Aguas: la UCR espera por una denuncia penal a funcionarios

El diputado provincial Guillermo Galván explicó que se debe determinar la responsabilidad de los encargados de controlar a la ex concesionaria.
La salida de Aguas de La Rioja sigue generando consecuencias políticas y legales. El diputado por Capital, Guillermo Galván, anticipó que denunciarán legalmente a los funcionarios y ex funcionarios provinciales que debieron controlar a la ex concesionaria.

"Nosotros estamos esperando que la Fiscalía de Estado presente la denuncia contra el Directorio de la empresa y que incluya a los actuales funcionarios y a los ex funcionarios. Si no están incluidos los funcionarios, nosotros nos vamos a presentar ante la Justicia para hacer una denuncia penal", dijo el legislador a NUEVA RIOJA.

Galván destacó que lo correcto sería que la Fiscalía de Estado incluya en la denuncia a "todos los responsables", pero que en caso no hacerlo: "Nos vamos a presentar nosotros ante la Justicia como ciudadanos", dijo.

El dirigente recordó que según lo estipulado en el contrato de concesión, las presentaciones legales se deben resolver en la Justicia provincial y allí se concretarán sus presentaciones.

"También hay que ver qué pasó con el Fondo de garantía, porque son cinco millones de pesos que deberían estar depositados en el Nuevo Banco de La Rioja o en bonos, pero ahora no se sabe nada de este fondo", advirtió.

Según establecía el vínculo legal que regulaba el convenio con la empresa concesionaria, la misma debería haber depositado un Fondo de garantía. Desde el Ente Único de Control de las Privatizadas (EUCOP) ya se adelantó que se está investigando el tema.

Acciones

Galván dijo que también van a realizar varias acciones desde la Cámara de Diputados, en donde el radicalismo cuenta con un bloque propio desde el mes de noviembre pasado.

"En la Cámara vamos a pedir que se junte la comisión renegociadora, porque queremos que se presenten ante los diputados y expliquen qué controles se aplicaron sobre la concesionaria", manifestó el diputado.

La Comisión renegociadora fue constituida por el Gobierno provincial cuando se sancionó la ley de emergencia de los servicios públicos y tiene como integrantes al Ministro de Hacienda, su colega del Ministerio de Infraestructura y el titular de la Secretaría general de Gobierno.

Galván destacó que una de las claves es determinar qué pasó con los controles estatales sobre la concesionaria privada y que ello es lo que intentarán determinar con las diferentes acciones que están preparando ante la Justicia.

El dato

La Provincia y el municipio de Capital ya anticiparon que denunciarán penalmente a la ex concesionaria. Ahora el radicalismo sumaría en la presentación judicial a los actuales y a los ex funcionarios provinciales.

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