Ahora cuestionan los que no trabajaron para la Policía propia

Por Federico Pinedo,

Jefe del bloque PRO en Diputados.

El traspaso de parte de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires es un tema de democracia, pero lo importante del asunto no es la ‘autonomía de la Ciudad’, sino la seguridad de los vecinos.

Decimos que el traspaso de la policía es una cuestión de democracia, porque la democracia es el gobierno del pueblo y el pueblo tiene derecho a elegir a los gobernantes que se ocuparán de garantizarle condiciones razonables de seguridad. El pueblo tiene derecho a elegir a su jefe de Gobierno y a que el jefe de Gobierno de su elección sea el que se ocupe de brindar los servicios de seguridad y justicia, entre otros. La gente tiene derecho a poder cuestionar a los gobernantes que eligió, si no cumplen satisfactoriamente con su tarea, y a elegir a otros que tal vez la cumplan mejor. Todos estos derechos democráticos no son posibles si otro poder, no elegido por los porteños, usurpa funciones de gobierno de los porteños. Esto es lo que está pasando en la Argentina. La Constitución dijo que los porteños son autónomos del gobierno nacional para darse su propio gobierno, pero los gobernantes nacionales (elegidos por el pueblo de todo el país y no sólo de Buenos Aires) usurpan las facultades del gobierno de la Ciudad en materia de seguridad, justicia, transporte, puerto, infraestructura, juego, etc.

Hizo falta que pasaran 13 años desde la reforma constitucional que dio autonomía a la Ciudad, para que un gobernante impulsara con convicción la recuperación de sus facultades de dar seguridad. Lo hizo Mauricio Macri con el 60% de respaldo popular, lo que movió al kirchnerismo a aceptar un cambio legal para permitir que la Ciudad tuviera su propia policía.

Ahora, quienes no trabajaron para la policía propia cuestionan la designación democrática de su nuevo jefe. Lo hacen como los viejos inquisidores, dispersando sospechas y falsedades en lugar de atenerse a hechos o condenas.

En este momento se trata de ver si es lógico que la Ciudad pague 12 mil agentes nuevos, mientras la Federal mantiene sus 12 mil agentes actuales asignados a dar seguridad en Buenos Aires. Ese absurdo, ese dispendio de recursos ridículo, podría suceder si el kirchnerismo siguiera emperrado en mantener control sobre los policías de la Ciudad, entorpeciendo la democracia en ella. El oficialismo vuelve a decir que para hacer el traspaso hace falta otra ley. Nos están tomando el pelo. La ley que sancionamos dice que la Presidenta debe definir, ella sola, las necesidades de seguridad del gobierno nacional, y que debe hacer un convenio para pasar lo que le sobre a la Ciudad (artículos 6 y 7 de la ley 24.588). El Congreso ya la autorizó a hacer eso. La Constitución dice que si traspasa el servicio debe hacerlo con fondos (artículo 75, inciso 2). Sólo faltan voluntad y espíritu democrático. Pero el tema no es el poder del presidente o su enfrentamiento con políticos de otro signo. El tema es la seguridad de los vecinos.

Comentá la nota