ce pocos días se aprobó un incremento del servicio de agua en la capital provincial y ayer entró un nuevo pedido de ajuste al Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) por variación de costos.

Puntualmente, la pretensión de incremento en las tarifas, presentada por Aguas Cordobesas, es del 12,53% invocando el aumento de costos que sufriera durante el período enero-julio 2015, el mismo comenzaría a regir a partir del 1 de enero del año próximo, según informó el vocal del Directorio del Ersep, Juan Pablo Quinteros.

“De manera sistemática, el contrato que la Provincia le hizo a medida a Aguas Cordobesas permite que cada seis meses incremente su tarifa. Hace tan sólo dos semanas dábamos cuenta del aumento retroactivo que comenzaba a regir a partir del mes de julio pasado del 11,84%. Hoy de lo que hablamos es de un nuevo incremento que impactara de lleno en los cada vez más flacos bolsillos de los usuarios”, cuestionó el funcionario.

La solicitud de la empresa del Grupo Roggio se fundamenta en el transcurso de seis meses de la última revisión tarifaria y a un importante incremento de costos por variación de precios, superior al 8%, según lo establecido en el Contrato de Concesión.

Cabe recordar que en enero de 2014 la compañía logró una suba del 13,61%; en agosto de ese año, un alza del 11,77% y en diciembre, una variación del 19%, que comenzó a regir en enero pasado.

“De hacer lugar a la pretensión de la empresa tal como está solicitado, una vez otorgado este aumento, el agua desde 2005 hasta la fecha llevará un incremento acumulado del 991,68%”, explicó.

El pedido será tratado por Ersep, luego se convocará a una audiencia pública y el Ejecutivo dispondrá el aumento por decreto.

Revisión

Quinteros, crítico del contrato de concesión, añadió “esta será mi ultima intervención como Director Vocal de este Ente en el tratamiento de aumento tarifario. Desde diciembre, y ya como legislador provincial, asumo el firme compromiso de revisar este contrato (que es Ley) y, de contar con el acompañamiento necesario del resto de los legisladores, poner fin a la voracidad de los privados y entender que servicios públicos esenciales, como el suministro de agua potable, deben mejorar la calidad de vida de los vecinos y no la de las empresas”.