Se agrava la crisis por vacantes en la Justicia

Debido a que cuatro de sus seis integrantes se jubilaron con el 82 por ciento móvil, la Cámara en lo Civil y Comercial Común de la Capital fue declarada en emergencia por la Corte Suprema.
Mientras se dilata la sanción de una Ley de Subrogancias, que permita la cobertura de los cargos vacantes dejados por una veintena de magistrados que se jubilaron en los últimos meses, seducidos por el beneficio del 82 por ciento móvil, la administración de justicia en la provincia está al borde del colapso.

Debido a que cuatro de sus seis integrantes optaron por acogerse al nuevo régimen previsional, la Cámara en lo Civil y Comercial Común de la Capital fue declarada ayer en emergencia por la Corte Suprema de Justicia.

Mediante la acordada número 912, que lleva la firma de los cinco integrantes del Tribunal (René Goane, Antonio Gandur, Claudia Sbdar, Antonio Estofán y Alberto Brito), se dispuso que la emergencia entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre próximo, cuando el titular de la Sala III de la Cámara, Santiago Gallo Cainzo, pasará a la pasividad. Esa vacante se sumará a las ya producidas con el retiro de los vocales María Eugenia Frias de Sassi Colombres (Sala I) ; y Martha González de Ponssa y Ricardo Jorge Robinson (Sala II°).

En los considerandos de la acordada, la Corte advirtió que "la desintegración de las tres salas que componen la Cámara gravitará significativamente en la labor de los restantes vocales, Augusto Fernando Avila (Sala I°) y Carlos Miguel Ibáñez (Sala III°)". En tal sentido, el documento explica que ambos camaristas "verán incrementadas sus propias tareas, con las que les corresponden por la integración de las salas desintegradas, circunstancia que subsistirá hasta que en una fecha futura -aún incierta- sean cubiertas las vacantes producidas y a producirse".

Por lo expuesto, los jueces supremos señalaron que "se torna necesario adoptar medidas excepcionales" para "ordenar el régimen de integración del Tribunal que conocerá en las causas pendientes de fallo de las tres salas y en las nuevas que ingresen en lo sucesivo" y "fijar pautas cuantitativas en la producción de sentencias de fondo e interlocutorias".

En ese sentido, la acordada establece que “hasta tanto se cubran las vacantes” producidas en la Cámara, Avila e Ibáñez “integrarán permanentemente las tres salas, atendiendo las causas pendientes de resolución y las que ingresen en el futuro, con excepción de aquellas en las cuales los mencionados vocales se hayan inhibido o deban inhibirse”.

También se resolvió fijar un "cupo mensual de producción de sentencias", por lo que cada vocal deberá dictar “8 sentencias definitivas y 21 sentencias interlocutorias” cada 30 días.

Finalmente, la acordada establece que las nuevas causas que ingresen a la Cámara serán asignadas en igual número para cada uno de los dos vocales.

Mansilla criticó a los abogados

El legislador Sergio Mansilla, quien ayer estuvo al frente del Poder Ejecutivo, despachó una dura crítica al Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), al que sugirió “dedicarse a obtener beneficios para sus afiliados y no encargarse del nombramiento de los jueces”. Con esas palabras, Mansilla se refirió a la pretensión de la institución que representa a los letrados tucumanos de participar en la selección de jueces subrogantes, una vez que se establezca un mecanismo para la cobertura de vacantes en la Justicia. Por otro lado, consideró “extemporánea” la audiencia de conciliación realizada el miércoles entre el PE y el CAT, a instancias de la Corte, señalando que debió convocarse “antes de que fallen los jueces” contra la reforma.

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