Este lunes la fundación La Alameda ampliará la denuncia por lavado de dinero contra Cambiemos en el caso de los aportantes presuntamente apócrifos que se desprenden de la última rendición de gastos de campaña de 2017. Según pudo saber Clarín, presentarán nuevos casos de personas que negaron haber realizado aportes financieros: desde consejeros escolares, jubilados, hasta concejales. En esta oportunidad, ante el juez Sebastián Casanello, la fundación que conduce Gustavo Vera denunciará que esta maniobra también se observó en la última lista que encabezó Elisa Carrió.

La lista supera los 1.200 aportantes sospechados de ser apócrifos, es decir, se utilizaron sus datos y condiciones socio económicas para atribuirles un determinado monto de dinero como si hubiesen aportado a la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que plantea la denuncia inicial de hace un mes de La Alameda y que instruye el juez federal Casanello junto al fiscal Carlos Stornelli.

Gustavo Vera (al lado de la líder de la Coalición) fue candidato a legislador porteño por la lista del Frente Unen encabezada por Elisa Carrio en 2013. Foto Lucia Merle

Con el inicio de la actividad judicial, tras finalizar la feria de invierno, La Alameda ampliará las acusaciones contra las principales cabezas de lista de la campaña provincial de Cambiemos: Esteban Bullrich, Graciela Ocaña y Toty Flores. Se sumarán más casos de aportantes “truchos” que en las últimas semanas estuvieron consultando si integraban en el listado de rendición de gastos.

Desde la fundación, Tamara Rosenberg explicó a Clarín que la ampliación proporcionada por la fundación “recibió más de 1.250.000 consultas el últimos”, de allí se desprenden nuevos casos que serán presentados ante la Justicia.

Quienes firmarán el nuevo escrito ante Casanello, serán las miembros fundadoras Tamara Rosenberg y Ximena Rattoni del partido Bien Común, junto a Gustavo Vera. En la letra de esta denuncia, se continúa ampliando el objeto de investigación respecto a la última campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, se presentará una lista de nuevos casos.

En lo que respecta a la campaña provincial, se entregarán más casos testigos que “figuran aportando a Esteban Bullrich, Graciela Ocaña y Toty Flores quien figura realizando un aporte de $ 40.000, pero además se denunciará a Elisa Carrió y a Carmen Polledo”, explicaron a Clarín desde La Alameda.

Según la denuncia a la que accedió Clarín, se plantea que empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, "manifestaron ser víctimas del delito de sustracción de identidad" ya que figuran como aportantes privados para la campaña electoral de 2015, "pero también para la alianza “Cambiemos Buenos Aires” del año 2017 y de la alianza política “Vamos Juntos” también en 2017, y que llevó como candidatos a las actuales Diputadas Elisa Carrió y María del Carmen Polledo".

El texto de la La Alameda remarca que los empleados manifestaron "conocer un mecanismo implementado reiteradas veces en el tiempo" para introducir "dinero ilegal y/o de las arcas públicas para financiar diferentes campañas electorales". En ese mecanismo, según la denuncia, se introducían además "falsamente los datos de los empleados del Gobierno de la Ciudad, y los funcionarios responsables de las distintas áreas ministeriales figuran como aportantes".

Ante la consulta de Clarín, voceros de Carrió respondieron: "No conocemos la denuncia, no estamos al tanto".

La sospecha es que ese dinero "correspondería a dinero de empresas contratistas del Estado o al mismo presupuesto de gobierno". En este contexto, denuncian que en la campaña de Carrió, se generaron también "una inmensa cantidad de aportantes falsos" como en las presidenciales de 2015 y la campaña de 2017 en la provincia.  

La Fundación pide además que se determine quiénes son los "responsables intelectuales y materiales de implementar tal sistema ilegal". 

Al momento de esta presentación, los aportes que figuran realizados por empleados del Estado de la Ciudad de Buenos Aires y por funcionarios ministeriales a las tres campañas que hacemos referencia, alcanzan la cifra de $ 8.303.000 (pesos ocho millones trescientos tres mil).

En esta causa, fue aceptada recientemente como amicus curiae Margarita Stolbizer como integrante de la organización Bajo la Lupa. “No se debe recaer sobre los aportantes que son víctimas de una maniobra que sólo busca encubrir el origen real de cómo se financió la campaña electoral”, dijo a Clarín.

Al igual que La Alameda, la líder del GEN considera que hay pruebas suficientes para que la investigación amplíe su período y no sólo se circunscriba a las últimas elecciones de medio término, sino que contemple también las irregularidades ya detectadas por la pericia de la justicia electoral y en las que podrían sumarse la misma acusación: aportantes falsos.