Agroquímicos y salud, una cuestión de Estado que se metió entre las urgencias

La siembra masiva de soja transgénica no sólo en el campo, sino también en zonas muy cercanas a los cascos urbanos, trajo aparejado un fuerte debate sobre la aplicación de agroquímicos cuyas consecuencias aún son imprevisibles. Al fallo judicial que ordenó en San Jorge la suspensión inmediata de las fumigaciones en cercanías de la ciudad se sumaron quejas y acciones en distintas localidades santafesinas, donde las protestas apuntan a la aspersión de agrotóxicos en zonas urbanas y campos linderos.

 El tema se volvió recurrente en muchos pueblos donde creen que el uso de estas sustancias está asociado a problemas de la salud, pero tomó un vuelo inesperado cuando se apuntó directamente a un principio activo utilizado en el cultivo de la soja transgénica: el glifosato.

   Un debate que recién empieza y que ya puso en alerta a los fabricantes y comercializadores del producto, a los productores que temen que se prohíba su uso y a distintas entidades ambientalistas. La discusión está planteada y todavía no hay una respuesta. Los intereses en juego son demasiado fuertes y el Estado queda en evidencia por la ausencia de intervención en todos sus niveles.

   Los estudios y los debates sobre el uso de agroquímicos y sus efectos sobre la salud no son nuevos y, de hecho, obligaron históricamente a la industria a cambiar muchos principios activos por otros de menor toxicidad. Pero en los últimos años, el problema se agudizó con la expansión de la siembra de soja, y el tema llegó a la Justicia.

Cerca de las poblaciones. En Santa Fe fue en San Jorge, donde un grupo de vecinos y el Centro de Protección a la Naturaleza presentaron un recurso para que se suspendiera la aspersión de agroquímicos en cercanías de la ciudad. El juez Tristán Martínez hizo lugar al pedido ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana hasta tanto el Concejo y el municipio delimitaran la línea agronómica.

   A partir de este episodio, del que La Capital dio cuenta en su edición del 17 de marzo, las voces de protesta se multiplicaron. Pero sin dudas el revuelo mayor se armó cuando se conocieron los resultados preliminares de un estudio elaborado por el Laboratorio de Embriología Molecular del Conicet en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, donde se expresa el efecto negativo (malformaciones y alteraciones) del glifosato en embriones de xenopus laevis, tanto por inmersión como por microinyección.

   El glifosato es uno de los tres elementos clave de la producción sojera del país, junto con la siembra directa y la soja RR (Resistente al Roundup) o transgénica. En la Argentina se comercializan hasta 180 millones de litros, lo que mueve un mercado de 600 millones de dólares. La multinacional Monsanto es la que lo patentó y la que comercializa un 40% del producto, aunque existen 200 marcas con el principio activo y un importante número de empresas (Atanor entre ellas) que lo venden.

   En una nota exclusiva con La Capital, el biólogo Andrés Carrasco, investigador con 30 años de trayectoria y responsable de la investigación encarada desde el Conicet, afirmó que el herbicida produce cáncer y malformaciones neuronales, cardíacas e intestinales (ver entrevista).

   Frente a esto, la Asociación de Abogados Ambientalistas, una agrupación de profesionales con sede en Buenos Aires que trabaja desde el ámbito judicial en distintas acciones ecologistas, presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se suspenda la comercialización, venta y aplicación del glifosato y del endosulfán (este último un insecticida organoclorado de comprobado riesgo para la salud humana).

Situación enrarecida. No obstante, la situación comenzó a enrarecerse cuando tanto las cámaras que nuclean a los productores de glifosato como el Senasa solicitaron al Conicet este estudio y no les fue proporcionado. Inclusive, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) se presentó al Conicet con un escribano público para pedir el estudio de Carrasco, y corroboró que tal investigación no estaba asentada en el organismo.

   Carrasco redobló la apuesta y deslizó que el Conicet podría tener intereses creados por recibir dinero de la empresa Monsanto —tal como ocurrió con la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario, a la cual la multinacional le facilitó un subsidio de 300 mil dólares para instalar un laboratorio, entre otras donaciones—. El profesional acercó a este diario un resumen ejecutivo del trabajo, que "estará disponible cuando haya sido aceptado para su publicación".

Contraofensiva. Pero las productoras y comercializadoras no se quedaron quietas. En un comunicado conjunto, Casafe y Ciafa (industria de fertilizantes y agroquímicos) afirmaron que el herbicida "no presenta efectos nocivos sobre la salud humana ni tiene efectos inaceptables para el ambiente, cuando es empleado correctamente para los fines previstos en su etiqueta".

   Ambas cámaras remitieron a la resolución 350/99 del Senasa, que afirma que el glifosato "en su uso normal está dentro del grupo de activos de improbable riesgo agudo". En cinco ocasiones, a lo largo de una semana La Capital consultó al Senasa sobre qué calificación de toxicidad tenía en la actualidad el glifosato y mediante qué pruebas se establecen en el organismo los niveles de toxicidad de los agroherbicidas. Hubo promesas de entrevistas y de ruedas de prensa, y finalmente silencio.

   No obstante, y en declaraciones a medios de Capital Federal, Diego Ciancaglini, coordinador de Agroquímicos y Biológicos del organismo, también hizo alusión a la misma resolución, aunque aclaró que la aplicación de este herbicida debe ser realizada con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo y respetando las indicaciones del marbete, no sólo en cuanto al modo de aplicación sino también al equipamiento adecuado de quien tiene que manipular el producto. Pero luego advirtió que "controlar 17 millones de

En Santa Fe. En territorio santafesino, el tema de los agroquímicos en general viene causando revuelo, generó la preocupación de las autoridades y motivó ya más de una reunión en distintos ámbitos. Una de ellas tuvo lugar hace diez días en San Jorge, donde vecinos de esa ciudad y de unas 20 localidades de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, el Cepronat, productores, funcionarios, ambientalistas, estudiantes y docentes se dieron cita para escuchar la disertación del biólogo Raúl Montenegro y participar de un debate sobre el tema.

Allí se habló del mal uso y del abuso de estos productos en cercanías de zonas urbanizadas y la posibilidad de minimizar riesgos. Uno de los elementos que surgió fue el de la necesidad de establecer líneas agronómicas, es decir, franjas de protección para que no se esparzan agroquímicos en cercanías de zonas urbanizadas, y se dejó en claro que "la Justicia es una herramienta válida y concreta para frenar las fumigaciones irresponsables".

Otro encuentro importante tuvo lugar a mediado de este mes en El Arazá, localidad ubicada a 30 kilómetros de la cabecera del departamento General Obligado, y en Reconquista. En esa oportunidad, el profesor Oscar Umberto Scremin, miembro activo de la sociedad Americana de la Neurociencia y profesor emérito e investigador en la Escuela de Medicina de la Ucla, en California, también se refirió a las consecuencias de los agrotóxicos, y empezó con una broma: "Una vez me dijeron, «si piensa que el producto agroquímico no es tóxico, entonces tómese una copita nomás»".

Scremin ofreció una larga explicación sobre las consecuencias de los organoclorados y los organofosforados, también se refirió al "alarmante crecimiento" en la venta de glifosato asociada a la de estos productos. Y hacia allí apuntó su preocupación. "Es cierto que los herbicidas de alto riesgo como el paraquat se han reemplazado en ciertos cultivos, como la soja transgénica, por glifosato, un herbicida de bajo riesgo aunque de ninguna manera "atóxico" como se lo desea presentar en ciertos medios. Sin embargo, en los cultivos de soja no sólo se utilizan herbicidas, sino también insecticidas de toxicidad elevada, organoclorados e inhibidores de la acetilcolinesterasa", afirmó.

Otras opiniones.Otras versiones de profesionales de larga trayectoria abren un alerta. Como la de Rodolfo Paramo, quien fue médico del hospital José María Cullen de Santa Fe y como pediatra en Malabrigo comenzó a notar problemas respiratorios a partir del acopio de cereales en zonas urbanas, y un aumento alarmante de nacimientos de chicos con malformaciones. En ese momento se sospechó del glifosato, aunque también el médico aclaró que este principio activo nunca se aplica puro. Cuando se erradicaron del pueblo los acopios y se estableció la línea agronómica, se redujeron notablemente las enfermedades y anomalías.

Límites geográficos.Más allá de la discusión científica, que parece tener media biblioteca de cada lado y que trasciende las posibilidades de este informe, parece razonable el clamor por que se establezcan límites geográficos para la aplicación de este y otros productos. El problema está en que la soja no sólo invade el campo, sino que se mete en los montes y comienza a formar cada vez más parte del paisaje suburbano y hasta urbano.

Soja a la vera de las rutas, soja calle de por medio en una línea de edificación, soja en los campos de las instituciones, soja a metros de las escuelas rurales, soja donde había montes y soja en las islas. Por eso, las resoluciones judiciales como la adoptada en San Jorge y otras localidades cordobesas parecen aportar un principio de solución, mientras se discute científicamente hasta dónde llegan los efectos del glifosato.

hectáreas (en las que se siembra la soja) es imposible, los controles los deben efectuar las provincias con sus leyes".

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