Ni en el Gobierno, ni en el sector petrolero se atreven a reconocer que por ahora fracasaron las negociaciones para modificar los subsidios al gasproducido en Vaca Muerta y en algunas áreas de Santa Cruz.

Pero los cambios en la resolución 46 que fueron trascendiendo desde la Secretaría de Energía en las últimas semanas ya no parecen viables, porque el titular del área, Gustavo Lopetegui, buscaba que la modificación fuera avalada por todas las empresas para evitar acciones posteriores en la Justicia, y varias de las compañías estuvieron en desacuerdo, incluyendo, según se afirma, a la misma YPF.

El tema, que fue anticipado ayer a la mañana por el sitio Econojournal, abre nuevas dudas sobre el nivel de producción local en los próximos meses y deja al descubierto los límites de la dolarización de los precios del gas y de los subsidios a las empresas, cuando el Estado recauda en pesos y los consumidores no pueden seguir absorbiendo más aumentos.

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La Resolución 46 dictada en 2017 garantiza un precio estímulo para la producción de gas en áreas nuevas de Vaca Muerta, luego extendido a ciertas zonas de Santa Cruz. Fue u$s7,50 en 2018 y es de u$s7 este año por unidad de medida. La norma implica que la diferencia entre el precio a que la petrolera cobra el gas al comprador y el estímulo sea cubierta por el Estado.

La principal beneficiaria de la Resolución 46 fue Tecpetrol del Grupo Techint por Fortín de Piedra en Vaca Muerta, debido a las características del área y a que la empresa tuvo el capital y el equipamiento para aumentar rápidamente la producción, de modo que pasó de 7 millones de metros cúbicos diarios en julio pasado a 17 millones en noviembre (probablemente haya habido también cierta aceleración mayor al final al trascender que el Gobierno impondría límites).

Fortín de Piedra explica en casi un 80% el aumento de la producción local en el último año, que permitió generar algunos excedentes para exportar durante el verano. Pero al mismo tiempo la situación de privilegio del Grupo Techint por los subsidios recibidos produjo fuertes cuestionamientos de otras empresas. Por ejemplo, YPF siempre criticó que la resolución dictada por Juan José Aranguren no le permitió obtener precio estímulo en áreas donde ya había iniciado algunas obras.

Pero las divergencias se acentuaron en los últimos meses, cuando el Gobierno empezó a realizar subastas para el gas que compra Cammesa, empresa controlada por el Estado, y a mediados de febrero para las distribuidoras que proveen a residenciales y pymes.

Para las petroleras, la competencia con Tecpetrol se da en condiciones desiguales, porque al tener garantizado el precio por el Estado, puede ofrecer valores más bajos en las subastas.

Y esto fue lo que impidió el acuerdo que buscaba Lopetegui. El plan oficial era pagar a las áreas que ya estaban en el régimen subsidiado sólo por el gas calculado al presentar el proyecto, lo que llevaba a que sólo recibieran precio estímulo 8,5 millones de metros cúbicos de los 17 que se obtienen en Fortín de Piedra. Pero también limitar el beneficio a los 8 nuevos proyectos que falta aprobar (cuatro de YPF) sólo a los meses de invierno, y a todos diferirles tres años el 30% de los pagos.

Pero las petroleras no aceptaron convalidar esta propuesta que seguía dejando a Techint como gran beneficiaria, y no firmaron. Como consecuencia, lo único que queda en pie por ahora es que Fortín de Piedra sólo recibirá el beneficio por la producción de 8,5 millones de metros cúbicos.

El resultado es paradojal porque limitar un beneficio otorgado por el Estado en condiciones por lo menos discutibles ya que no se previó ningún límite ni la megadevaluación puede terminar significando mayores precios del gas para los consumidores. Lo cual vuelve a demostrar la improvisación con que viene actuando el Gobierno en energía.