Aguas, con el agua al cuello

En la semana que pasó, el Gobierno provincial, preocupado por la deficiente prestación del servicio que ofrece Aguas de La Rioja SA, volvió a avanzar con determinación sobre la empresa y, a partir de los resultados que va arrojando la auditoría que se realiza a la concesionaria, se resolvió intervenir el servicio de aguas y cloacas durante un plazo de 90 días.
La medida adoptada por el gobernador Beder Herrera y dada a conocer a través de un decreto comenzó a regir a partir del miércoles pasado, oportunidad en la que el mandatario mostró su preocupación al afirmar que peligra el servicio de agua para los riojanos, y dio a conocer el nombre de quien será el interventor de la empresa: Juan Luna Corzo.

El mandatario provincial no dejó pasar lo ocasión para recordar que desde hace un tiempo el Gobierno viene con un "tira y afloje" con las empresas privatizadas, situación que ya escribió diferentes capítulos y que ahora puso en el centro de la escena a la prestataria del servicio de agua que, al decir de la auditoría que está llevando adelante el Gobierno, atraviesa una preocupante situación financiera que le impediría llevar adelante las inversiones necesarias para que el servicio sea el adecuado.

El informe gubernamental señala, entre otras cosas que se han observado manejos pocos eficientes, un alto endeudamiento y que la empresa tiene valores, cheques librados en forma escalonada que alcanzan a julio del año próximo, en tanto que las empresas contratistas de la propia Aguas de La Rioja están prácticamente paralizadas y también a su vez están teniendo diferentes problemas. El panorama en este sentido es desolador.

De igual manera, fue el propio mandatario provincial el que se lamentó de que el Gobierno tenga que poner plata en las empresas privadas, aunque al mismo tiempo informó que se dará comienzo a un plan de obras para garantizar que los riojanos tengan agua, sobre todo en el verano que se aproxima y teniendo como antecedente una importante sequía que podría hacer presagiar lo peor.

Pero más allá de estas cuestiones que el Gobierno seguramente irá puliendo con el correr de los días, se desprende de la auditoría que Aguas de La Rioja está, precisamente, con el agua al cuello y que la situación requiere de una solución inmediata, dado que la prestación del servicio (deficiente por donde se lo mire) agoniza.

Es justamente en este sentido que el decreto de intervención, fundado en los resultados de la auditoría técnica y administrativa-financiera que lleva adelante el Estado, establece que dentro del plazo de 90 días que dura la medida se convocará a Audiencia Pública para la revisión del contrato de concesión y para analizar la situación en general de la empresa.

De lo actuado por el Gobierno hasta el momento, surge que el servicio concesionado "estaría en riesgo de no ser brindado adecuadamente" en la próxima temporada estival, lo que se constituyó en el principal argumento para decidir la intervención y, de esta manera, garantizar la prestación de este servicio esencial.

No obstante, desde el Estado se aclaró rápidamente que no es objetivo reestatizar el servicio y que, en tal caso y tal como lo indicó Beder Herrera sería como una sociedad anónima porque no se puede volver a los "fracasos" anteriores, haciendo una clara referencia también a la ineficiencia con la que suelen trabajar los empleados públicos -"que no van a trabajar"-, o lo que cuesta cobrar el servicio cuando se trata de una empresa estatal, ya que "nadie paga".

Así mismo, y en relación a la audiencia pública que debería darse dentro del plazo que dure la intervención, se especificó que no estará en análisis el tratamiento de la cuestión tarifaria, porque si bien la empresa viene realizando un reclamo desde hace tiempo en ese sentido, se debe destacar que los resultados arrojados por la auditoría señalan que ese pedido no está relacionado con un tema de costos, sino con cuestiones de ineficiencia en la prestación del servicio.

Y aún cuando el Gobernador se mostró partidario de una reactualización tarifaria del servicio de agua y cloacas, aclaró que primero la empresa tiene que cumplir con una prestación adecuada.

De aquí en más, darán comienzo las tareas que los equipos técnicos que conocen en la materia diseñaron, a partir de un plan de acción que busca generar un importante impacto en la prestación del servicio, para solucionar problemas de mantenimiento y de falta de inversiones, evitando de esta manera la capitalización de la empresa y que se destinen los fondos a otros fines que no son los prioritarios.

Lo que sí debe ser absolutamente prioritario, en tal caso, es garantizar que los riojanos contarán en la temporada estival que se avecina con un servicio acorde a las necesidades y por el que pagan religiosamente.

Frentes

Claro que la problemática del servicio de agua no es el único problema al que debe hacer frente el Gobierno de Beder Herrera. Los sucesivos reclamos por aumentos salariales parecen estar a la orden del día, sobre todo luego de la confirmación por parte del ministro de Economía de la Nación, Amado Boudou, de que La Rioja contará con 450 millones de pesos más en el presupuesto 2010, correspondientes a fondos extracoparticipables (473 millones de pesos, según ratificó la diputada nacional Griselda Herrera).

Y en este sentido, los estatales agrupados en gremios disidentes realizaron una movilización que, como principal novedad (dado que la protesta en sí misma no salió del común de las tibias protestas de los estatales) contó con la presencia del líder piquetero Raúl Castells.

No obstante, y satisfechos con el resultado de la movilización, los gremios disidentes ratificaron otro paro y marcha a Plaza 25 de Mayo para el miércoles próximo, en la que aseguran "irán por más" y plantearán nuevamente el reclamo de un aumento salarial para que el sueldo mínimo de bolsillo llegue a 2.000 pesos.

De la marcha, anticiparon, participarán la CGT no oficial de Fernando Salcedo, el SITRAPP de Carlos Laciar y los municipales de la Capital, entre otros. De igual manera, y en el marco de otro reclamo sindical, la obra social Apos quedó paralizada, con todo lo que esto implica (la protesta frena todos los servicios de la entidad y sólo permite la atención de urgencias como pacientes oncológicos o derivaciones).

Ocurre que los 200 trabajadores de la entidad estatal concretan desde el pasado viernes un paro total por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento salarial. La medida la adoptó el Sindicato de Empleados que encabeza Fernando Salcedo, quien ratificó la protesta, incluyendo concentraciones de los empleados en las puertas de la institución.

Básicamente, el Seipos pide un aumento sobre el plus de productividad, para que se incremente de 100 a 600 pesos y sobre el plus por mayor horario, en el que piden un aumento de 70 a 80 pesos en promedio. En tanto que desde la Secretaría de trabajo se declaró ilegal la medida, lo que faculta a la Apos al descuento de las horas y días no trabajados.

Ambas protestas, contrastan de plano con el anuncio que realizó la Asociación de Trabajadores Provinciales (ATP) en relación al aumento que otorgaría el Gobierno a los empleados estatales y que se concretaría a fin de año, según trascendió de la reunión que mantuvo el titular del gremio Carlos Euliarte y Beder Herrera, lo que posteriormente fue confirmado también por fuentes cercanas al primer mandatario.

De todos modos, y si bien el mandatario admitió la necesidad de otorgar un aumento, adelantó que esa mejora salarial se aplicaría a partir de 2010 y sólo para aquellos estatales que tienen sueldos más bajos, es decir, entre los 1.000 y los 1.500 pesos.

Más gestiones

Pero más allá de los reclamos salariales que se multiplican, el gobernador Beder Herrera continúa con su largo peregrinar por Buenos Aires y esta vez logró -en otra ratificación de la buena relación que el mandatario provincial mantiene con el poder central- destrabar recursos para apurar la concreción de importantes obras públicas (hídricas, viales y de viviendas).

En esta oportunidad, el Gobernador, junto al ministro Javier Tineo, se reunió con el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López; con el presidente del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), Edgardo Bertolozzi; y con el administrador de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

Como resultado de las gestiones, el ministro de Infraestructura, Javier Tineo anunció que el próximo jueves se realizará la firma del convenio correspondiente entre la provincia y la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación para poner en marcha las obras de los diques El Totoral y La Calera, ubicados en el departamento Rosario Vera Peñaloza.

Además, se lograron destrabar los fondos de certificaciones de obra correspondientes a obras de pavimentación, agua, cloacas y viviendas.

En este último punto, Tineo -que acompañó al Gobernador junto al administrador de Vialidad provincial, Miguel Bertolino- reflejó que "es inminente", el desembolso de fondos de la ANSeS para comenzar las obras de construcción de 628 viviendas, de las 4 mil comprometidas por Nación ante el gobernador Beder Herrera y que serán destinadas a la clase media.

De lo que no hubo mayores novedades -y continua siendo una profunda preocupación- es de la prórroga del régimen de promoción industrial, aunque sí trascendió que el Gobernador sigue adelante con las negociaciones y, en esta oportunidad,

se reunió con el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini.

Beder Herrera avanzó en diversos cuestiones que tiene como eje la promoción industrial para las empresas radicadas en La Rioja y que se busca sea extensivo a otras que podrían radicarse en el futuro.

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