La Defensoría de la provincia de Buenos Aires presentó ante la Justicia un reclamo para que se suspenda la audiencia pública prevista para determinar el aumento del agua, que se celebrará este viernes.

“Esperamos que la Justicia falle antes de la audiencia y esté a la altura de las circunstancias, ya que necesitamos que atienda nuestro reclamo a favor de los bonaerenses que vienen sufriendo desde hace tiempo subas en todos los servicios”, reclamó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

La acción de amparo del organismo recayó en el juzgado de Garantías 2 de La Plata, a cargo de Jorge Moya Panisello, y apunta a que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos deje sin efecto la convocatoria prevista para el 2 de febrero en el Colegio de Abogados de La Plata.

“Consideramos que la Provincia prevé un aumento ilegal, ya que no informó en detalle sobre la suba, no realizó un análisis técnico y económico previo respecto de los argumentos que sustentan el pedido del aumento, y que el Ocaba, organismo de control que convocó la audiencia y que tenía representación de los usuarios entre su directorio, fue disuelto y reemplazado por la Autoridad del Agua (ADA), que en su estructura no tiene este tipo de participación”, explicó Lorenzino.

En esa línea, el Defensor del Pueblo consideró: “Estamos ante un aumento de la tarifa del orden del 40% que es totalmente irracional y arbitrario, y que podría ser mayor si tenemos en cuenta el revalúo inmobiliario”. “Además, no se condice con el deficiente servicio que presta Absa en distintos puntos de la Provincia, donde se observan desde falta de obras hasta la presencia de arsénico o nitratos en el agua”, apuntó.

La audiencia pública en la que se debatirá el aumento de la tarifa del agua para los usuarios de Buenos Aires se realizará el 2 de febrero a partir de las 10 en el Salón Auditorio del Colegio de Abogados ubicada en la Avenida 13 al 821 de La Plata. Será presidida por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Roberto Gigante, y participarán la Defensoría del Pueblo y organismos de Defensa al Consumidor.