la falta de programas para chicos no punibles. Ese chico queda automáticamente sobreseído y después ¿qué pasa?, ¿quién se hace cargo?. Vuelve a caer en conflicto con la ley. No hay programas concretos".

La reciente clausura del Centro semiabierto de Batán por problemas edilicios y falta de personal agravó el problema. Los menores tienen que ser derivados a Azul, Dolores e incluso La Plata por períodos absurdamente breves: desde que los detienen hasta que deben comparecer ante el fiscal, es decir, en el mismo día. Los traslados están a cargo de policías que, por lo general, se quedan esperando a los menores para ahorrar kilómetros.

"Eso es cargarle una función más a la policía, que no está preparada para eso y no le es propia. Ahí tendría que estar el Poder Ejecutivo y no la policía, afectando dos hombres y un patrullero para cuidar un chico", indica Martínez Soto.

"Tenemos un alto índice delictivo –dice Baqueiro- y solamente un instituto con 24 vacantes, que de hecho ya viene con vacantes ocupadas por causas del sistema anterior. Y ahora tenemos una institución menos. Es una pena porque todo lo que se hace se echa por la borda".

Comentá la nota