Ahora 37 intendentes meten presión

Desde Unión PRO invitaron a los jefes comunales bonaerenses beneficiados por la ley que sancionó el Senado a realizar un pedido conjunto a la Casa Rosada para que no vete la suspensión de 180 días de los derechos de exportación de granos.
El error de los legisladores K podría abrir esta semana un nuevo frente de batalla en el interior bonaerense, fogoneado por algunos sectores de la oposición. Los jefes comunales de los 37 distritos bonaerenses abarcados por la declaración de emergencia agropecuaria fueron convocados para el próximo miércoles a una reunión en la Mesa de Consenso Agropecuario que funciona en el Congreso, integrada por diputados de Unión PRO, la Coalición Cívica, el Socialismo y el PJ disidente. La cita tiene como propósito armar un documento en común para solicitar al Poder Ejecutivo que no vete la eliminación y la rebaja de retenciones en las zonas afectadas por la sequía, un beneficio aprobado la semana pasada por equivocación.

El Senado sancionó el jueves pasado una ley que crea un fondo de asistencia financiera para el campo de 500 millones de pesos. En el mismo paquete, se aprobaron declaraciones de emergencia de siete provincias, entre ellas, la de Buenos Aires. El autor de este último proyecto es Francisco de Narváez y en el artículo 4º se fijó por 180 días la eliminación de los derechos de exportación de 22 localidades y la reducción a la mitad, en otras 15.

Ayer, desde el bloque de Unión PRO, se enviaron cartas a cada uno de los intendentes involucrados para invitarlos a la reunión. Las comunicaciones llevaban la firma de Federico Pinedo, titular de la bancada; de Cristian Gribaudo, vicepresidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja; y del propio De Narváez.

En simultáneo, le remitieron una misiva al gobernador Daniel Scioli para que "bregue por la promulgación e implementación de esta ley tan necesaria para un normal y próspero desarrollo humano, económico y social en estas zonas afectadas por este flagelo".

Scioli todavía no se pronunció sobre el tema. De hecho, se enteró como casi todo el mundillo político de la novedad la misma tarde que sancionó la iniciativa el Senado. En ese momento, el mandatario se comunicó con su ministro de Asuntos Agrarios, Emilio Monzó, que estaba en un acto en la Bolsa de Comercio de Rosario, para consultarle detalles sobre la norma aprobada. Ninguno estaba al tanto y, en una primera lectura, les pareció de complicada instrumentación y de difícil control, según confiaron a este diario fuentes del gobierno provincial. Ese argumento está en sintonía con la Casa Rosada.

El Gobierno vetaría el beneficio tributario concedido al campo. En Balcarce 50 consideran que el proyecto de De Narváez fue presentado en enero y, por eso, era aplicable para la campaña del año anterior, cuando sí hubo sequía. "Eso pasó porque la Comisión de Agricultura estuvo nueve meses sin actividad. Igualmente, la medida sirve como incentivo y para recomponer la capacidad productiva de la zona", dijo Gribaudo a Crítica de la Argentina. En Unión PRO, sostienen que la zona del sur de Buenos Aires vivió la cosecha pasada la peor seguía de los últimos 100 años y que los productores de esas zonas tuvieron "pérdidas por 120 y 200 dólares por hectárea".

"Fue una picardía grave", todavía rezonga un importante diputado K, cuando piensa cómo pasó –en silencio y sin discusión– el proyecto del ex dueño de Casa Tía. A De Narváez le molesta que lo corran por la falta de códigos parlamentarios justo cuando por primera vez es convertida en ley una iniciativa suya. "Francisco presentó el proyecto hace un año, se mandaron gacetillas que tenía como título el tema de las retenciones y está en la web de Diputados. Si los legisladores no leen lo que aprueban, es su problema", sostuvo un allegado. Claro que tras la media sanción en Diputados, durante dos semanas se callaron para ver si corrían con la misma suerte en el debate de la Cámara alta. "Eso fue una táctica, no fue trampa", se excusan.

Esta semana un sector de la oposición y los intendentes alcanzados por la medida intentarán conservar el beneficio. La misión no es fácil: tienen que evitar que Cristina Fernández de Kirchner le ponga la firma al veto, que debe definir antes del 3 del mes próximo.

Comentá la nota