Agua (no) potable: de eso no se habla

Pese a la confirmación por parte del gobierno municipal de que el agua que se distribuye a través de la red pública es no potable, casi nadie se hizo cargo del tema. Los medios le dieron una trascendencia mínima (algunos ni siquiera lo trataron) y para los concejales directamente la problemática no existió.
No obstante ello, el Ejecutivo incurrió en una serie de irregularidades y faltas a la legislación vigente, sobre todo por no haber informado a la comunidad en tiempo y forma sobre el problema.

En mayo de este año, luego de que La información pusiera en discusión la calidad del agua en base a diferentes estudios privados, el gobierno reaccionó de dos maneras: por un lado, desmintiendo la información y asegurando que no existían inconvenientes, y -por el otro- motorizando una ordenanza en el Concejo Deliberante estableciendo las condiciones para la realización de análisis periódicos.

Pero ni el propio gobierno municipal cumplió con la ordenanza que promovió, y que fue sancionada finalmente el pasado 15 de mayo, con el número 2.553/09.

La mencionada ordenanza, establece que deben efectuarse controles mensuales "fisicoquímicos y bacteriológicos en el tanque general y en los pozos que bombean a la red, al momento del muestreo, tomando dos puntos en los extremos, en casa de los vecinos con conformidad de los mismos, con confección de actas en todos los casos, con firma de responsables del muestreo y lacrado de las muestras".

Pero además, taxativamente la ordenanza establece que "los resultados de dichos análisis deberán ser informados de manera inmediata por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de Gacetillas de Prensa y, si existiera algún problema se deberá exponer las medidas correctivas a adoptar y las recomendaciones a la población".

Además, en forma trimestral se deberá hacer llegar un informe del estado de situación y las tareas realizadas al Honorable Concejo Deliberante.

El municipio no hizo nada de esto: ocultó los análisis durante más de 40 días para que no se conociera la mala noticia antes de las elecciones, durante las cuales la calidad del agua fue un caballito de batalla del oficialismo.

Durante 40 días, nada dijo el área de Medio Ambiente sobre los inconvenientes que podría ocasionar el consumo del agua de red, sobre todo en lactantes y en personas de edad. Y ni siquiera al día de hoy, el área de Prensa ha expuesto –como establece la ordenanza- cuáles son "las medidas correctivas a adoptar y las recomendaciones a la población".

A pesar de todo esto, la problemática no existe, ni para la oposición ni para los medios, que adoptaron una actitud muy diferente a la que tuvieron cuando Rivarola ocultó análisis durante una semana. Los compromisos, se ve, no son los mismos.

Pero idéntica reflexión le cabe al Concejo Deliberante, que en dicha ocasión discutió sobre la posibilidad de no cobrar el suministro de agua si la misma no era potable, y pidió que se informe en la tasa sobre la no potabilidad de la misma. Cuando el problema es de Arrieta, en cambio, de esto no se habla.

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