El STJ agravó la pena a un homicida, el recurso fue planteado por el querellante particular

En la mañana del lunes 10 de agosto, se tomó conocimiento de la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Formosa, mediante el cual se hizo lugar al recurso de casación planteado por el querellante particular, en este caso, el padre de la víctima, representado por el abogado Juan Eduardo Davis.
El hecho que motivó la sentencia ocurrió el 10 de mayo de 2006, cuando un grupo de personas interceptó a Juan Alberto Amisano, en momento en que se desplazaba por la avenida Pellegrini de Pirané y munidos de varios ladrillos comenzaron a atacar a la víctima, hasta que ésta cayó al suelo, propinando más golpes y puntapiés, oportunidad en que uno de ellos, se abalanzó sobre el mismo con una pesada piedra con la que impactó en la cabeza del infortunado joven, produciendo un traumatismo encefálico con fractura de cráneo que determinó el fallecimiento del mismo.

En un principio, la Cámara Primera en lo Criminal, condeno al acusado la pena de 5 años y 6 meses de prisión, encuadrando el hecho como homicidio en riña, que tiene una pena menor al homicidio simple y que se caracteriza por el enfrentamiento mutuo entre varias personas. La misma sentencia declaró la responsabilidad penal de un menor de edad que también había participado en la golpiza, como co-autor del mismo delito de homicidio en riña. Sabido es que el régimen penal de la minoridad, prevé que en el juicio solamente se declara la responsabilidad penal de los menores, y recién cuando cumplen 18 años se les aplica una pena, si el juez lo considera necesario.

Disconforme con la sentencia, el querellante particular planteó recurso de casación, al considerar que el hecho debía calificarse como homicidio simple.

En la audiencia ante el STJ, el Procurador General, Claudio Aguirre, se adhirió a la opinión de la querella.

La sentencia

La sentencia del máximo tribunal formoseño, tiene por probada la agresión del principal acusado contra Amisano, y especialmente la aplicación del golpe mortal contra la víctima, cuando ya estaba en el suelo e inconciente por las agresiones ya recibidas, calificando al hecho como homicidio simple y elevando la pena a diez años de prision. Particular relevancia le asigna el voto del juez Carlos Gerardo González, al cual sus colegas se adhirieron, al informe médico que determina como causa eficiente de la muerte, el golpe en la cabeza con el trozo de mampostería aplicado por el acusado, actividad que éste realizó solo y luego de cesar la agresión conjunta de los demás implicados. "El remate final, el medio empleado, la violencia aplicada y la zona del cuerpo elegida para asestar el golpe, conduce a la inequívoca conclusión de que su intención era causar la muerte de la víctima". Con respecto al menor, y al considerarse que había participado en la golpiza previa – dato que estaba efectivamente probado – fue declarado penalmente responsable por el delito de Homicidio preterintencional, figura que comprende la conducta de aquel que busca lesionar sin intención homicida.

El caso sienta un importante precedente porque se permite modificar la calificación legal de un delito y agravar la pena que corresponda en cada caso, a partir de la intervención del querellante particular, munido ahora de la herramienta procesal que le permite a la víctima – o a sus ascendientes o descendientes – participar activamente en el proceso, luego de la incorporación de la figura del querellante en el proceso penal provincial.

El juez Eduardo Manuel Hang realiza una interesante distinción, al advertir que el Fiscal de Cámara no recurrió la condena por un delito menor, como si lo hizo el querellante, por lo que la sentencia no podría haberse modificado en perjuicio del acusado, ante la aceptación del Ministerio Fiscal de la sentencia de la Cámara Primera. Sólo ahora, con la atribución que se confiere a los querellantes de recurrir en casación, se puede arribar a este tipo de pronunciamientos.

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