Agua contaminada y abandono estatal en Pueblo Chico

Agua contaminada y abandono estatal en Pueblo Chico

“Tenemos que ir a la justicia para acceder a una necesidad básica como el agua en la capital de la provincia”, sostuvo Lidia Geroldi, una vecina residente del barrio Pueblo Chico de Posadas, quien adelantó que tomarán acciones judiciales contra Samsa (Servicio de Agua de Misiones SA), el Eprac (Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas) y el Estado Misionero, por no garantizar el servicio de agua potable en la zona. 

Actualmente, las 40 familias que viven en este barrio aledaño al conocido Itaembé Guazú, carecen de agua potable y deben asearse con agua de pozo que está contaminada. Según Geroldi, los vecinos participaron de las reuniones de la mesa de diálogo con el Eprac y las autoridades les habían ofrecido que paguen por los caños para conectarlos a la red de agua potable. Pero les impusieron una modalidad de pago inalcanzable para muchos: deben contar con tarjeta de crédito y pautar un pago de no más de 12 cuotas mensuales. El costo de los caños ascendería a los 15 mil pesos por familia. Luego de relatar distintas situaciones de abandono que padecen en el lugar –los vecinos tuvieron que pagar por el alumbrado público y por la poda y limpieza del lugar, durante dos años-, Geroldi subrayó que el problema más acuciante que padecen es la falta de agua potable. “Acá la mayoría tiene pozos de agua. Al poblarse tanto, a los nuevos residentes, los pozos no les dieron agua. Y los que ya tenían pozos, tienen el agua contaminada. Al no tener cloacas, (se contaminaron las napas) con los pozos negros”, detalló la mujer. “Hay vecinos a los que se les secaron los pozos y no tienen agua. Algunos desde el 25 de diciembre”, relató. Sin embargo, pese a la crítica situación, no obtuvieron respuestas satisfactorias de las autoridades. Incluso, desde el Eprac habrían mentido a los vecinos, al decirles que debían hacerse cargo de la instalación de la red de agua potable. “El Eprac vino al barrio, hizo un trabajo y llegamos a un acuerdo para hacernos cargo (de los caños). Con total desconocimiento y guiándonos por el Eprac. Pero las condiciones que nos pusieron, fueron desesperantes”, denunció Geroldi. Según la vecina, el Eprac, en defensa de los intereses de Samsa, les impuso a cada familia que paguen los caños a un costo de 15 mil pesos. Los pagos debían realizarse con tarjeta de crédito en un plazo de pago no superior a las 12 cuotas. Esta imposición, según Geroldi, no fue aceptada porque muchas de las familias no cuentan con tarjetas o no tienen un saldo disponible de estos valores. - 

“Nos indigna que el Eprac nos estuvo mintiendo todo este tiempo” No obstante, el conflicto se agudizó cuando los vecinos accedieron a los pliegos de concesión del servicio de aguas a Samsa, que estipulan que la empresa y el Estado misionero debe hacerse cargo de las obras de infraestructura. “Hace una semana pudimos acceder a los contratos. Ahí se estipula claramente, que Samsa tiene la obligación de hacer la obra y proveernos de agua. Una parte de la recaudación de Samsa van al Eprac y al IMAS (Instituto Misionero de Agua y Saneamiento)”, fustigó Geroldi. “Nos indigna que el Eprac nos estuvo mintiendo todo este tiempo. Tenemos que ir a la justicia para acceder a una necesidad básica como el agua en la capital de la provincia”, sentenció la vecina. - Vía MisionesCuatro.com

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