El hecho que habría desatado el cónclave habría sido la advertencia de la comuna, diciendo que no podrían cumplir con el sistema de protección dado que la provincia no giraba los fondos para el pago de facilitadores y operadoras.

Sumado a la situación de precarización de profesionales que componen el equipo interdisciplinario.

En este punto vale mencionar que a mediados de la semana que pasó, este diario entrevistó a un grupo de psicólogos que denunciaron no cobrar hace meses, pero además que su vinculación al sistema de protección es en negro, es decir, ni siquiera como monotributistas.

A esto también se adicionó que la semana pasada, un grupo de chicas del nuevo hogar que administra el municipio acudieron para manifestar que no habría mobiliario en la nueva casa y que estaban faltas de vestimenta. Un punto clave para todo niño o niña de hogar que no merece ser estigmatizado.

Empero, la situación más delicada viene de arrastre, signada por el real alcance del estado municipal en la protección de los grupos de riesgo. Vale recordar entonces que este año el secretario de Desarrollo Comunitario, Adriel Ramos, sin injerencia directa en Niñez, había sido convocado de urgencia por Lerena y el defensor Oficial (que también participó de esta reunión) Jorge Godoy, luego de que dos adolescentes se agredieran con arma blanca en el Hogar de Niños de calle Congreso.

En este caso, el equipo de Niñez -incluso su directora a cargo, Marianela Garrido- tuvo que acompañar el viernes por la tarde al intendente Roberto Giubetich, quien tuvo que dar las explicaciones del caso, bajo apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública.

 

De la reunión volvió a ser parte la ministra de Desarrollo, Paola Vessevessian y su equipo, quienes habrían dejado en claro que, en tanto no se transparenten el destino de las transferencias realizadas no se apartarían del financiamiento que estipula la Ley de Niñez.

Esta Ley, la N° 3096, establece un financiamiento de $1,3 millones mensuales. Pero hete aquí la explicación del Gobierno provincial.

El Ministro mostró ante los jueces que, pese al reclamo del municipio, entre los meses de enero a junio se giraron a Niñez la suma de $10,5 millones para el pago de personal, pero también se mencionaron otros $12 millones de forma indirecta.

Esto no es incluso el fondo del asunto, sino que también se denunció que sólo en el mes pasado se pasó de 80 facilitadores y operadores a un total de 140. Es decir, se sumaron 60 personas, en su mayoría sin ningún tipo de experiencia en la materia.

Entre las planillas que la comuna giró a provincia figuraban “personas para cobrar 26 horas diarias de trabajo”.

Semanas atrás TiempoSur había publicado un informe elevado por Garrido al Concejo Deliberante luego que edil del FPV, Martín Medvedowski, reclamara explicaciones por los pedidos de donación de útiles escolares e indumentaria para los chicos y chicas de los hogares.

En esa ocasión la responsable del área dijo que la provincia no giraba fondos, sino para el pago de personal. El asunto es que hubo demoras en los mismos debido a que el MDS ordenó un cruzamiento de datos para conocer fehacientemente a los operadores y facilitadores.

Así las cosas, oficialmente, entre diciembre y mayo la provincia había transferido más de 6 millones de pesos, suma que habría aumentado, según dicen, considerablemente en función de los ingresos “encubiertos” al sistema.

Asimismo, ante las faltas que vienen reclamando jueces de Familia y Defensores, hay quienes entienden que la justicia penal debería analizar si acaso hay incumplimiento de deberes de funcionario público.

El avance de la justicia se da en el marco del incidente “Supervisión de Hogares Convivenciales” en el marco del cumplimiento de la ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.